Por Jorge Herrera - A cuatro días del cierre del canje de la deuda el semblante de los principales jugadores del “póquer del mentiroso” no deja percibir ningún desenlace concreto. Sin embargo, entre los especialistas internacionales, en este tipo de negociaciones, dada la brecha existente entre las aspiraciones oficiales y los deseos de los acreedores, cada hora gana más adeptos cierto consenso en que la alternativa de un “standstill”, o pacto de no agresión, será la válvula de escape para evitar el default.

Tanto los bufetes legales de Manhattan, Londres y Chicago, las conference calls entre acreedores hasta el “relojeo” de cartas entre consultores y expertos académicos han cesado el armado de árboles de decisión acerca de los posibles niveles de aceptación que puede lograr la propuesta argentina. Los números, más o menos, ya están, salvo alguna sorpresa del calibre de un cisne negro de última hora. Las distintas variantes diseñadas por los asesores legales y económicos de los bonistas muestran que para el Gobierno lograr el nivel de aceptación necesario para seguir adelante con la estrategia expuesta será por demás complicado.

Es más, hoy habrá novedades de parte de los tres principales grupos de bonistas que concentran cerca del 50% de las tenencias. Y no serán buenas para el Gobierno. Se habla de un rechazo público y mancomunado de la oferta de parte de estos inversores institucionales. Por lo que la adhesión de por sí se descuenta será muy baja. Por lo tanto, si la participación en el canje es baja, el Gobierno tendrá la pelota en sus manos. De modo que tiene 24 a 48 horas antes del cierre como para reaccionar. O bien, esperar y aprovechar el período hasta el próximo 22, cuando vencen los 30 días, luego de no haber pagado el vencimiento de los u$s500 millones de los Globales.

No deja de ser relevante que los bonistas y sus asesores concuerdan en que hay espacio para mejorar la oferta sin que ello signifique una derrota oficial. Ellos consideran factible aumentar unos dólares (los cálculos van desde 5 a 8 dólares) sin que ello implique modificar sustancialmente el espíritu y flujos de caja en los próximos años. Pero en ese caso la pregunta es, cuánta flexibilidad tiene el Gobierno a la hora de negociar. Es decir, los límites económicos reales podrían ser respetados con las alternativas de mejora que barajan los acreedores, pero los limitantes políticos, son los que generan dudas. En realidad, a lo que apuntan los bonistas es al nivel de independencia del presidente Alberto Fernández respecto de la coalición política que lo llevó al poder. ¿Tiene el Gobierno genuina voluntad de resolver este problema? ¿Cambiará el Gobierno la estrategia negociadora? Son algunas de los interrogantes más escuchados en los últimos conference calls entre bonistas. La visión externa es que existe la percepción de que por ejemplo para el llamado kirchnerismo los riesgos de un default son menores. Por tal motivo, y dado cómo está la mesa del juego, es que se ve como la opción más factible, ante el fracaso de la operación, que el Gobierno en vez de un default proponga una votación de “standstill” por un período de 9 meses a un año utilizando algún mecanismo de ingeniería financiera (pago de intereses o colaterales, etc.), lo que significa en buen romance “parar la pelota y patearla para adelante”. El Gobierno pediría espacio y condiciones, y mientras tanto obtiene espacio fiscal para atender la pandemia, y sigue negociando. O sea, una negociación más razonable, a los ojos de los bonistas, lo cual hoy no parece estar en la agenda oficial.

Cabe señalar que la opción “standstill” ya fue puesta en la mesa de negociación, antes de lanzar la oferta. Pero según testigos de esos encuentros los representantes argentinos la rechazaron porque dijeron que quería terminar con este tema lo antes posible. Entonces, hay que entender que los acreedores, que explícitamente reconocieron, en las pocas conversaciones que tuvieron previo a la oferta, que era una locura negociar en el actual contexto y condiciones y que no tenía sentido para ninguna de las partes, lo mejor era un “standstill” por algunos meses hasta que disminuyera la incertidumbre. Ahora bien, para algunos expertos locales esta opción ya pasó, se perdió.

Sin embargo, para los extranjeros sigue firme y ponen el ejemplo de Ecuador que en unos pocos días logró organizarlo. Claro que la actitud del Gobierno argentino debería encuadrase hacia esa alternativa. Y hoy no parece ser el caso, según los dichos del ministro de Economía, Martín Guzmán y del secretario de Finanzas, Diego Bastourre. Quienes están cerca de los acreedores creen que Argentina no aceptó esta opción porque no terminan de entender que su capacidad de negociación es muy baja. La lectura de la situación ha sido errónea, según ellos. Por eso apuestan a que, estando entre la espada y la pared, la dirigencia política entenderá que se está muy cerca de un duro fracaso y lo mejor sería hacer una pausa y barajar de nuevo.

La opción “standstill” siempre es mejor tenerla conversada, así piensan los expertos, pero cuando las balas resuenan cerca todo vale. En estas horas, los acreedores ven que si se descarta esta alternativa, los únicos caminos posibles para el Gobierno serán declarar el default y comenzar un proceso muy litigioso o bien, pagar los vencimientos y mantener la deuda al día por unos meses, esperando una mejora en las condiciones de mercado. En este contexto, cabe recordar que, incluso en el 2005 cuando Argentina consiguió el 75% de adhesión, nunca se le reabrió el acceso a los mercados de capitales. Solo operaciones con títulos Boden, como hubo con Venezuela, o los pagos que se hicieron por YPF. De modo que no es un tema menor, la resolución ni como se resuelva este problemón.