Entre ese programa y el freno por decreto a los despidos y las suspensiones por 60 días, resuelto anoche a última hora, el Ejecutivo espera prevenir una sangría en el mercado laboral. La distribución de los beneficios estará a cargo de un comité especialmente organizado para evaluar caso por caso y que integrarán funcionarios del Gabinete económico.

En el equipo de Alberto Fernández admiten que deberán afrontar un aluvión inédito en la historia argentina de pedidos para ser incorporados al denominado plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por parte de compañías pyme y también grandes imposibilitadas de afrontar el pago completo de los salarios como consecuencia de la cuarentena obligatoria resuelta por el Ejecutivo como mecanismo de contención de la pandemia del coronavirus. El programa contempla para firmas de menos de 25 empleados el pago a cargo del Estado de una asignación de hasta un salario mínimo, vital y móvil (SMVyM, hoy en 16.875 pesos) por cada uno, y otros mecanismos como un Repro reforzado para empresas de mayor magnitud y reducción drástica de las contribuciones patronales.

Para abordar la previsible demanda extraordinaria de ayuda ayer se reunieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la vicejefa, Cecilia Todesca, con los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y del Banco Central, Miguel Pesce. Esas áreas y la Anses formarán un comité, coordinado por la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo analizar los pedidos de asistencia mediante un sistema de evaluación y aprobación acelerado, denominado “fast track”.

Según los instrumentos contemplados en el DNU será la división de tareas: la Anses encabezará los trámites para el pago de la denominada “asignación complementaria al salario” de hasta un SMVyM por cada empleado, y con valores decrecientes según el volumen del empleador; del 75% por trabajador para las de entre 26 y 60 asalariados, y del 50% para las de entre 61 y 100. En tanto que el manejo de los Repro reforzados, de entre 6 mil y 10 mil pesos por cada trabajador para empresas con más de 100 empleados, seguirá en cabeza del Ministerio de Trabajo.

La AFIP, por su parte, conducirá los trámites relacionados con la reducción de hasta 95% de las contribuciones patronales de abril así como la reprogramación de los vencimientos de ese tributo. En el diseño del comité está previsto que el pronto despacho de expedientes priorizará los casos de empresas con menos de 25 empleados por sobre las compañías de mayor magnitud.

Los alcances del programa eran hasta ayer difusos. Aunque el presupuesto calculado de arranque oscilaba los 35 mil millones de pesos, en el Ejecutivo había dudas acerca de cuántas empresas y trabajadores podrían ser alcanzados por los beneficios. Por lo pronto, los funcionarios a cargo de la ejecución de los planes recordaron ayer que las restricciones a la circulación alcanzan al 90% de la población y que de unos 6 millones de trabajadores que se desempeñan en el sector formal de la economía, unos 5 millones permanecen en sus casas mientras cumplen la cuarentena u poco más de un millón está alcanzado por las excepciones previstas en el decreto de aislamiento social por desempeñar tareas esenciales.

Otra de las medidas, el aumento del seguro por desempleo del rango actual, que va de $1.875 a 3.000 pesos, a un mínimo de 6 mil y un máximo de 10 mil pesos, continuará como hasta ahora a cargo de la Anses con la cobertura de unas 120 mil personas.

Entre hoy y mañana el Gobierno prevé tener lista la reglamentación del DNU 332 con el sistema de evaluación de expedientes y tramitación de subsidios. Esa expectativa puede chocar contra un obstáculo de coyuntura: el colapso de las redes. Sobre este punto, en la tarde del martes el Gabinete tenía resuelto publicar en simultáneo ese decreto y el que frenó despidos y suspensiones hasta fin de mayo pero la segunda norma debió esperar hasta la tarde de ayer por la caída del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) con el que opera la administración pública desde las casas de cada funcionario.