Por Liliana Franco - Un mejor clima se nota en la Casa Rosada en cuanto a la renegociación de la deuda externa. Fuentes oficiales comentaron a Ámbito que “un acuerdo con los bonistas no está tan distante como parece”. En medios de los acreedores el sentimiento está en sintonía: tras los duros cruces de las últimas semanas con el ministro de Economía, Martín Guzmán, comentan que “se están generando canales de negociación para llegar a buen puerto, aunque todavía queda mucho por resolver y el final sigue abierto”.

Es que hasta hace unas horas atrás los bonistas manifestaban sus “severas” dificultades para entenderse con el ministro de Economía. También veían cerrado otros canales de comunicación ya que como el propio presidente Alberto Fernández había manifestado: “El único negociador de la deuda es el ministro Guzmán”.

Según señala un experimentado negociador de la deuda externa argentina: la oferta se realizó mediante un decreto, cuando por ley el ministro estaba autorizado a hacerla por su cuenta, de donde “quedó clara la voluntad del presidente Fernández, él se puso al frente de la oferta y que será él quien tenga la última palabra”.

Estas versiones están en sintonía con los comunicados dados a conocer por los tenedores de deuda y el gobierno. Los acreedores rechazaron la oferta argentina pero dejaron abierta la puerta para seguir negociando. Y la administración del presidente Alberto Fernández manifestó “decepción” por el rechazo, pero dejó en claro que busca un común denominador con los bonistas.

Ayer el Palacio de Hacienda publicó algunos reportes que mostraron la intimidad del proceso de negociación de la deuda. Entre estos documento reveló la propuesta presentada por Black Rock – el mayor fondo de inversiones del mundo – en la que se aspiraba a que los bonos valieran entre u$s70 y u$s90 (usando una tasa de descuento del 10%). Se trata de precios que duplican la oferta del gobierno.

“El problema es que el punto de inicio es demasiado distante”, señala el informe Cohen Daily Review. En tal sentido, considera que la "zona de arreglo" se sitúa en valores de bonos próximos a u$s50. Esto implica que hay u$s15 al menos que deben ceder los acreedores y que debe mejorar el gobierno.

Pese a este comentario, y en tren de suspicacias, algunos analistas interpretaron la curiosa difusión de esta propuesta como tal vez, un camino por parte del gobierno para justificar un eventual arreglo que implique una desmejora de la oferta inicial de la Argentina pero que signifique al mismo tiempo, un sacrificio en las aspiraciones de los bonistas.

La expectativa es que el próximo viernes, fecha límite fijada por el gobierno, las autoridades intentarán cerrar lo que puedan pero seguirán negociando. Desde este punto de vista, ha trascendido que el gobierno decidirá que su oferta continúe abierta hasta fines de mayo, por lo que no sería retirada de la Security and Exchange Commission (la comisión de valores de los Estados Unidos) manteniendo así las conversaciones con los acreedores.

Retoques

Las versiones dan cuenta también de que el gobierno está trabajando en distintos “retoques” a la oferta inicial, tal como adelantó Ámbito. Entre ellos, se baraja la posibilidad de acortar de tres a dos años el período de gracia para el pago de intereses, reducir el hair cut (quita de capital), aumentar el cupón y fijar algún incentivo como atar el rendimiento a la variación del producto bruto (un mecanismo semejante a la refinanciación llevada adelante cuando Néstor Kirchner era presidente y Roberto Lavagna su ministro de Economía).

“El presidente siempre se manifestó a favor de negociar con los bonistas, pero no aceptará una oferta que no sea sustentable y que comprometa la recuperación del país”, afirman en la Casa Rosada.

Precisamente en términos de la sustentabilidad, el ministro Guzmán sigue recibiendo un fuerte respaldo de la comunidad académica mundial. Economistas de la talla de Joseph Stiglitz, Edmund Phelps, Carmen Reinhart, Thomas Piketty y Jeffrey Sachs, entre otros, han sumado sus voces a favor de “una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto”.

El problema es que la propuesta inicial del gobierno argentino hasta el momento habría recibido menos de 10% de adhesión, según se señala entre los fondos de inversión. De ahí que consideren necesaria una posición “más flexible” que la mantenida hasta ahora por Guzmán.