Por Pablo Wende - Miguel Pesce ensayó una suerte de disculpa el día después de haber endurecido el cepo cambiario hasta el límite. Le dijo a una agencia internacional que las restricciones se suavizarían una vez que el Gobierno termine la negociación con los acreedores. Le trasladó así la responsabilidad a Martín Guzmán. Un público pase de factura al ministro de Economía, que desde el 10 de diciembre viene dando vuelta con la renegociación de la deuda, cayó en default y ahora definiría la tercera prórroga para cerrar el canje, ante las dificultades para llegar a un acuerdo definitivo con los bonistas.

El presidente del Banco Central tuvo la “delicadeza” de no meterse con los USD 200 mensuales que pueden comprar los ahorristas para atesoramiento, aunque limitó el universo a quienes no hayan operado “dólar Bolsa” en los últimos noventa días. Hubiese sido una medida muy difícil de digerir para la clase media que además viene golpeada por los efectos de la cuarentena en la producción y el comercio.

Sin embargo, las nuevas restricciones del cepo afectan particularmente a las importaciones. Desde el campo hicieron oír las primeras quejas. El sector liquida al tipo de cambio oficial de $70, pero que termina siendo $50 por efecto de las retenciones. Y debe comprar insumos que ahora dejarán de estar relacionados al dólar Banco Nación, sino que probablemente ajustarán al dólar financiero, arriba de los $110.

Como si fuera poco con los efectos de la cuarentena, estas nuevas restricciones cambiarias generarán otro importante golpe a la producción que volverá más difícil la salida de la crisis.

La película ya es conocida. El cepo cambiario, provoca un aumento de la brecha cambiaria, lleva a más restricciones a medida que avancen los meses y es lo que pasó. Ahora afectando a los importadores, pero lo que es más grave al ingreso de insumos para las empresas. Desde el BCRA aseguran que se trata de una medida que apunta exclusivamente a evitar que las empresas apuren importaciones para aprovechar el tipo de cambio barato. Pero en realidad todas las operaciones entrarán ahora en un gran embudo, similar a las DJAI que estuvieron vigentes entre 2012 al 2015. Y otro clásico: la discrecionalidad, el “dedo” del Estado para definir quiénes sí están autorizados para comprar por el oficial y quienes deberán conseguir los dólares por otras ventanillas, mucho más caras.

El paso del tiempo fue además “perfeccionando” el cepo. A tal punto que ahora también incluye los pagos de deuda al exterior. Aquellas empresas que se hayan dolarizado a través del mercado bursátil (por ejemplo a través del “contado con liquidación”) tendrán que vender primero esos activos para pagar deuda en dólares. Es decir ya no podrán recurrir a las reservas del BCRA.

Estas medidas reflejan la escasez de dólares que sufre el Central, que no para de vender desde Semana Santa. Desde entonces vendió casi USD 1.500 millones de sus reservas para evitar un salto del tipo de cambio.

Con la tercera parte se hubiera evitado el default y negociar desde otro lugar con los acreedores. Posiblemente hubiera sido mucho más barato arreglar que seguir pateando el acuerdo. En el medio se pagaron USD 4.000 millones de la deuda, el BCRA tuvo que vender reservas para equilibrar el mercado y los depósitos en dólares cayeron más de 1.000 millones.

Un informe del economista Fernando Marul describe en forma contundente cómo se llegó al cepo recargado: “En mayo, el agro mejora la liquidación a USD 2000 millones, que igual cae 30% interanual. Pero simultáneamente el BCRA en mayo terminó vendiendo cerca de USD 1000 millones en el mercado spot (y a su vez USD 2.000 millones en el mercado de futuros), por lo que el faltante de mayo fue de USD 3000 millones. Esto explica el mayor cepo a importadores, como veníamos advirtiendo. Es una situación insostenible. Esperamos más controles y el candidato es el dólar ahorro”.

Nada asegura, sin embargo, que llegar a un acuerdo por la deuda revierta la caída de reservas o permita de la noche a la mañana suavizar los controles cambiarios. Pero no hay duda que ayudaría para reducir el clima de desconfianza de los inversores.

Guzmán aseguró esta semana que ya está trabajando con su equipo en el proyecto de Presupuesto 2021 y el escenario económico post-pandemia. Allí estarán las claves para impulsar de verdad un repunte de la actividad. Un informe del banco Barclays asegura que la Argentina caería este año más de 8% pero que el año que viene rebotaría arriba del 9%. Para que se dé semejante “milagro” habrá que despejar el escenario de la deuda en primer lugar, pero también avanzar con un verdadero plan económico que siente las bases para volver a captar inversiones, tanto locales como del exterior.

En un grupo de chat empresario, uno de los banqueros más encumbrados de la Argentina buscaba señales optimistas hacia el futuro. “No hay vencimientos de deuda durante todo este gobierno y casi todo el próximo. Es más fácil que nunca negociar con los sindicatos y el dólar real está otra vez en valores máximos, así que ya se hizo un gran ajuste. La foto que queda después de arreglar con los bonistas es muy buena, el tema es aprovecharlo”. Es la mirada del “vaso medio lleno” que invita a no bajar los brazos y dejar en un segundo plano los problemas económicos que vienen de arrastre y las dudas sobre las intenciones de la coalición política gobernante.

La resolución de la deuda tendrá que seguir esperando algunos días o quizás semanas. Pero las posiciones entre acreedores y el Gobierno se acercan cada vez más. La nueva oferta de Guzmán mejoró en forma significativa la anterior, pero todavía no llegó a lo que demandan los bonistas. Los tiempos se vuelven muy relevantes. Si las negociaciones se extienden la amenaza de los fondos es que se “acelere” la deuda y se avance a la declaración de un default total. Sería el peor escenario y extendería innecesariamente las negociaciones, pero ya con parte de los bonos en litigio. Ya no es Guzmán, sino una decisión política que deberá adoptarse al máximo nivel.