La “cláusula antibuitre” en debate apunta a dificultar y trabar la posibilidad de avanzar en un juicio contra el país, aún en default. Según la letra chica de este mecanismo importado por el propio Guzmán desde la Universidad de Columbia y sus tesis sobre manejo de deuda soberana en default, implica que, para poder litigar ante una situación de vencimientos impagos, si los bonistas quisieran avanzar en litigios, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento de los títulos; ni ejecutarlos de manera individual, sino de manera colectiva. Y bajo la representación del Trustee/Bondholder Representative (comisario de la emisión), rol que hoy ejerce del Banco of New York Mellon (BONY). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso en que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, sólo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal de Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado y sin las mayorías necesarias del 66% para el caso de los tenedores de deuda emitida bajo el Gobierno de Macri justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde 2016 en adelante.

Los bonistas K rechazan abiertamente la aplicación de la cláusula, basándose en la sólida jurisprudencia de los Estados Unidos que resguarda los derechos adquiridos. En este caso, el derecho a avanzar en un simple juicio, colectivo o individual, en los tribunales de Nueva York. Como la Argentina comprobó durante el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, no hay cláusula o salvaguarda en la emisión de toda esta deuda que proteja al país de los juicios inmediatos en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Manhattan. Más teniendo en cuenta que el fallo de Thomas Griesa en contra del país dejó una jurisprudencia contraria para toda la deuda emitida durante el kirchnerismo, con lo que cualquier simple presentación ante un default argentino derivaría en una aceleración de las causas ante Preska. Dennis Hranitzky dejó claro que esta salvaguarda es innegociable. Lo mismo que otro beneficio con el que ya cuentan: el cupón PBI. Los bonistas K creen que se merecen ambas distinciones, más el reconocimiento de casi el 100% del capital adeudado, al afirmar, con razones legales sobre la mesa (o el escritorio de Hranitsky), que sus pasivos ya fueron reestructurados y fruto de la salida de otro default.

Guzmán aceptará así ambas “sugerencias” del abogado egresado de Harvard que hoy trabaja para el estudio Quinn Emanuel y que abrió una oficina en ese bufete especialmente preparada para ganar plata negociando o enjuiciando a la Argentina. Los bonistas K no tendrán quita de capital o sólo será simbólica (en el prospecto original era de 5,4%) y tendrán el beneficio de un cupón de pago extra por encima de los intereses pactados. La idea de mutar el cupón PBI por el de exportaciones es original de los propios bonistas del Grupo de Bonistas del Canje, y busca salir de la desconfianza con el país en cuanto a sus mediciones anteriores del PBI. La causa sobre la forma en que el país calculó el crecimiento de su economía en 2014, a partir del cual Argentina tiene hoy abierto un juicio ante, otra vez, el tribunal de Loretta Preska, provocó que la propuesta excluya la medición del pbi y su reemplazo por un cálculo a partir del nivel de exportaciones. Curiosamente, en lugar de rechazarla, Guzmán la tomó y la incluyó como una alternativa válida para la negociación. En todo caso, será un porcentaje del crecimiento de las ventas al exterior lo que financiaría el beneficio, y no las reservas del Banco Central.

Para avanzar en mejoras para los tenedores de deuda emitida durante el macrismo, la situación es más compleja. El Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de acelerar la negociación con los bonistas de más corto plazo (con vencimiento de deuda antes del 2040) y los de más largo alcance, incluyendo el famoso bono Centenario o Global 2117. Los primeros están más cerca de aceptar lo que propone Guzmán en su contraoferta, mientras que los segundos están en una posición más radicalizada y sosteniendo con ahínco el límite moral del 55% de Valor Presente Neto (VPN). La oferta oficial final, tal como adelantó este diario, no superará el 49,9%, sin contabilizar cupón PBI o por exportaciones; beneficio que por ahora no está considerado para los bonistas M.

Cualquier mejora en el porcentaje hacia los acreedores que diseñe ahora Economía provendrá 100% de una decisión política y personal de Alberto Fernández. El ministro le confió hace horas al jefe de Estado que su Excel ya está agotado, y que su modelo importado de Columbia readaptado a las negociaciones locales no puede hacer más cálculos que beneficien a los acreedores; ya que se llegó a los límites posibles de sus curvas econométricas. Cualquier cambio surgirá ahora de una modificación de la raíz misma de la oferta diseñada originalmente por Guzmán. Sólo así, se reconoce hoy en Olivos, se podrá alcanzar el imprescindible 66% de aceptación de la oferta por parte de los bonistas que poseen títulos públicos emitidos durante los cuatro años de gestión macrista.