Por Silvia Stang - Se había hablado en los días previos de fijar cupos, de limitar la atención de cada día a determinados grupos. Nada de eso finalmente ocurrió. Para el viernes 3 de abril no solo dispuso que todos los jubilados y pensionados podrían ir a cobrar sus haberes a las sucursales bancarias, que habían estado cerradas en las siete jornadas hábiles anteriores. Además, la Anses, a cargo de Alejandro Vanoli, definió que ese mismo día se le pagara el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a un grupo de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esas personas tienen cuenta bancaria y tarjetas para extraer dinero por cajero automático, al igual que muchos jubilados; pero si eso es cierto, también lo es que muchas de ellas están habituadas a ir a las ventanillas de los bancos y a recibir atención de manera presencial. Y una gran cantidad de beneficiarios no tenía plásticos, o los tenía pero dados de baja por falta de uso, una información que podía obtenerse en las entidades bancarias que pagan haberes.

El resultado de esa decisión quedó registrado en imágenes que fueron desconcertantes y angustiantes. En el día 15 del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para evitar contagios de Covid-19, miles de personas se volcaron ese viernes a las calles para buscar lo que necesitaban: dinero en efectivo. Solo el Banco Nación, el principal intermediador para el pago de prestaciones jubilatorias y sociales, atendió ese día a 650.000 personas en todo el país.

Vanoli quedó entonces en la mira, aunque continuó en su cargo de director ejecutivo de la Anses, al igual que el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, con quien había evaluado la decisión. Su principal tarea, desde entonces, fue poner a disposición de las casi 8 millones de personas que fueron aceptadas como beneficiarias, el ingreso de emergencia de $10.000, que había sido anunciado el 23 de marzo. El subsidio comenzó a ser pagado aquel 3 de abril pero, paradójica e insólitamente dada la situación de emergencia y de urgencia, terminará de ser abonado, según se supo esta semana, el 1° de julio, es decir, tres meses después de que accedieran al dinero las primeras familias.

El número de personas que pidió la ayuda superó ampliamente las previsiones oficiales (en el anuncio se había hablado de 3,6 millones de posibles beneficiarios) y, según el organismo, el cronograma de pagos tiene que ver con la capacidad de procesar las operaciones que tienen algunas de las entidades que intermedian. En la gestión por el pago del IFE también ocurrió que, durante los trámites de solicitudes de ayuda, muchos vieron rechazado su pedido aun cuando estaban seguros de cumplir las condiciones. Sobre este punto, el argumento de defensa de la Anses fue que existe una desactualización de datos que lleva años y que no solo es un problema de ese organismo, sino también de otras dependencias del Estado que tomaron parte en la verificación de datos de los solicitantes.

En Casa de Gobierno, uno de los motivos que dejaron trascender para explicar la salida del ahora exfuncionario, es que se requiere una gestión "más dinámica y más cercana a las necesidades de la gente".

Más allá de las cuestiones ya descriptas, la Anses hoy mantiene las puertas de sus oficinas cerradas, a la vez que admite una serie de trámites vía telefónica o a través de su página web. A quien necesita iniciar el trámite para jubilarse, por ejemplo, se le da un turno para atención presencial para más adelante y, por más que se le diga una cierta fecha, la verdad es que no se sabe cuándo volverán los trámites en persona en los locales del organismo. La falta de atención lleva más de 40 días y, de no disponerse un cambio, seguirá mientras dure el aislamiento. Más allá de que el haber jubilatorio comienza a devengarse desde el momento en que se gestiona el turno, lo cierto es que las personas que podrían estar jubiladas en una fecha determinada tendrán que esperar, en cambio, un período incierto de tiempo para recibir el dinero.

En su gestión al frente del organismo previsional, Vanoli había tenido un momento protagónico en el verano, cuando se tomó la decisión de dar un aumento nominal discrecional a los haberes jubilatorios, en reemplazo del índice resultante de la fórmula de movilidad, cuya aplicación quedó suspendida por ley por todo este semestre (y, muy previsiblemente, por más tiempo aún, dada la coyuntura).

Por la decisión tomada con respecto a los haberes de marzo pasado, más de dos millones de pasivos recibieron una suba inferior a la que habrían percibido en caso de seguir vigente el mecanismo de movilidad establecido por la ley aprobada, en medio de fuertes protestas sociales, en 2017. Ese ajuste hecho este año provocó reclamos judiciales, tal como sabían los funcionarios que ocurriría. Y ahora se está a la espera de la palabra de la Justicia, demorada por estos días a causa de la cuarentena y del carácter parcial del trabajo que se hace tanto en el Poder Judicial como en el propio organismo de la seguridad social, que es la parte acusada.

Muy activo usuario de la red social Twitter, Vanoli llegó a la Anses apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández. Antes, había estado ya en la función pública: el último cargo lo había ocupado durante la gestión de Cristina Kirchner. Fue, entonces, presidente del Banco Central. En enero de 2016, a poco de haberse ido del despacho de la calle Reconquista, tuiteó la imagen de un billete de $500 con el rostro de un joven Juan Domingo Perón. Y explicó: "La alternativa que habíamos dejado preparada para el nuevo Gobierno".