Por Martín Kanenguiser - El Gobierno cree que la renegociación de la deuda será un proceso por etapas y que los bonistas deberán aceptar la oferta oficial antes de que empeoren las condiciones del mercado.

Más allá de lo que ocurra hoy, el equipo de negociación oficial entiende que los acreedores privados deben aceptar que, tanto la Argentina en particular como el mundo en general, cambiaron respecto del pasado reciente.

La primera cifra concreta es que, según fuentes oficiales, el 70% de los bonistas locales que tenían sus títulos depositados en La Caja de Valores entraron al canje hasta el miércoles; se trata de una cifra cercana a los USD 5000 millones.

Si esta fuera la premisa, hoy cerrarían el canje, liquidarían los bonos la semana próxima y luego esperarían a ver si reabren la oferta. Pero será el presidente Alberto Fernández el que decida.

De hecho, en el Palacio de Hacienda no se descarta que haya una presentación de algún fondo de inversión sobre el cierre de la jornada para estirar la negociación.

En este sentido, destacan que el país que gobernaba Mauricio Macri, en el que pudieron colocar mucha deuda, ya no existe, ni tampoco aquel del 2005, donde, luego de aquel canje, la Argentina creció a tasas muy altas, en un contexto mundial muy favorable.

Este cambio, argumentan, les presenta a los bonistas un mundo con poca liquidez -aunque las emisiones de varios países de la región a una tasa menor al 5% muestran lo contrario- y, por lo tanto, la oportunidad de tomar ahora una oferta mejor que en los próximos meses.

Esta postura no implica, afirman, no aceptar mejoras. Pero juran que fue BlackRock el único fondo que presentó una contraoferta, que no era aceptable bajo los parámetros oficiales.

Y cuentan que el resto de los fondos no se ponen de acuerdo en qué cambio pedir, que garantice, al mismo tiempo, una alta aceptación y un esquema de repago de la deuda sustentable.

Al respecto, sostienen que, a diferencia del canje del 2005, la discusión actual pasa por la quita de intereses y no de capital, lo cual torna más subjetiva y compleja la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes.

En este sentido, ratifican que el ministro Martín Guzmán espera que haya propuestas superadoras de la oferta actual, si respetan la idea de que el país primero tiene que crecer para luego pagar.

Guzmán, afirman, está lejos de ser el negociador intransigente que las voces del mercado dejan trascender, porque fue él quien defendió dentro del Gobierno que el país siguiera pagando después del 10 de diciembre, cuando una parte del oficialismo proponía defaultear; que sostuvo esa postura aún con la pandemia del coronavirus; y que presentó la oferta formal para hacer el canje.

Todos estos elementos objetivos -que incluyen el pago de unos 4000 millones de dólares desde que asumió el presidente Alberto Fernández- deben llevar a pensar a los acreedores de que, en el futuro no conseguirán nada mejor.

En particular, si calculan que sus bonos actualmente valen 30 dólares, deberían entender que ganarían cerca de 10 dólares al canjearlos. De lo contrario, si se los quedaran, podrían caer a 20 si la recesión mundial se profundiza y se extiende por mucho tiempo. ¿Cómo explicarían esa pérdida en sus compañías?, se preguntan en el Gobierno.

El temor a los holdouts, por ahora, es bajo. Creen que solo representarían un peligro si se quedan con el 10% de los bonos, como después del 2010, cuando aceleraron los juicios para ganar más que el resto.

La relación con el FMI

Tampoco les preocupa, aseguran, los vasos comunicantes entre los bonistas y el FMI o el Tesoro de Estados Unidos.

Al respecto, afirman que, sin el aval del principal accionista del Fondo, no habría salido ninguno de los comunicados de apoyo al Gobierno en general y a la fuerte quita a los bonistas en particular. Ayer, el vocero del organismo Gerry Rice, hizo equilibrio: dijo que el Fondo espera que haya una alta aceptación pero que se mantenga la sustentabilidad de la deuda.

Por sobre todo, subrayan que si la oferta fuera mucho más generosa con los bonistas, sería más difícil repagarle al propio FMI, una realidad que Estados Unidos y los otros accionistas entienden mejor que nadie.