Por Carlos Burgueño - El Gobierno aceptará negociar la posibilidad de discutir la “cláusula mandatoria”, reclamada por el fondo BlackRock y sus aliados del grupo Ad Hoc, pero con condiciones: que sólo incluyan las colocaciones futuras de deuda emitidas bajo legislación extranjera y no alcancen las emisiones de deuda con jurisdicción local ni los créditos de organismos financieros internacionales, incluyendo el Fondo Monetario. Con esto, el Gobierno de Alberto Fernández estaría dispuesto a liquidarles a los acreedores que acepten los nuevos términos de la deuda argentina, la mitad de todas las colocaciones futuras a través de operaciones de recompra de bonos negociados. Lo que no está dispuesto a discutir el Gobierno es la posibilidad de negociar la renuncia de las “cláusulas antibuitre” para los bonos lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri ni la posibilidad de aceptar que el eventual cálculo de un bono que indexe por la evolución del PBI sea calculado por ninguna entidad que no sea el INDEC. Esto incluye al FMI.

Así quedaron las instrucciones precisas que Alberto Fernández le dio a Martín Guzmán, luego de tres días de negociaciones directas vía teleconferencia entre los funcionarios del Ministerio de Economía y los abogados que representan a los tres grupos de bonistas. El Presidente dijo que, a esta altura, resulta necesario dejar en claro que son los fondos de inversión más grandes agrupados dentro del Ad Hoc (BlackRock, Fideluty y Ashmore, entre otros), los que buscan imponer condiciones que no pueden ser aceptadas “por un país soberano” ni que “tengan condiciones de aceptación en los mercados financieros internacionales” en relación con las dos últimas cláusulas. Pero también quieren dejar claro a los negociadores internacionales que cuando la propuesta es interesante puede ser analizada, estudiada y eventualmente aceptada. Recordaban ayer los negociadores de la deuda argentina que la posibilidad de aplicar un bono basado en exportaciones, en lugar de la evolución del PBI, había sido una idea que lanzó el grupo de acreedores del Exchange Bondholders y que fue tomada como válida por los argentinos. Y que luego fue BlackRock el que volvió sobre la idea del PBI.

Guzmán volverá hoy a encontrarse con los acreedores y les transmitirá que la posición de la Argentina al arranque de esta cuarta y última ronda de negociaciones tendrá como posición firme estas respuestas ante cada una de las tres cláusulas en discusión:

Cláusula de “rescate mandatorio”. Según esta norma reclamada por el grupo Ad Hoc, al que el martes se sumó el Exchange Bondholders, la mitad de las futuras colocaciones de deuda de la Argentina en los mercados financieros deberá ser utilizada para cancelar parte de los bonos que se emitan en la actual renegociación. Si bien Guzmán y sus negociadores ya la habían rechazado al comienzo de las discusiones de mayo y se habían sorprendido por la insistencia del lunes de BlackRock de volver a reclamarla, Economía repensó la posición y ahora considera que puede ser aceptada, pero con condiciones. En primer lugar, que sólo sean aplicadas para las colocaciones de deuda emitidas bajo jurisdicción internacional. La Argentina tampoco aceptará que se incluyan en el rescate de bonos del 50%, el dinero que el país pueda conseguir vía organismos financieros internacionales. Obviamente se está pensando en los prestamos eventuales que puedan ser aportados desde el FMI. Si bien en general debería quedar claro que los dólares provenientes del Fondo no podrían ser considerados prenda de operaciones de recompra de títulos públicos, se recordaba en Economía que en los tiempos de Mauricio Macri este tipo de operaciones eran normales desde el Ministerio de Finanzas bajo la conducción de Luis “Toto” Caputo. La reflexión del Gobierno de las últimas horas es que podría aceptarse la cláusula de rescate mandatorio al considerar que cualquier futura colocación de deuda de la Argentina dentro del Gobierno de Alberto Fernández o de quién lo suceda sería a una tasa de interés conveniente. Y que, en consecuencia, la Argentina estaría cambiando deuda reduciendo intereses.

Cláusula Antibuitre. Aplicada para toda la emisión de deuda posterior a 2016 implica que en caso de nuevo default por parte de la Argentina, los tenedores de deuda impaga deberán conseguir una masa crítica de más del 25% de los acreedores para poder avanzar en causas judiciales contra el país; además de tener que esperar hasta el final del ciclo de vida útil de esa emisión. Esta cláusula, por tener deudas lanzadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en 2005 y 2010, no aplica para los tenedores de deuda anterior al 2016 y ya está aceptado por la Argentina que estos acreedores mantendrán este derecho adquirido.

Cupón PBI. La Argentina sigue proponiendo un bono extra a partir de la evolución de las exportaciones, lo que le garantizaría al país que siempre las divisas necesarias para liquidar el compromiso estarían disponibles. Sin embargo podría discutir la eventualidad de un bono que indexe por el PBI o un cupón mixto. Lo que no está dispuesto a aceptar Alberto Fernández es que la fórmula de medición se dé a partir de lo que estime el FMI o cualquier organismo que no sea el Gobierno argentino.