Por Matías Barbería - El viernes se vence el nuevo plazo establecido por el Gobierno para que los bonistas acepten la propuesta de reestructuración de deuda elaborada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ese día se cumple el período de gracia para el pago de intereses de tres bonos globales que vencían el 22 de abril, un desembolso que no fue concretado. Más allá de esa fecha, de mantenerse el incumplimiento, está el default.

En estos pocos días que quedan Guzmán se juega el resultado del principal objetivo de su gestión: un alivio de los vencimientos de deuda que libere parte del presupuesto público destinado al pago de deuda evitando el default pero asegurando un horizonte “sustentable” para los pagos por venir. Ayer por la tarde el ministro informó en Olivos al presidente Alberto Fernández (en una reunión de la que también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Interior, Eduardo De Pedro) de las señales en principio alentadoras que tuvo de los contactos del fin de semana con distintos grupos de bonistas.

La negociación es compleja y, más allá del rechazo inicial. El viernes el gobierno informó que había recibido tres propuestas y el fin de semana se confirmó la “propuesta coordinada” de dos de esos grupos, quedando el tercero, del que participa BlackRock, el mayor administrador de fondos del mundo, como el acreedor más exigente respecto del “valor presente” de la oferta. En el balance, primaron las señales de acercamiento entre el Gobierno y los acreedores, pero aún no garantizan una salida acordada.

El Gobierno confía en que un resultado exitoso resulte en una inyección de confianza que solucione varios de los frentes de inestabilidad que existían al momento de asumir, en diciembre pasado, y que en estos poco más de 5 meses de Gobierno no hicieron más que agravarse y a los que se le sumaro el freno a la actividad económica que supuso la pandemia de coronacirus COVID-19.

En lo que sigue, en base a un informe de D’Alessio Irol y Berenztein, se resume todo lo que hay que saber sobre qué está en juego y cómo puede resolverse esta negociación de la que dependen el acceso a financiamiento del Tesoro, las provincias y las empresas que operan desde el país, además de -se esperanza el Gobierno- también el punto de partida para frenar la inestabilidad cambiaria y macroeconómica.

¿Qué deuda se negocia?

La deuda pública argentina llegaba al cierre de abril a USD 323.193 millones en total, pero no todo ese monto es el que está en juego esta semana. Esa cifra incluye el endeudamiento con organismos internacionales como el FMI, la deuda intrasector público -por ejemplo, la que se coloca periódicamente a la Anses- y también la que se contrajo con acreedores privados, tanto en pesos como en moneda extranjera.

La buena sintonía que muestra, hasta ahora, la titular del FMI Kristalina Georgieva para alcanzar una negociación por el pago del paquete de ayuda que concedió el organismo desde 2018 permite entrever que, aunque no sin dificultades y condicionamientos, esa negociación llegará más tarde y por otro camino. La deuda con el sector público, por otro lado, se sobreentiende que será fácilmente reestructurada. Por último, queda la deuda con acreedores privados. Pero no toda ella entra dentro de la oferta.

La propuesta de Guzmán es para la reestructuración de bonos internacionales, es decir regidos por tribunales en el exterior, y emitidos en moneda extranjera por un total de USD 65.000 millones. Los compromisos en moneda extranjera regidos por la Ley argentina ya sufrieron una postergación de pagos hasta 2021 y, de acuerdo a comunicaciones oficiales, recibirán el mismo trato que obtengan los tenedores de deuda internacional. La deuda en pesos, por otro lado, está siendo administrada a través de canjes y operaciones parciales que buscan “normalizarla”.

¿Qué ofrece el Gobierno?

El 17 de abril Argentina anunció una oferta de reestructuración de deuda que, según los propios dichos de Guzmán, no contaba con el apoyo de los principales acreedores desde el momento mismo de su lanzamiento. Estaba diseñada alrededor de una análisis de sustentabilidad de la deuda respaldado por el FMI e implicaba la suspensión de todos los pagos de capital e interés por por tres años, una quita del 62% en los pagos de intereses y un recorte de 5,4% en el capital de los bonos existentes.

Originalmente, tal como el Gobierno argentino definió en su presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC, el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos), la oferta argentina tenía como fecha de vencimiento el 8 de mayo. Pero ante la falta de consenso entre los acreedores la extendió hasta el 22 de mayo.

La fecha no es casual. El 22 de abril la Argentina tenía que pagar unos USD 503 millones correspondientes a pago de intereses de tres bonos globales que forman parte de la negociación, pero no lo hizo. Las condiciones de emisión de estos títulos dan un plazo de gracia de 30 días hábiles para completar el pago. De no concretarse para esa fecha, se considerará que el Tesoro entró en default.

¿Cómo viene la negociación?

Tres grandes grupos de acreedores, que se reunen en “comités ad-hoc” asesorados por firmas legales para organizar las negociaciones, rechazaron de plano la oferta apenas fue presentada. Eso llevó a caídas importantes de las cotizaciones de los bonos argentinos y al riesgo país a superar cómodamente los 4.000 puntos en las últimas semanas.

La extensión del plazo cambió esta tendencia. La predisposición del Gobierno a seguir negociando hasta el último momento para evitar el default y trascendidos respecto a avances en las conversaciones llevaron al riesgo país a caer hasta la zona de los 2.800 puntos el viernes. La mejoría, sin embargo, todavía no es una seguridad y es posible que las charlas se extiendan más allá del 22 de mayo.

¿Quiénes son los acreedores?

Los tenedores de deuda regida por tribunales extranjeros son múltiples, pero existen fondos de peso con tenencias importantes que se transformaron en los jugadores clave para obtener el nivel de consenso necesario para evitar un default. Entre decenasd de ellos, se cuentan BlackRock, Pacific Investment Management Co. (PIMCO), Ashmore Group, Greylock, Fidelity, Fintech y Gramercy. Muchos de ellos son fondos “real money” que al imitar o tratar de superar los rendimientos de índices de países emergentes tomaron posiciones en deuda argentina desde la vuelta al mercado del país en 2016 y sufrieron el derrumbe de los valores de sus inversiones desde la crisis de balanza de pagos que golpeó al país en 2018.

¿Qué puede pasar?

Como están en juego 21 bonos diferentes, el Gobierno encaró una estrategia que le permitiría alcanzar acuerdos en cada una de esas series de emisiones. Un acuerdo por etapas que, confía Guzmán, permitíría ir normalizando de a etapas la deuda.

Así, por ejemplo, se podría aprovechar que algunas emisiones necesitan niveles relativamente bajos de aceptación para evitar un default o que un grupo minoritario se resista a aceptar los términos del acuerdo y litigue en los tribunales de Nueva York. Las series más difíciles en ese universo son las de los bonos Par y Discount, que surgieron de los canjes de 20005 y 2010 y cuyos tenedores argumentan que les corresponde un trato diferencial ya que no es la primera vez que aceptan quitas en una reestructuración. En su favor tienen cláusulas de acción colectiva que obligan al Gobierno a conseguir el acuerdo de tenedores con al menos el 85% del capital emitido en sus manos para forzar a la totalidad de sus tenedores a aceptar los términos de la propuesta.

Acuerdo, default, hard default o extensión

Más allá de un acuerdo generalizado en el que entre el 100% de la deuda en una única operación, escenario reservado para los optimistas más extremos, existen distintas formas en que el proceso puede seguir más allá del 22 de mayo. Dos de ellos son formas, diferentes, de caer en el impago. Y la última, una nueva extensión de las negociaciones.

El informe de D’Alessio/Irol y Berenztein resumió de la siguiente manera los distintos escenarios posibles, en caso de que no se llegue a un acuerdo a tiempo. “Hard default: la oferta de canje propuesta por el ministro Guzmán es rechazada por la gran mayoría de los acreedores. Ante este escenario, no hay acuerdo posible. En el mediano y largo plazo, Argentina no tendrá acceso a ningún tipo de financiamiento. Es esperable que aumenten las medidas de intervención sobre la economía, esto implicaría un mayor control de cambios”, detalló el reporte.

“Soft default: se logra un acuerdo parcial con un grupo considerable de acreedores que aceptan entrar al canje ofrecido por el gobierno argentino. Ante este escenario, la intervención sobre la economía continuaría, aunque de forma más moderada. La situación dependerá de la amplitud y las características de dicho acuerdo parcial”, agregó.

La última opción es alargar el plazo de negociaciones más allá del vencimiento del 22 de mayo. Esto se puede hacer pagando el vencimiento justo sobre la hora, como ya hizo la Provincia de Buenos Aires a principios de año, o a través de un “standstill agreement” como el que acaba de conseguir Ecuador y que suspende la mayor parte de los pagos del país con el acuerdo de los acreedores para que negociaciones que avanzan por buen rumbo tengan tiempo de concluir.