Por Claudio
Zlotnik - En plena cuarentena, con la actividad económica desplomándose
y un Banco Central muy activo en la emisión de dinero, el ajuste, de hecho, efectuado por el
Gobierno a los haberes jubilatorios no estaba en los planes de nadie. La
decisión, tomada por Alberto Fernández, tuvo un único fundamento: en el tramo
final de las negociaciones por la deuda, enviar una
señal inconfundible a los acreedores, y también al Fondo Monetario
Internacional.
Un
informe del IARAF (Instituto
Argentino de Análisis Fiscal) le pone cifras
al ahorro fiscal por el recorte a los jubilados y pensionados: $34.000 millones
acumulados entre enero y agosto. Se trata de una estimación neta de los bonos
(suma fija) que el Gobierno otorgó a la clase pasiva a principios de año.
Está claro que no
se trata -no todavía, al menos- de un monto significativo para si se los
considera en relación al volumen del Producto Bruto Interno, aunque cobra
relevancia si se lo compara contra el total del gasto previsional -que
implica un 35% del presupuesto nacional, o un 50% si se contabilizan pensiones
y planes de asistencia social-. Y por eso mismo hay que entenderlo como un
gesto, una señal, de la Casa Rosada en el tramo final de las
negociaciones por la deuda.
La idea no es
novedosa: apenas asumió, Alberto Fernández tomó la decisión de suspender
la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y de la Asignación
Universal por Hijo, que le daba automaticidad a los aumentos de los haberes.
Lo hizo,
precisamente, después de tener un diagnóstico de que, así como estaba
planteada, la fórmula lucía inconsistente con la idea de un emprolijamiento
fiscal, de cara a las negociaciones que, en ese comienzo de año, estaban
por arrancar.
De hecho, el
ministro de Trabajo, Claudio Moroni, uno de los funcionarios de mayor
confianza con el jefe de Estado, ya había planteado la posibilidad de un
aumento en las edades para jubilarse. "En
algún momento, esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema
gradual. La verdad que estas edades (de las jubilaciones actuales) vienen de
hace muchos años atrás y las expectativas de vida van creciendo", había
señalado Moroni allá por mediados de febrero último.
El ministro había
deslizado esa posibilidad luego de juntarse con la misión del Fondo
Monetario Internacional que había pasado por Buenos Aires. El escenario de
pandemia cambió todo, y lo planteado antes de la irrupción del coronavirus
parece ciertamente de una época muy lejana. Pero pasó hace poco.
¿Conflicto legal en
puerta?
Para el aumento de
junio, que tendrá vigencia hasta septiembre, el Gobierno otorgó u aumento del
6,12% para todas las categorías. Destaca el reporte del IARAF: "Este
porcentaje de aumento implica solo el 56% del aumento automático que
correspondería con la Ley de Movilidad". Debió ser del 10,9%.
"La
jubilación mínima bajo movilidad sería en junio de $17.405 y bajo las
actualizaciones por decreto será de $16.864. Los ingresos de los jubilados
pasan a depender del componente
discrecional (los bonos mensuales) que el
Gobierno decide o no otorgar. El Gobierno también decide a qué grupo otorgarlos
y cuál no", sintetiza el reporte.
El ahorro de
$34.000 millones que consolida ahora el Gobierno por el ajuste vía decreto serviría
para darles un bono de $3.000 a los jubilados de la mínima durante cuatro
meses, estima IARAF.
El recorte implicó
que, en lugar de otorgar un aumento generalizado del 24% entre enero y junio,
al final las subas fueran de entre 10% (para los jubilados con los haberes
máximos) y 19,9% (los de la mínima).
El hecho de que
las jubilaciones mínimas aumenten en esa proporción les habilita a
los funcionarios para decir que el 80% de los haberes le ganarán a la
inflación. Calculan que los precios subirán 14,4% durante el primer semestre,
algo que todavía se desconoce.
Para
las distintas categorías, ese ajuste se traduce en pérdida de ingresos mensuales de entre $541 para los haberes mínimos
hasta de $14.000 (también por mes) para los de la máxima.
Aun cuando sea
verdad aquel postulado de un ingreso real superior para la mayoría de los
jubilados y pensionados, lo cierto es que el recorte respecto de lo que
correspondía derivará seguramente en una ola de juicios.
Fue
lo que sucedió cada vez que los gobiernos ajustaron los haberes. El defensor de
la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino;
el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y el abogado especializado Adrián Tróccoli ya anticiparon que la próxima semana se
presentarán ante la Justicia para oficializar el reclamo. Ellos ya
habían hecho una presentación a principios de año.
El argumento es
lógico: la decisión del Gobierno implica una pérdida generalizada para los
jubilados, ya que les dieron (por decreto) menos de lo que correspondía.
¿Por
qué los jubilados son la variable de ajuste?
Es cierto: el
Gobierno tuvo en la agenda, en sus inicios, un cambio en el sistema previsional.
Y en la forma de actualización de los haberes. La sorpresa, en todo caso, tuvo
que ver con el timing de la decisión.
En el marco de una
depresión económica, al fin de cuentas se toma una medida que es
pro-cíclica, como se dice en la jerga de los economistas. Es decir, juega a favor de esa recesión. Los
jubilados, con menos haberes que los que les correspondían por ley, dispondrán
de menos dinero para gastar.
Menos se comprende
ese timing si se tiene en cuenta que, por la cuarentena y el
parate de la economía, el Banco Central prendió a full la
"maquinita" de pesos. Desde que arrancó el año ya lleva emitidos
la friolera de $800.000 millones, con una notable aceleración en las últimas
semanas.
emisión de dinero
requerirá de una eficiente política de absorción, en algún momento, para
pinchar las expectativas inflacionarias.
La
economista Marina Dal Poggetto estima que, por la caída de la recaudación en medio de la crisis, el rojo
de las cuentas públicas podría ascender
al 6% del PBI este año. Un
bache que debería cubrirse, precisamente, con mayor emisión de pesos. En una
Argentina que repudia su moneda y el público y las empresas dolarizan todos los
excedentes que pueden, ese agujero será un caldo de cultivo para los que
algunos economistas ya empiezan a mencionar como una "llamarada
inflacionaria".
Lo cual confirma
que la elección de los jubilados para efectuar el ajuste no fue nada casual. Se
trata de la principal erogación que tiene el Estado. Y, por más que el
ahorro no sea significativo -más aún en un contexto de expansión histórica del
gasto público y la peor crisis desde
2002-, Alberto F. tomó la decisión muy clara de enviarle una señal inequívoca a
los acreedores y al FMI.
El pago de los
haberes a los jubilados y pensionados -sumados a la AUH- es el principal rubro
del presupuesto nacional y, por lejos, el gasto más relevante del Estado, con
más de ocho millones de beneficiarios -de los cuales se estima que sólo tres
millones completaron sus aportes en forma- Si, además, se contabiliza a quienes
cobran planes de asistencia social, entonces la cifra se extiende a 17 millones
de personas.
Y la característica principal de ese gasto es
que es estructural: son erogaciones
permanentes en el tiempo. Por eso se diferencia de lo que ahora, en plena
cuarentena, decida el Gobierno: estos son gastos únicos, excepcionales, que
podrían extenderse unos meses. Pero tienen un final para cuando pase el
coronavirus.
Distinto es el caso
de los jubilados. Por eso vale, en términos políticos más que económicos, lo
que acaba de decidir la Casa Rosada. La señal de que, no bien pase el tsunami
económico, habrá un intento por hacer más sustentable el gasto público. Nada
menos. ¿Ocurrirá?
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