Por Francisco Jueguen - El Gobierno prorrogó por tercera vez la oferta pública a los acreedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera, en su búsqueda de alcanzar un acuerdo en el proceso de reestructuración de la deuda pública, cuya propuesta definitiva llegará en las próximas horas.

El nuevo deadline será el 12 de junio, según informó el Ministerio de Economía. Más tarde, Martín Guzmán dijo que durante ese plazo enmendará la oferta con una nueva propuesta, lo que abrirá un nuevo plazo formal para definir la tasa de adhesión. El 8 de mayo, luego del primer plazo, la aceptación rozó el 13%. Desde entonces, el Gobierno, los bancos y los bonistas mostraron un tira y afloja continuo. El jueves pasado, el ministro dijo que las partes se habían acercado, pero que todavía había importantes diferencias.

La intención oficial fue corroborada ayer por una fuente autorizada en los mercados globales para el sector privado y hoy aliado clave del gobierno de Alberto Fernández: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva, y que tiene hundidos en la Argentina US$44.000 millones, “existe solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda” (ver aparte).

Según fuentes vinculadas al Fondo, “es difícil ver cómo una reestructuración con una recuperación en valor presente neto de la deuda por encima de 50 centavos, asumiendo una tasa de descuento del 10%, puede ser coherente con restaurar la sostenibilidad de la deuda”.

Pero otras fuentes oficiales relacionadas con la negociación buscaron reinterpretar algunas otras cosas que el propio organismo internacional dejó trascender en sus declaraciones de ayer. “El servicio de la deuda a los acreedores privados en 2020-24 sería lo suficientemente bajo como para mitigar los riesgos de refinanciamiento a corto plazo”, señaló el FMI en su comunicado de ayer. Para los hombres del Gobierno, este párrafo remarca el lugar en el que existe ese limitado margen para negociar con los bonistas privados de la Argentina.

“Si en esos años se aumentan un poco los pagos, el servicio de deuda se volvería ‘insuficientemente’ bajo”, releyó un hombre vinculado a la negociación y cercano al Gobierno, y agregó: “Se está diciendo dónde no hay lugar (ente 2020 y 2024) para mejorar la oferta y dónde sí existiría el margen”. Traducido, todo es mejorable, pero luego de la presidencia que encabeza Alberto Fernández.

“No soy pesimista”, calificó la fuente oficial vinculada a la negociación sobre el avance del proceso en los últimos días. Sin embargo, señaló que espera que los comités de acreedores también extiendan los convenios de confidencialidad o non disclosure agreement (NDA, según las siglas en inglés) para tener a todas las partes sentadas a la mesa. Para algunos técnicos del Ministerio de Hacienda la no extensión de los NDA funciona como un factor de presión. Sin negociaciones bajo ese paraguas se acrecientan las posibilidades de que la situación se acerque a una aceleración de la deuda y a posibles litigios. “Algunos se levantan para ‘tradear’”, sentenció la fuente vinculada a la negociación, para quien la extensión presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos podría ser la última antes de la mejora de la propuesta.

En rigor, el margen es menor para el Gobierno, ya que el 28 de junio vencerán US$98 millones del bono Century, emitido por el exministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo. Si no se paga, se abrirá otro período de gracia de 30 días. Sin embargo, generaría más nerviosismo en el mercado, sobre todo luego de que ayer la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) ratificó en Wall Street el default selectivo en el que ingresó la Argentina por no pagar los intereses de tres bonos globales por US$503 millones el 22 de abril pasado. “Es un acuerdo entre privados”, dijeron ayer cerca de Guzmán para graficar el impacto de esa medida, sobre todo con el país fuera del mercado voluntario de crédito. “Si llegás a fines de junio sin deal, yo creo que van a caer rayos y centellas”, dijo ayer un conocedor del mercado bursátil.

“Hoy concluimos otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad. Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer. Es necesario poder recorrer esa distancia. No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a la Argentina. Necesitamos un acuerdo que cuide a la Argentina. Eso es lo que me encomendó el Presidente. Y nosotros actuamos de forma firme sobre la base de ese principio”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un comunicado enviado ayer a la noche a los medios de comunicación. El titular del Palacio de Hacienda también precisó que el equipo económico trabaja por estas horas “en las enmiendas finales de la oferta”.

“Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI esta mañana a la hora de decidir las enmiendas finales. El margen que queda para enmendar la oferta es escaso”, agregó, y cerró: “Con las enmiendas finales es probable que volvamos a entrar en negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad para limar detalles que nos permitan maximizar la participación de los acreedores”.

Por a tarde, dos de los grupos de bonistas hicieron pública su posición: “La diferencia entre la propuesta del Gobierno y la de Ad Hoc y Exchange Bondholder es aproximadamente el 1,5% del PBI hasta 2030, y otro 1% desde 2031 hasta 2040. El Gobierno debería tomar medidas ahora para llevar al país hacia una resolución pragmática”.