Por Liliana Franco - El gobierno continúa haciendo esfuerzos para hacer más atractiva su oferta a los bonistas y lograr una reestructuración sin comprometer la sustentabilidad de la deuda externa.

Las mejoras no sólo son económicas, también contemplan los aspectos legales, cuestiones que se habían constituido en uno de los principales escollos para el avance de las tratativas. Se tomó la decisión de mantener las condiciones contractuales (indenture) de los bonos emitidos en 2005 pero sólo para los tenedores de estos títulos (no para los bonos colocados en 2016), según señalaron a Ámbito fuentes de la negociación.

En tanto, los grupos Ad Hoc y Exchange dieron a conocer un comunicado en el que informar “no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades de Argentina desde el 17 de junio, a pesar de la publicación de informes en sentido contrario”.

Con relación a las cuestiones legales, los tenedores de bonos Discount y Par, es decir los emitidos en 2005, consideran que no es negociable un eventual cambio de las cláusulas que los protegen, toda vez que les brinda una mayor cobertura legal que los bonos lanzados en 2016, un punto – se sostiene- que ahora el ministro Martín Guzmán ha decidido aceptar.

Analistas internacionales consideran que volver a las clausulas Indenture 2005 sería “un retroceso legal”. Precisamente hoy se conoció un trabajo de la Asociación de Mercado de Capitales en el que se enfatiza la importancia de las nuevas cláusulas de acción colectiva con el propósito de que los holdouts –los acreedores que no ingresan en las negociaciones –impidan que un país pueda restructurar su deuda. Las nuevas cláusulas fue resultado de un trabajo grupal del sector privado, del G20, FMI, el Club de París y del Tesoro de los Estados Unidos, entre otras organizaciones.

Las nuevas fórmulas para la renegociación de deudas fueron la respuesta a las malas experiencias de los fondos buitres que litigaron contra Argentina y Grecia.

No obstante, el Gobierno mantendría la posibilidad de utilizar la reasignación de los títulos (en lo que se conoce como el método

(PAC MAN) para lograr las mayorías necesarias para activar las cláusulas de acción colectivas (CACs) y posibilitar la renegociación, una cláusula que fue objetada por los acreedores.

Mejora

En lo concerniente a la oferta económica, en el Palacio de Hacienda se realizaron distintas modificaciones a la oferta que elevan el valor presente neto de los títulos de 49,90 dólares por cada lámina de 100 (tomando una tasa de salida de 10%), conforme a la anterior oferta, a cerca de 53 dólares, según trascendió en fuentes de los fondos de inversión.

En lo sustancial, esta suba en el valor presente se logra mediante un adelantamiento en el pago de los cupones con relación a la última oferta. Además, se contempla aumentar el pago de intereses sobre el capital devengado si los fondos ayudan a formar las mayorías para activar las CACs.

La nueva oferta argentina amplía las posibilidades de llegar a un acuerdo, ya que la mayoría de los acreedores considerarían viable un canje que reconozca unos 53 dólares de valor presente, aunque también hay fondos con posiciones más duras, tal el caso de Ashmore, que no estarían dispuestos a acordar por menos de 57 a 60 dólares.

Frente a este panorama el gobierno estaría transitando un camino alternativo en materia de la negociación con los grupos de bonistas, según señala un informe de Cohen – Delphos Investment. Este camino implicaría buscar una diferenciación entre los mismos que asegure alcanzar un nivel de apoyo necesario para activar las CACs de la mayoría de los bonos, o alcanzar una adhesión que al menos triplique la registrada en el primer canje, sostiene el trabajo Y advierte que “se trata de una estrategia arriesgada, ya que los bonistas más duros podrían hacer sentir su voz en los tribunales de Nueva York”.

Enojo

En este sentido, se comenta que el Palacio de Hacienda, a través del Banco UBS que representa a Gramercy y Fintech, trasmitieron la oferta argentina a los acreedores privados, particularmente dentro del club de los más intransigentes -el grupo Ad Hoc liderado por BlackRock- con el objetivo de impulsar una oferta que puede sumar a bonistas y alcanzar mayorías, dejando en soledad a los acreedores más duros. Esto motivo, el desagrado de los restantes grupos de bonistas.

Los grupos Ad Hoc y Exchange dieron a conocer hoy una comunicado en el que aclaran que “no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades de Argentina desde el 17 de junio, a pesar de la publicación de informes en sentido contrario”.

Agrega que “la falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante dado que el tiempo es un factor esencial y todas las partes deberían centrarse en evitar los elevados costos legales y económicos que conllevaría prolongar el incumplimiento de pagos”.

Finalmente señalan que “los acreedores continúan dispuestos a participar de forma constructiva con el gobierno argentino para alcanzar un acuerdo mutuo que cuente con el apoyo unánime de los tenedores de bonos”.

Cabe recordar que el Gobierno necesita al menos una aprobación del 66% para los títulos emitidos durante 2016 para avanzar con una reestructuración total de las distintas series. Mayores son las exigencias para los bonos canjeados en 2005, ya que se requiere entre 75% y el 85% de adhesión para avanzar en la CACs.