Luego del banderazo del fin de semana en contra de la iniciativa del Gobierno para expropiar Vicentin, el Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal que investiga los préstamos a la empresa agroexportadora.

En febrero, el Nación abrió un sumario interno para investigar la participación de sus empleados que, en distintos grados de responsabilidad, intervinieron en el otorgamiento de créditos a Vicentin por unos 18.500 millones de pesos. Mientras avanza la investigación y el Gobierno mantiene la idea de expropiación de la empresa, el Banco se presentó este martes como querellante en la causa penal a cargo del juez federal, Julián Ercolini, y del fiscal Gerardo Pollicita.

A la vez se determinó que, mientras la investigación esté en curso, queden separados de sus cargos cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos. Según informaron a Télam fuentes de la entidad, se trata del gerente general, Juan José Fragati; la gerenta de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda; el subgerente general de Banca Coporativa, Martín González; y el gerente de Legales, Carlos Lo Turco.

“El objetivo de la presentación es que el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio y conocer las responsabilidades de las autoridades que formaron parte de este posible delito”, precisaron desde el Nación luego de presentar el escrito vía correo electrónico por pedido del titular de la entidad, Eduardo Hecker.

Si bien con el sumario interno abierto meses atrás se había decidido que no nadie sería removido de su cargo hasta tanto no se comprobara fehacientemente la culpabilidad de directivos, los recientes movimientos modificaron el panorama. El avance del Gobierno con la intervención de Vicentin y de la causa civil que se tramita en Santa Fe por el concurso de acreedores por una deuda de USD 1.350 millones con el Nación, otros bancos y productores agrícolas, aceleró el pedido de licencia de cuatro directivos.

El primer dictamen de la causa, emitido en febrero por le fiscal Pollicita, incluyó la imputación del presidente de Vicentín, Gustavo Nardelli, de Alberto Padoan, otro ejecutivo de la agroexportadora, y del ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga.

Justamente, González Fraga fue denunciado a fines de enero por el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, quien a la vez apuntó también contra otros funcionarios por el delito de defraudación por los préstamos concedidos a la agroexportadora, tras un informe elaborado por Claudio Lozano, actual directivo de la entidad, que analizó el estado de la empresa durante los últimos años y el proceso de endeudamiento con el Nación.

“Superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa”, expresó Lozano en el documento, al advertir que de todas maneras obtuvo una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para readecuarse.

En tanto, resaltó que de acuerdo a la información disponible, no se justifica la crisis financiera de Vicentin, a la cual señaló como principal aportante de la campaña presidencial de Mauricio Macri con $13.500.000. En el informe se sostiene que el incumplimiento de la cerealera comenzó “casi en simultáneo con la elección de las PASO y la derrota de Macri”.

Según informes de funcionarios del Gobierno nacional, la deuda de Vicentin llega a los $99.345 millones o USD 1.400 millones en total. Al 10 de febrero la empresa le debía $99.345.263.086,50 a 2.638 acreedores distintos. Dentro de ello, detalla que el Banco Nación, principal acreedor individual, tiene acreencias por $18.182.297.617. La deuda total informada por Vicentin está compuesta por acreedores bancarios locales, extranjeros y también por acreencias comerciales predominantemente locales.

En otro informe elaborado por Lozano, el tercero sobre el tema Vicentin, se detalló que entre los acreedores se destacan 37 entidades financieras que concentran el monto mayoritario de la deuda ($63.962 millones); y por otro, se ubican 1.895 productores que tienen acreencias por $25.657 millones millones de pesos, como el grupo más numeroso.

En medio de esos dos extremos, mientras tanto, se cuentan también sociedades relacionadas con la propia empresa como Diferol y Vicentin Paraguay, dos empresas controladas, y Renova, una empresa vinculada. Combinan entre todas esas acreencias $5.428 millones.

Lozano hace especial hincapié en las deudas de Vicentin con empresas relacionadas y sus propios accionistas, algo habitual en grupos empresarios compuestos por varias firmas, pero que revelan un cambio de foco importante en la mirada oficial sobre la caída en cesación de pagos de la empresa, antes enfocada más que nada en la asistencia del Banco Nación que por su volumen fue motivo de críticas.

“Se trata de acreedores que forman parte del mismo conglomerado que está en concurso preventivo. No es una masa menor en el total de deuda, son $5.428 millones que representan el 5,5% del total de la deuda bajo concurso. Del mismo modo y como dato también notable, aparecen 98 acreedores que son accionistas de la empresa”, señala Lozano. “Es decir, que los dueños de Vicentin, le reclaman deudas a su propia empresa. Casi digno de un cuento de García Márquez”, comentó.