Por Daniel Sticco
-El ministro de Economía dispuso este fin de semana, y formalizó el lunes a través del decreto 346, postergar el pago de
intereses y capital de un conjunto de títulos de la deuda pública bajo
legislación argentina que vencen en lo que resta del año, mientras se
propone avanzar con los acreedores de títulos emitidos al amparo de normas
internacionales, para una reestructuración ordenada.
Sin embargo, la
división de aguas parece tan lineal como sugiere la diferenciación de bonos por
jurisdicción en caso de litigio por incumplimiento de pago, ya que hay
fondos extranjeros que tienen títulos bajo ley local, sobre todo el Bonar 24.
Una fuente de los acreedores dijo a Infobae: “Fidelity y Pimco tienen
un stock importante de esta deuda. Además, ya hubo alguna interpretación
de abogados de fondos de inversión extranjeros que consideraban que, si se
incumplía con el pago de estos títulos, podían reclamar un default cruzado por
su tenencia en bonos bajo ley extranjera”.
Claramente la
profundización de la recesión y la consecuente pérdida de recursos fiscales, al disminuir la base de tributación de las
empresas y también de los trabajadores, en forma directa e
indirecta, a caer sus consumos, llevó a acudir al “ahorro” de recursos que
presupuestarios, incluidos los vinculados con el servicio de la deuda del
sector público nacional.
El reperfilamiento de parte de los servicios de la deuda pública fue una de
las herencias que recibió Martín Guzmán de su antecesor, Hernán Lacunza,
cuando el escenario para la economía cambió sustancialmente tras el resultado
de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el 11
de agosto de 2019, y que desde el primer día se 2020 se manifestó en el
desempeño de las finanzas públicas.
Sin duda que el
costo de esa estrategia no es menor, porque se intensificó el aislamiento de la
Argentina del mercado de deuda internacional, con excepción de los organismos
de crédito multilateral como el BID, Banco Mundial, e incluso el Fondo
Monetario Internacional, y el índice de riesgo país escaló desde casi 900
puntos básicos a más de 3.600 ahora, tras tocar picos superior a 4.000
unidades.
Según los últimos
datos de ejecución del Presupuesto 2020, sobre la base de la extensión del
año anterior, al 3 de abril, la Administración Central tenía comprometida
una partida de $578.012 millones para el pago de servicios de la deuda pública,
pero sólo había ejecutado $126.353 millones y efectivamente pagados $121.938
millones. De ahí surge un ahorro transitorio de $456.074 millones.
Desde el ángulo que
se lo mire el ahorro logrado con el reperfilamiento de pagos significa un
monto singular: representa el 39% del gasto devengado en los primeros tres
meses del año y poco más del 42% de los recursos efectivamente ingresados a
la Administración Central.
Además, supera con creces la asistencia directa prevista por el Gobierno nacional
para el conjunto del Sistema de la Seguridad Social, Ministerio de Promoción y
Asistencia Social, Salud y mipymes, para paliar los efectos de
pérdida de ingresos de los sectores de ingresos más vulnerables, como los
jubilados y pensionados que perciben haberes próximos a la mínima y los
inscriptos en las categorías A y B del Monotributo, y al conjunto de
trabajadores informales sin otro recurso monetario, a través del Ingreso
Familiar de Emergencia; y a mipymes con créditos a tasas “blandas” de 24%
anual.
Otras fuentes de ahorro
Y así como en los
considerandos del Decreto 346 se hace referencia a que la pandemia del coronavirus
“ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa’” y que su dinámica
e impacto "sobre la salud pública sumado a la situación económica y social
imperante hace imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las
leyes”, también se advierte subejecución del gasto presupuestario en
diversas áreas, como diferencia entre el monto comprometido para el trimestre y
lo efectivamente devengado:
• - $42.960
millones en Seguridad interior;
• - $28.680
millones en Salud,
• - $23.870
millones en Defensa;
• -$14.440
millones en Ciencia y Técnica;
• -14.171
millones en Educación y Cultura;
• - $9.528
millones en Relaciones Exteriores;
• -$9.079
millones en Poder Judicial;
• -$7.305
millones en Sistema Penal;
• -$2.325
millones en subsidios al sector energético, en su conjunto, aunque se
eleva a casi $32.000 millones si se observa que pese a haber transcurrido
poco más de un cuarto del año apenas llevaba ejecutado al viernes 3 de abril el
13,1% de la partida asignada para todo el ejercicio.
Por el
contrario, del uso de partidas del Presupuesto 2020 provisorio surge
también una sobrejecución por parte del Sistema de Seguridad Social en casi
$70.000 millones, vinculada con la emergencia sanitaria; en la Administración Gubernamental en Relaciones Interiores por casi $21.000
millones, por refuerzo de giros no automáticos a provincias; Promoción y
Asistencia Social en algo más de $7.400 millones; y en servicios sociales de
Agua Potable y Alcantarillado $1.100 millones, principalmente.
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