Por Pablo Wende - Martín
Guzmán ya había señalado que las conversaciones con los bonistas venían siendo
“productivas” y que el Gobierno sería “flexible” para poder llegar a un
acuerdo. Pero también del lado de los bonistas aparecieron señales concretas
que apuntan a la misma dirección. Sin ir más lejos, el fondo más grande
del mundo, BlackRock, tomó la posta ayer al dejar trascender que estaba
dispuesto a bajar las pretensiones y facilitar el diálogo con el Gobierno.
La propuesta
original presentada por Martín Guzmán tiene un valor de USD 40 por cada 100
nominales que se están estructurando. Pero en promedio las tres ofertas
presentadas por los grupos de bonistas representan una exigencia de entre USD
58 y 60. Todo eso suponiendo un rendimiento futuro de los bonos argentinos (la
denominada “exit yield”) del orden del 10%.
Existe apuro por
llegar a un acuerdo de ambas partes. El principal motivo es que en caso de
alargarse demasiado las conversaciones, podría dar lugar a la aparición de
fondos “buitre”. Si esto sucede, ya no sería una negociación “técnica” sino que
pasaría al plano “legal”. Para el Gobierno sería mucho más difícil cerrar
un acuerdo y muchos acreedores tendrían que salir a malvender sus bonos.
De ambas posturas
extremas no es muy difícil llegar a la conclusión que un acuerdo razonable
podría estar en el medio de ambas, es decir en torno a USD 50. Y de hecho
fue el valor que dejaron trascender desde BlackRock a través de la agencia
Reuters. Allí hablaron que buscarán convencer a los fondos que integran el
grupo de acreedores (denominado “Ad hoc”) para que acepten rebajar la propuesta
a USD 50 o 55.
Detrás de esta
jugada está Larry Fink, el CEO de BlackRock y uno de los hombres más
respetados de Wall Street, con un patrimonio bajo administración de 6,2
billones de dólares (15 veces más grande que el PBI de la Argentina). Algunos
consideran que se trata de una jugada “políticamente correcta” de alguien que
incluso fue mencionado para ocupar el cargo del secretario del Tesoro
estadounidense.
Lo cierto es que
desde ambas partes precisan un acuerdo y que sea rápido. El Presidente Alberto
Fernández dejó en claro cuál es su postura la semana pasada, cuando
señaló: “No somos necios, no queremos un default”. Y ayer fue el
propio Guzmán quien reconoció que recuperar el acceso a los mercados
financieros será clave para que la Argentina pueda “volver a ponerse de pie”.
Además, se mostró a favor de acelerar todo lo posible las negociaciones: “Lo
antes que lleguemos a un acuerdo, mejor”.
El default podría
incluso ser funcional en otro plano, al dejar contento al ala dura
kirchnerista. No se pagarían los USD 503 millones que vencen el viernes ni se
aceptarían los pedidos excesivos de los acreedores. Pero de ninguna manera eso
significa que no se pueda llegar a un acuerdo días, semanas o meses más tarde.
Los bonistas
tampoco apuestan a un default. Al contrario, siempre se manifestaron a favor de
lo que comenzó a ocurrir luego del 8 de mayo: una verdadera negociación en vez
de una oferta unilateral del Gobierno.
Prácticamente todos
los fondos que participan de los tres grupos que negocian con la Argentina son
de “dinero real”, es decir no realizan transacciones altamente especulativas ni
están pensando el litigar. Pero sí buscan hacer valer las cláusulas de los
títulos emitidos por la Argentina bajo ley internacional, que claramente les
dan más protección que aquellos títulos colocados bajo ley local.
Pero el objetivo de
los acreedores, a diferencia de lo que muchos pensaban hace algunas semanas,
está lejos de recurrir a los tribunales para exigir que le paguen sus deudas.
Sencillamente no es su negocio.
El pedido es
recibir un bono que tenga la menor quita nominal posible, algo que Guzmán
concedió en la primera oferta, que incluía una reducción de sólo 5,4%. Sin
embargo, no aceptaron el resto de las condiciones: una rebaja del cupón de
intereses del 7% al 2,3%, tres años de gracia para empezar a cobrar y que hasta
2023 no hubiera pago ni reconocimiento de intereses.
No será fácil, sin
embargo, congeniar con todos los grupos de bonistas en simultáneo. Es posible,
incluso, que se vaya dando un acuerdo por etapas. Según Miguel Kiguel, ex
secretario de Finanzas, un canje exitoso no debería finalizar con una
aceptación menor al 90%.
La existencia de
dos especies de bonos totalmente distintas también vuelve más compleja la
negociación. Quienes poseen bonos Par y Discount, del canje 2005, son más duros
porque el Gobierno precisa una aceptación del 85% para meter a todos en la
renegociación. En cambio, aquellos bonos “Macri”, emitidos a partir de 2016,
tienen menor capacidad de litigar. Economía podría meter a todos en la
renegociación si consigue sólo el 66% de aceptación.
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