Hasta el viernes, las diferencias –medidas en el “Valor Presente Neto” (VPN) de las respectivas propuestas- eran de un precio de unos 46 o 47 centavos por dólar de la remozada propuesta oficial contra entre 53 y 55 centavos de las propuestas de los comités, que no son exactamente iguales, pues están diseñadas en función de las tenencias de bonos de cada uno.

Gestiones del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, ante Larry Fink, el CEO de BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo y también el hueso más duro de roer en la actual negociación, que habría aceptado reducir un poco más sus pretensiones.

Un ejemplo claro y no muy técnico de ese toma y daca es el plazo de gracia. Guzmán trató de imponer inicialmente que la Argentina empezara a pagar a fines de 2023, lo que despejaba casi toda la gestión de Alberto Fernández.

Los acreedores replicaron ofreciendo un año de gracia. Y Guzmán contraofertó dos. Ese plazo, más que el VPN, que para un abogado y político es un concepto abstracto, tal vez interese más al presidente mientras su ministro diseña, intercambia y evalúa combinaciones de tasas, cupones, amortizaciones, “step ups”, “maturities”, “payments in kind” y otros términos extraños a la mayoría de los mortales.

Guzmán movilizó el mundo académico a través de su mentor, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en tanto en Washington el embajador ante la Casa Blanca, Jorge Argüello, y el director ejecutivo por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, trabajan en el frente burocrático-político, complementando a Guzmán y a emisarios como Galluccio.

Lo más claro de todo es que ambas partes tienen ganas de acordar. El gobierno, porque es consciente de que un default duro, temprano y solitario eliminaría del horizonte cualquier chance de recuperación de lo que es ya una situación económica crítica. Y los acreedores, porque un arreglo en torno de los 50 centavos de VPN (valuados a una tasa de descuento por cada dólar de deuda “vieja” les resultaría mucho más conveniente que el colapso del valor de sus papeles que implicaría un default duro y el horizonte largo e incierto de litigar ante los tribunales de Nueva York para extraer recursos de un Estado financieramente exangüe.

Internas

La premura también tiene que ver con las tensiones internas, como la que afloró entre el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y el ministro Guzmán, que se tomó cinco meses, durante las cuales se pagaron casi 4.000 millones de dólares en vencimientos, para pergeñar una oferta que fue masivamente rechazada, y casi un mes más desde entonces, en los que el titular del Central sigue siendo el único sostén del Tesoro y tiene que hacer contorsiones regulatorias para endurecer el cepo y evitar un desmadre del dólar que impactaría sobre la tasa de inflación más rápidamente que una emisión desaforada pero hasta ahora contenida por los diques de la recesión y las operaciones de “esterilización monetaria”.

El tiempo no para. Y la negociación tampoco, pero tiene un límite, que el gobierno extenderá por tercera vez. Y se sabe que la tercera es la vencida.