Por Francisco Jueguen - Por ahora, pese al reclamo empresario, de monostributistas de categorías superiores y de trabajadores autónomos en medio de la cuarentena, no está entre las prioridades del Gobierno ni en las de Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP, postergar impuestos que no estén vinculados directamente a los ingresos y el trabajo, o sea, a la seguridad social.

"No se descartan herramientas", afirmaron, no obstante, a LA NACION rápidos de reflejos en el organismo recaudador, teniendo en cuenta lo que podría pasar mañana en el encuentro entre el Gobierno, empresarios, y la CGT.

Pese a que en la AFIP consideran que el Gobierno está inyectando liquidez a la economía poniendo primero el foco en los más necesitados para asegurar los pagos de salarios, advierten que la situación es dinámica y hay opciones en la mesa de análisis, lo que asegura que las cosas pueden cambiar de un momento a otro.

"Los impuestos vinculados al ciclo a la actividad, IVA o Ganancias, van a caer", anticiparon cerca de Marcó del Pont, donde ya prevén una menor recaudación a la de marzo, que tuvo una caída real de 10% y una baja de casi el 20% en el gravamen vinculado al consumo (el más importante en la torta tributaria). La semana pasada, Cristian Girard, director de ARBA, afirmó que la recaudación de abril en territorio bonaerense podría desplomarse hasta un 40% este mes. Significaría una retracción de ingresos de hasta unos $17.000 millones.

Hasta ahora, la AFIP implementó una prórroga de una moratoria impositiva y previsional hasta el 30 de junio, y otra de la fecha para efectuar la repatriación del 5% del total de los bienes en el exterior prevista para el período fiscal 2019. Esta última será el 30 de este mes.

Por otro lado, creó el Fogar, un fondo de afectación específico para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La idea, con el Ministerio de Desarrollo Social, fue la de garantizar líneas de crédito para capital de trabajo a tasas de 24% para las pequeñas empresas.

Además, según tamaño de la empresa, se reconocerá una compensación económica, por trabajador afectado , de hasta el 100% de un salario mínimo vital y móvil (menos de 25 trabajadores), hasta el 75% de ese salario (entre 26 y 50 trabajadores) y hasta el 50% de ese indicador (entre 51 y 100 trabajadores). Para estos casos, si el empleador suspende la prestación laboral el monto de la asignación se reducirá en un 25% y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa, según se difundió oficialmente.

Para firmas con más de 100 trabajadores, se establecerá un Repro por trabajador que irá de los $6000 a los $10.000 por cada uno de ellos. Los mismos importes serán utilizados para la compensación por desempleo. Los empleadores que no superen los 60 trabajadores tendrán el beneficio de postergación de los vencimientos o una reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales en abril. La AFIP, en tanto, estará encargada de disponer vencimientos especiales y facilidades para los pagos de marzo y abril.

Además, junto al Banco Central (BCRA), la administración prorrogó 30 días la presentación de cheques comunes o de pago diferido, se admitió una segunda presentación para aquellos rechazados por falta de fondos y se estableció que los bancos no podrán aplicar comisiones a sus clientes por rechazo de cheques. En sintonía, se extendió hasta el 12 de abril de 2020 la suspensión de las actuaciones sumariales cambiarias y financieras.

Los empresarios que visitaron el viernes pasado a Alberto Fernández, nucleados en la CAC y en la UIA, volvieron a pedir créditos blandos (pero a tasa 0% no al 24%) y automáticos para pagar salarios; la postergación de impuestos en marzo y abril (y cuotas para deudores), exenciones de contribuciones patronales y la suspensión de todo régimen de recaudación anticipada. No hubo respuestas en esos encuentros. La discusión continuaría mañana.

En la AFIP afirman que las empresas ya se venían financiando con el organismo recaudador desde antes de la cuarentena obligatoria que afectó a la economía. En rigor, la actividad arrastraba dos años de estanflación. Allí volvieron a señalar la necesidad de que el aporte para sostener la actividad privada provenga del sistema financiero. "Nosotros queremos sostener la demanda agregada. Con las medidas tomadas por el Gobierno se pueden sostener a las empresas trabajando", afirmaron cerca de Marcó del Pont.