Por Virginia Porcella - Ni en sus peores pesadillas el presidente Alberto Fernández se imaginó, cuando refería a su experiencia en la gestión de Néstor Kirchner, que a poco de andar su mandato debería recurrir al manual de medidas de crisis que estaba vigente cuando le tocó asumir a su antecesor, Eduardo Duhalde, en medio de uno de los períodos económicos más complejos de la economía argentina. Pero la realidad de la pandemia del coronavirus se impuso y, a las medidas inéditas de aislamiento obligatorio y sus consecuencias, se suman día a día decisiones económicas para paliar el impacto en distintos sectores. Muchas de esas decisiones remiten a medidas que quedaron en el repertorio de aquellos años.

La suspensión de desalojos, el congelamiento del valor de los alquileres, la prohibición de cortes por falta de pago de los servicios públicos, la falta de ajuste de las cuotas de los créditos hipotecarios, son los instrumentos elegidos en estos días que más se asemejan a las iniciativas aplicadas por entonces que, a diferencia de hoy dadas las circunstancias, fueron sancionadas por ley y prorrogadas durante un tiempo.

Todas esas medidas, sin embargo, son aplicadas ahora con bisturí: en la letra chica, se recortan los alcances y beneficiarios, además de la limitación en el tiempo. La prohibición de corte de suministro de servicios, por caso, no es generalizada sino dirigida a sectores vulnerables. Lo mismo ocurre con la imposibilidad de ajustar alquileres, que incluye la aclaración del diferimiento de ese incremento una vez superado el peor momento de la emergencia. Claro está, la experiencia de hace dieciocho años atrás así lo indica, que estos paliativos podrían extenderse, ya con la intervención del Congreso.

En cualquier caso, nuevos efectos que generan la cuarentena, como el derrumbe de ingresos para el sector público en todos sus niveles , y otros que se arrastran de los últimos meses, como la renegociación de la deuda, retrotraen la película a 2002. En el primer caso, porque vuelve a sobrevolar el fantasma de las cuasimonedas emitidas por gobiernos provinciales sin recursos para pagar sueldos. En el segundo, porque lo que ya estaba planteado como una batalla casi perdida con los acreedores privados de la deuda, al menos en la primera ronda, ahora pasó a segundo plano y lo que se posterga, o incluso anula, es la batalla en sí misma.

Los planes originales del ministro de Economía, Martín Guzmán, hasta el 10 de marzo último, día que marcó el inicio del derrumbe histórico de los mercados propiciado por la abrupta caída del precio del petróleo, apuntaban que los a acreedores tendrían en los últimos días del mes una primera oferta sobre la mesa para reestructurar su tenencia de bonos argentinos. Se trataba de una primera propuesta extremadamente hostil que, se descontaba, alargaría los tiempos de la negociación arriesgando un default.

Esos plazos, y presumiblemente las condiciones de esa oferta, se modificaron y la intención oficial apunta ahora a presentar una propuesta por la deuda hacia fin de abril. Un gesto al mercado más que verdadera convicción en lograr un acuerdo a tiempo. En lo inmediato, Guzmán anticipó el viernes pasado a los acreedores que se dejarán de gastar reservas para pagar vencimientos de deuda.

El golpe del coronavirus es tan profundo para la economía argentina -se prevé que sólo los días de parate por la cuarentena profundizarían en más de 1 punto del PBI la recesión, acercando la caída a 3% anual- pero tan amplio a nivel global que resulta incierto, también para los funcionarios, el rumbo que podrían llegar a tomar las negociaciones en los próximos meses, en un nuevo e inesperado contexto de los mercados internacionales.

Por lo pronto, en mayo vence la obligación de pagar unos USD 1.900 millones al Club de París, pago por el que Guzmán ya venía reclamando una quita a los intereses de 9% anual, pactado en 2014 por el ex ministro Axel Kicillof, hoy al frente de la mayor de las emergencias como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La resolución de ese pago, o la aceptación de los países que integran ese club, de digerirlo, marcará seguramente un tono posible para abordarlo la cuestión de la deuda, también con el Fondo Monetario.

Paradójicamente es en este frente, el de la relación con el FMI, en el que el gobierno de Alberto Fernández más se diferencia de la dura negociación que llevaron adelante Kirchner y, antes, el ex presidente Eduardo Duhalde. Lejos de las posturas inflexibles de la cúpula del organismo en esos tiempos, existe hoy una coincidencia de diagnóstico y una fluidez de diálogo mucho mayor. Presumiblemente también existe en Kristalina Georgieva, la directora del FMI, y en el equipo que lleva el caso argentino, conciencia del delicado equilibrio social en el que la pandemia dejará a la economía argentina. Pero, igual que con los acreedores privados, esa pelea todavía no empezó.