Por Natalia Donato - A menos de una semana de haber publicado la oferta de reestructuración de deuda bajo ley extranjera en la Securities & Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, que fue inicialmente rechazada por los tres grupos de acreedores, el Ministerio de Economía inició hoy la ronda de contactos tendientes a acercar posiciones con los bonistas y poder cerrar el mejor canje posible el 8 de mayo.

Fuentes de la cartera de Hacienda afirmaron a Infobae que las videoconferencias se desarrollan con los representantes de los grandes fondos de inversión, agrupados en comités, para ir viendo si aceptan la oferta argentina durante las próximas dos semanas. Los acreedores ya adelantaron que no aceptarán el planteo inicial, pero se descuenta que la oferta sufrirá modificaciones (enmiendas).

Incluso, el propio Gobierno lo habilitó en el documento presentado en la comisión de valores norteamericana. También habilitó a que la reestructuración sea parcial y que haya bonos que queden afuera del canje por no lograr las mayorías requeridas en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC).

Los tres grupos de acreedores –el Comité de Acreedores de la Argentina; el Grupo de Titulares de Bonos del Canje; y el conformado por BlackRock, Templeton y Fidelity– remarcaron hace una semana que el Gobierno no está negociando de buena fe y que eso depende del intercambio de información económica y financiera que ellos consideran sustancial. Además, indicaron que la propuesta "debe estar anclada en políticas concretas y factibles”, según un comunicado del primer grupo.

Uno de los principales puntos de rechazo de la propuesta es el período de gracia de tres años sin pagar absolutamente nada. Los principales acreedores creen que, de esa forma, las autoridades no tienen incentivos para ahorrar y pagar efectivamente en 2023. Además, podría incluso haber otro gobierno en ese momento. También consideran que el cupón promedio de 2,33% de la oferta es demasiado bajo.

Frente a esta oferta, propusieron lo siguiente: en primer lugar, que lo que el país se ahorra por intereses no pagados hasta 2023 sea abonado al principio, lo que mejoraría la oferta en 2 dólares; que los intereses comiencen a pagarse el año próximo, con una tasa anual de 0,5% anual hasta 2022 y luego mantener el esquema de “step up” propuesto por las autoridades; y que los bonos más largos no tengan quita de capital y que el recorte sea de 5% para los títulos que vencen en 2030.

Las reuniones virtuales –que en Economía llaman zoom show en lugar de road show, en alusión a la plataforma de video tan usual en épocas de cuarentena– tienen lugar en un salón de videoconferencias que se ubica dentro del área privada del ministro Martín Guzmán, en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

Pero habrá otras que mantendrá directamente el equipo de funcionarios de la Unidad de Reestructuración de la la Deuda desde las oficinas de la Secretaría de Finanzas, en el décimo piso. En algunos encuentros participa Guzmán, pero en otros no, indicaron fuentes oficiales. Las reuniones se desarrollan con los representantes de los bonistas, con los bancos asesores (Bank of America y HSBC) y los abogados de la Argentina, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

El Gobierno se fijó el 8 de mayo como plazo para el cierre de la oferta, pero así como el documento presentado ante la SEC habilitó posibles enmiendas a la propuesta y un canje parcial, también dejó en claro que podría extenderse este plazo algunos días más, si es que el Gobierno considera que tiene posibilidades de llegar a un arreglo.

Tiene tiempo hasta el 22 de mayo para no caer en default, ya que el 22 de abril vencieron cupones por USD 503 millones y las autoridades se tomaron los 30 días de gracia, con el objetivo de seguir negociando.

Por ahora, las expectativas en el mercado no son alentadoras. Y en Economía ya anticipan que quienes queden afuera del canje podrían, eventualmente, sumarse en un futuro canje, aunque con las limitaciones que impone la cláusula RUFO (prevé que si existiera un nuevo llamado con una mejor oferta en el futuro, las ventajas deberán extenderse a quienes ingresen a la reestructuración actual).