Por Liliana Franco - “Hay disposición mutua para alcanzar un
acuerdo”, afirmó a Ámbito una alta fuente del Ministerio de
Economía al referirse a la marcha de las negociaciones del país con los acreedores externos. “Las
reuniones vía teleconferencias son permanentes, como así también el contacto
con Olivos”, señalan en referencia al estrecho contacto entre el
presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán.
Así, durante toda la semana continuarán las negociaciones
reservadas entre el Palacio de Hacienda y los acreedores con el propósito de
encarrilar el acuerdo, aunque ya se considera que técnicamente no será posible
cerrar un entendimiento antes de la fecha límite fijada por las autoridades
para el próximo viernes.
“Son varias propuestas a estudiar
y tendrán sus respectivas respuestas” precisan en el ministerio de
Economía, pero aclaran que “en todos los casos deberán ajustarse al
criterio de sustentabilidad de la deuda”.
Precisan que “al abrirse las negociaciones se flexibilizan los
tiempos, estamos pensando en una extensión corta”, sostiene una fuente oficial
al referirse a los tiempos de la negociación y señalan que esta postergación
(respecto del plazo original del 22 de mayo) “no sería grave porque hay
disposición mutua a alcanzar un acuerdo”.
En el Gobierno se insiste con que la decisión del presidente
Alberto Fernández es no caer en default y llegar a un acuerdo siempre que no
comprometa la recuperación del país.
Sin embargo, se considera que operativamente ya no queda tiempo
como para formalizar un acuerdo antes del 22 de mayo cuando vence la oferta
oficial y el período límite para el pago de intereses por u$s 503 millones
atados al bono Global. El país probablemente no pagará y que por lo tanto
caería en default, sin embargo, entre los bonistas se
comenta que – siempre que la negociación esté encaminada – el default del
Bono Global sería irrelevante ya en este contexto sería altamente improbable
que los acreedores realicen presentaciones formales por incumplimiento en los
tribunales de Nueva York (aceleración).
Si la negociación se encamina, como esperan tanto en el Gobierno como
entre los bonistas, es probable que la Argentina alargue el plazo frente a la
Security and Exchange Comission (la Comisión de Valores de los Estados Undios)
sin negociar un standstill (plazo de espera).
Pero, se insiste en remarcar que “Esto no significa que el no llegar al
día 22 con el acuerdo cerrado sea una situación grave”, explican en
fuentes oficiales, “es que las negociaciones se encuentran “encaminadas y con
margen para hacer concesiones mutuas”, tal cual venía anticipando Ámbito
Financiero en el sentido que si las negociaciones están avanzadas no se
produciría el efecto “aceleración.
Diferencias
en las propuestas
Las tres ofertas presentadas el viernes pasado por los bonistas para la
reestructuración de la deuda argentina requirieron un valor presente neto para
los títulos que supera la oferta original efectuada por el gobierno, aunque muy
por debajo de la contra propuesta que hizo pública el Ministerio de Economía el
pasado 5 de mayo.
En esa oportunidad, se trató de una iniciativa del fondo de inversión
Black Rock que, en números gruesos, aspiraba a un valor de los títulos que
duplicaba el ofrecido por la Argentina “La buena noticia es que el valor
presente neto que cierra el conflicto parece estar más cerca de lo propuesto
por el Gobierno que de la oferta inicial de los acreedores”, sostiene un
informe de la consultora pxq.
Del análisis de las propuestas presentadas por los grupos de acreedores
(ver cuadro) resulta que el valor presente neto para los títulos al que
aspiran los bonistas se sitúa, en promedio, entre los 58 y los 60 dólares, es
decir al menos unos 10 dólares por encima del valor máximo que estaría
dispuesto a aceptar el país, según trascendidos.
En lo concerniente al cupón promedio, los intereses esperados por
los acreedores varían entre el 4,44% y el 5,03%, es decir aproximadamente
duplican el rendimiento promedio de 2,25% propuesto inicialmente por la
Argentina.
Entre las diferencias centrales se encuentra el período de gracia y los
intereses acumulados durante ese lapso. Los tres grupos de acreedores
plantearon sólo un año de espera, contra los tres que aspira el Gobierno, y el
pago de intereses contra el canje de títulos, mientras que la Argentina planteó
no efectuar desembolsos hasta 2023. Más allá de estas diferencias, en el
gobierno el ánimo es positivo, según señalaron fuentes de la Casa
Rosada a Ámbito.
A diferencia de lo que sucedía semanas atrás, cuando parecía quebrado el
diálogo entre el ministro Guzmán y los acreedores, ahora se
considera muy positivo que la totalidad de los bonistas hayan manifestado
sus pretensiones. Fuentes oficiales señalan que esta aproximación se
logró tras una intervención directa del presidente Fernández. Por lo
pronto, en el gobierno se considera que la respuesta de los bonistas es
un reconocimiento a la buena fe y la intención negociadora de la República
Argentina.
Concesiones
Si bien nadie está dispuesto a esta altura a mostrar sus cartas, tanto
desde el sector oficial como en fuentes de los bonistas se comenta que seguramente
habrá concesiones de ambos lados. El plazo de gracia, el pago de intereses
durante ese período y el nivel del cupón se encuentran entre las cuestiones
centrales.
Fuentes cercanas a la negociación señalan que existe margen para
acercar posiciones. Por caso, analistas consideran como razonable que los
bonistas hayan pedido que se paguen los intereses corridos en efectivo. En
la propuesta original del gobierno no se contemplaban estos pagos, pero cabe
señalar que del análisis de esta propuesta resulta que el Gobierno se dejó
espacio durante los primeros años del acuerdo para aumentar los pagos al
exterior sin comprometer su política de sustentabilidad de la deuda. De
ahí que se especule con la posibilidad, por ejemplo, de un pago parcial en
efectivo y el resto capitalizable o en otro bono.
La Argentina podría hacer concesiones que no impliquen desembolso de
dinero. Por ejemplo, la propuesta del gobierno contempla la emisión de los
bonos nuevos sin tener en cuenta el indenture (contrato o escritura) de los
bonos Exchange que tienen cláusulas más favorables para los tenedores de bonos
que los lanzados por durante la gestión Macri.
Si Argentina luego de este proceso de negociación, accediera a emitir
los bonos a canjear respetando el indenture del 2005 concedería (o les
mantendría) a los bonistas un paraguas legal que no cuesta nada en
términos monetarios.
Los bonistas también podrían hacer concesiones que no impliquen mayores
costos. Por caso, podrían aceptar reducir de 10 a 5 años (como pretende el
Gobierno, la vigencia de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que
establece que cualquier mejora que se otorgue a los holdouts de este canje debe
ser compensada a aquellos que ingresaron al canje.
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