Por Román Lejtman
- Durante el fin de semana en Olivos, Alberto Fernández y Martín Guzmán
protagonizarán una reunión clave para destrabar la negociación con los
principales fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos
soberanos. En ese encuentro a puertas cerradas, el Presidente decidirá la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) que permita abrir una nueva instancia de diálogo con poderosos
bonistas que desconfían del ministro de Economía y se preparan para
demandar por default a la Argentina.
El DNU fue una propuesta de Guzmán y su objetivo es
suspender la aplicación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera.
“El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública (...) mediante su consolidación, conversión o
renegociación, en la medida que
ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las
operaciones originales”, sostiene el articulo 65 que se pretende
suspender durante las negociaciones con los acreedores privados.
En términos simples, Guzmán
estaría en condiciones legales de cerrar un canje de la deuda si obtiene al
menos dos variables de las tres previstas en el artículo 65: un mayor
plazo para pagar, una quita del capital adeudado o reducir los intereses que se
perciben por los títulos emitidos.
Hasta anoche, el ministro de Economía sólo tenía a su favor
la poda de los cupones previstos en su oferta oficial. Eso
intereses caen de un 7 por ciento promedio al año, a un 0.5 por ciento a pagar
en noviembre de 2023.
Y respecto al plazo de los vencimientos y a la quita de capital (haircut),
Guzmán ayer no tenía nada. Y es muy difícil que lo tenga: durante
la administración de Mauricio Macri se emitió un bono por cien años, y sus
titulares no quieren extender su maduración. Y en cuanto a la quita del capital
prevista en la oferta oficial, los acreedores privados pretenden eliminar esa
variable con poco impacto financiero.
Entonces, Guzmán propuso a
Alberto Fernández la publicación del DNU suspendiendo el artículo 65 de la ley
de Administración Financiera, para
salir del laberinto que se autoconstruyó durante las negociaciones con los
bonistas bajo legislación extranjera.
Es decir: de las tres condiciones del artículo 65, el titular del Palacio
de Hacienda sólo tendría una asegurada. La reducción de las tasas de
interés. Pero como el eventual DNU, suspende esa disposición clave
de la Ley de Administración Financiera, ya no haría falta mantener la quita de
capital (haircut) para negociar acorde a derecho.
Sin
haircut, el deal estaría más cerca.
A
diferencia de otras oportunidades, adonde avalaba todas las sugerencias de su
ministro de Economía, Alberto
Fernández decidió tomarse un tiempo y hacer una ronda de consultas
antes de firmar el DNU que sugirió Guzmán.
Hace casi cuatro meses, el Presidente logró la sanción de la ley de
Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que en su
artículo primero ratifica la vigencia del artículo 65 que Guzmán desea
suspender para destrabar las negociaciones con los fondos de inversión.
Aún más: cuando el ministro
era desconocido y ya daba clases en Columbia, asesoró al bloque de diputados
del peronismo frente a la pretensión de Mauricio Macri de suspender el artículo
65 de la ley de Administración Financiera. En ese momento, Guzmán recomendó rechazar la iniciativa de
Macri alegando que se le daba un poder discrecional a la Casa Rosada.
Pero al margen del eslalon jurídico, Alberto
Fernández ya escuchó que es posible cerrar con la mayoría de los bonistas sin
tener necesidad de dictar un DNU, que sería criticado por la
oposición y observado con cierto desdén por los acreedores privados que están
cansados de la inseguridad jurídica en la Argentina.
Los fondos se dividen en tres
bloques diferentes. Grupo
Argentina Ad Hoc, que lidera BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina,
representados por Greylock Capital, Gramercy y Fintech; y el Grupode Bonistas del Canje, que reúne a Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre
otros fondos de inversión.
El Grupo Argentina Ad Hoc y
el Grupo de Bonistas del Canje ayer se negaron a extender su acuerdo de
confidencialidad (NDA) y publicaron en conjunto la última oferta que
presentaron a Guzmán. Esa propuesta ya fue adelantada por Infobae, y su número clave no tuvo una mejora explícita:
exigen 53 dólares promedio de Valor Presente Neto (NPV).
A
principios de mayo, el Grupo Argentina Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje
tenían estrategias diferentes. BlackRock apretaba los dientes, y Monarch se
mostraba un tanto más conciliador. Ahora
juegan juntos y se plantaron en 53 dólares promedio de NPV.
Esta alianza táctica es una
mala noticia para Alberto Fernández y Guzmán. Si
no logran sumar a estos fondos, el canje habrá fracasado y la aceleración del
default será una profecía autocumplida.
El jefe de Estado y su
ministro de Economía cuentan con la predisposición del Comité de Acreedores de
la Argentina, encabezados por Greylock Capital, Gramercy y Fintech. Sin
embargo, esa predisposición no
significa que aceptaron la propuesta de Guzmán.
Fintech es liderada por David
Martínez, un inversionista mexicano que es amigo de Alberto Fernández. Martínez
le dijo al Presidente que el deal se
puede cerrar, si el ministro deja
por un rato su lógica académica entrenada en Columbia.
El Comité de Acreedores de la Argentina propone 52 dólares promedio de
NPV, una cifra por debajo de BlackRock y sus asociados (53 de NPV),
y muy por encima de la última oferta que reveló Infobae hace unos días: 45
dólares promedio de NPV.
En este contexto, Alberto
Fernández tiene dos caminos para evitar una denuncia por default en los tribunales
de Manhattan. O avala el DNU que propuso Guzmán, o invierte una
cuota parte de su capital político para sentar a todos los fondos en la mesa de
negociación y cerrar un acuerdo que aguarda la Casa Blanca, el FMI, la Unión
Europea y los acreedores más poderosos de Estados Unidos y Gran Bretaña.
La oferta oficial del
Gobierno vence el próximo 2 de junio. Y hasta ahora, Guzmán no logró resultados
satisfactorios medidos en niveles de adhesión al canje de la deuda. Obtuvo
menos del 20 por ciento de todos los bonistas que aceptaron sentarse a negociar
con la Argentina. Una cifra que
Olivos decidió guardar como un secreto de Estado para no afectar la imagen
negociadora del ministro de Economía.
Alberto Fernández sabe que
este fin de semana deberá asumir una decisión respecto a la deuda externa que
negocia Guzmán. El Presidente no
quiere el default y tampoco excederse en los pagos ante la presión de los
acreedores privados.
Desde Washington, ante la
estrategia que aún lidera Guzmán, el mensaje llegó a Olivos sin escalas y vía
chat: “Arreglen,
un default sería catastrófico. Para todos".
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