Por Cristian Mira - Las dos razones esgrimidas por el Presidente para intervenir y expropiar Vicentin que preocupan a los especialistas del negocio agropecuario son la necesidad de crear una “empresa testigo” y de sostener la “soberanía alimentaria”. Son los mismos que se preguntan si esta empresa pública será un jugador más del mercado o hará valer el peso del Estado en su favor. En otras palabras, si habrá cancha pareja o inclinada.

En el nuevo formato, Vicentin, bajo la órbita de YPF, deberá competir, en teoría, con el resto de la industria oleaginosa y los exportadores puros.

No es un mercado sencillo. Entre las quince empresas que procesan y venden al exterior granos, harinas y aceite de soja, el principal complejo exportador de bienes del país por el aporte de divisas, hay compañías multinacionales de larga trayectoria (Cargill, Bunge, ADM y Louis Dreyfus); otras de origen reciente (Cofco, de China); nacionales grandes (Molinos Agro, Aceitera General Deheza), y otras nacionales de menor porte (ACA y AFA), que representan a cooperativistas y pequeños productores. Todas compiten en el mercado para conseguir que los productores les vendan soja, maíz, trigo y girasol, que, a su vez, deberán colocar en China, Brasil, la Unión Europea, la India u otros cientos de destinos a los que les vende la Argentina. Es un negocio de mucho volumen, pero de poco margen, que requiere de jugadores experimentados.

“La Argentina no necesita una empresa testigo, en el mercado de granos hay competencia y se acerca bastante a la perfección”, dice Teo Zorraquín, consultor de empresas agropecuarias. “No es la primera vez que se cae una empresa del sector y la actividad continuó funcionando”, añade.

El economista del Ieral y la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, describe que en la actividad hay “mercados transparentes, como los de Rosario, con referencias de precios internacionales como Chicago o los de Brasil, y el mismo Gobierno diariamente releva y publica precios que son los que se utilizan para los derechos de exportación”. Además, destaca que es un sector donde abunda la información y que hay al menos ocho o diez empresas importantes que exportan e industrializan granos. “A priori no se justificaría la estatización”, señala.

Otros especialistas, como Ernesto Ambrosetti, advierten que con la incorporación de Vicentin a YPF Agro, una compañía que vende combustible e insumos y también exporta granos, se crearía una empresa pública con integración vertical. “¿Va a pagar más o menos precios que los competidores?”, se pregunta.

Aquí parece encontrarse la génesis de un “modelo chino”, con conglomerados como Cofco o Sinograin, que no solo participan en el comercio internacional de granos, sino que también extienden sus negocios a los alimentos de consumo masivo. Debajo de este paraguas puede ubicarse el concepto de “sode

beranía alimentaria”, una idea que en principio parece reflejar buenas intenciones, pero que se aplica a países importadores netos de alimentos. No es precisamente el caso de la Argentina, que, salvo café, la mayoría de las bananas y algo de carne de cerdo, produce los alimentos que consume. Y, además, exporta el equivalente a la cobertura de las necesidades calóricas de 400 millones de personas.

No es casual que los propios exportadores, aliados circunstanciales de los gobiernos para ingresar los dólares que necesita la economía para funcionar, hayan advertido ayer en un comunicado que “la soberanía alimentaria de nuestro país siempre ha estado garantizada” no solo por las empresas del sector, “sino también porque las materias primas están aseguradas a través del trabajo diario de más de 77.000 productores argentinos”, expresó Ciara-CEC.

El otro interrogante es el impacto de la noticia de la expropiación sobre los productores. Los que fueron afectados por la cesación de pagos de Vicentin podrían recibir la decisión con alivio. Alguien pagará las deudas. Sin embargo, ni el presidente Alberto Fernández ni el flamante interventor de la cerealera, Gabriel Delgado, explicaron de dónde saldrá el dinero para pagar las acreencias de la compañía nacida en el noroeste santafesino. Si no les pagan, difícilmente los productores quieran volver a venderle sus cosechas. Y allí se verá si el Estado argentino, de escasa eficiencia en el manejo de empresas, deberá recurrir a la ayuda del Tesoro. Es el pasado que vuelve.