Por Mariano Martín  - La CGT y la Unión Industrial (UIA) acordaron, con aval del Gobierno, un mecanismo de suspensiones para trabajadores de empresas en crisis por la cuarentena que dispondrá un piso salarial equivalente al 75% del neto a cambio de una garantía de estabilidad que regirá al menos hasta fin de mayo. El entendimiento, que adelantó ayer en exclusiva Ámbito Financiero, se extenderá en lo inmediato al sector de comercio y será el piso de negociaciones para los eventuales licenciamientos derivados de la persistencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El esquema fue ideado por las cúpulas de las principales entidades fabril y sindical para prevenir un quebranto masivo de compañías frente a la obligación de pago de los sueldos de abril. Según los decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández desde el arranque de la cuarentena, hasta ahora la única alternativa era pagarlos al 100% a no ser que existiera un convenio específico de cada gremio con su respectiva cámara empresaria. El acuerdo marco firmado ayer, denominado “norma concertada”, será revalidado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, partícipes de la negociación.

El nuevo marco normativo reemplazará otras tratativas puntuales que habían arrancado días atrás en sectores golpeados por el parate económico como el metalúrgico, el automotriz y el mercantil. Es decir que si una actividad demuestra ante el Ejecutivo una afectación en su desarrollo podrá acceder de manera inmediata al sistema de licenciamientos con pagos de sueldos reducidos en 25%, y sólo en caso de pretender un recorte mayor deberá negociar mano a mano con su respectivo gremio.

La base del trámite será el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la posibilidad de acuerdos de partes para disponer pagos no remunerativos y salarios reducidos durante un período de suspensión. Sobre el valor del sueldo deberán practicarse todos los aportes y contribuciones a la obra social y gremio correspondientes, y la condición de no remunerativo del pago alcanzará la porción destinada a jubilación y ART.

Según el texto no podrán ser incluidos en la modalidad de licenciamientos los trabajadores exentos de concurrir a sus puestos por razones de edad o salud (población de riesgo) ni los que hubiesen sido puestos a desarrollar tareas desde sus hogares o sitios de confinamiento. Tampoco será de aplicación en los rubros con acuerdos preexistentes por suspensiones o los que optaren por llegar a entendimientos futuros en otros términos. Ayer, por caso, la Asociación Obrera Textil pactó con la FITA el pago de una suma fija para todos los trabajadores de empresas sin actividad de 17 mil pesos como mínimo y $20 mil como máximo. Por la CGT firmaron el documento los cotitulares Héctor Daer y Carlos Acuña, el secretario adjunto, el estatal Andrés Rodríguez, y el metalúrgico Antonio Caló (UOM), en tanto que por la UIA lo hicieron el presidente, Miguel Acevedo, y el vice Daniel Funes de Rioja. En el sindicato de Comercio, el de mayor número de trabajadores involucrados en el país (cerca de 1,2 millón) explicaron que el sector suscribirá en los mismos términos una vez que el texto tenga condición de normativa con la firma de Kulfas y Moroni.

El instrumento regirá para el pago de salarios de abril y mayo. Fue pensado como complemento de la ayuda estatal que estableció por el DNU 376 la ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Ese plan fijó que Anses liquidará en cada cuenta sueldo hasta la mitad del pago neto que regía en febrero pasado a favor de los trabajadores en empresas afectadas por la cuarentena. Los negociadores aclararon, sin embargo, que de no haber una asignación estatal las empresas que pudiesen probar un estado de crisis deberán abonar como mínimo el 75% de los sueldos. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma puso como ejemplo un salario promedio de la industria manufacturera que en febrero pasado alcanzó los $65 mil, y que de bolsillo representaría unos 54 mil pesos netos. En ese escenario, la asignación de la Anses podría ser de 27 mil pesos y la obligación del empleador, de otros 13.500 para totalizar un ingreso de 40.500 pesos para un operario de licencia por la cuarentena. El especialista recordó que el piso de la ayuda estatal equivale a un salario mínimo, vital y móvil de 16.875 pesos y el máximo, al doble, es decir 33.750 pesos.