Por Francisco Jueguen y Rafael Mathus Ruiz - El Gobierno acusó a los principales acreedores de la Argentina de adoptar una “posición intransigente” en el proceso de reestructuración de la deuda luego de que los dos grupos más grandes de los tres que negociaron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmaran que no han tenido “ninguna interacción sustantiva” con el equipo económico desde mediados de junio, cuando se cayó la última ronda de discusiones.

“Las negociaciones están duras, pero hay acreedores que están trabajando de una forma mucho más constructiva para la Argentina y con voluntad de llegar a un acuerdo sostenible. Otros, principalmente Ad Hoc, están en una posición intransigente”, indicaron fuentes del Gobierno.

Pero después de esa crítica llegó una nueva señal a favor de un arreglo: “La Argentina continúa en diálogo con los distintos grupos vía sus asesores y abierta completamente al diálogo para una reestructuración que sea sostenible. Lo que ellos piden es insostenible y exigen cláusulas legales inaceptables para la República”, agregaron.

Ese mensaje despuntó unas horas después de que los dos grupos integrados por los principales fondos que poseen títulos argentinos, entre ello BlackRock, Fidelity, Ashmore y Monarch, indicaran en un comunicado conjunto que no habían tenido “ninguna interacción sustantiva” con el Gobierno desde el 17 de junio, y negaron informes en la prensa que indicaban lo contrario. El Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange recordaron que poseen unos US$21.000 millones en bonos argentinos, incluidos más del 32% de los bonos globales y el 32% de los bonos de los canjes de 2005 y 2010.

Al igual que el Gobierno, los acreedores también renovaron su disposición al diálogo.

El nuevo cruce llegó cuando el Ministerio de Economía mantiene silencio sobre el avance del canje, aunque detrás de escena despliega un trabajo capilar –junto a parte del ala política del Frente de Todos– para intentar socavar la influencia de los fondos más grandes en el proceso.

Las diferencias entre la tercera y última propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la de los grupos más distantes –los “más duros”, según el oficialismo– se achicó a menos de US$7000 millones luego de las últimas discusiones. Pero además de la brecha económica, las partes difieren también en las cláusulas legales de los nuevos bonos: los bonistas buscan protecciones similares a las que otorgó Néstor Kirchner en 2005, más beneficiosas para los acreedores, pedido que el Gobierno rechaza de plano.

“El Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos soberanos argentinos y el Grupo de tenedores de bonos Exchange desean aclarar que no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades de Argentina desde el 17 de junio, a pesar de la publicación de informes en sentido contrario”, informaron en un comunicado.

“La falta de una interacción seria por parte de las autoridades de la Argentina es sumamente preocupante dado que el tiempo es un factor esencial y todas las partes deberían centrarse en evitar los elevados costos legales y económicos que conllevaría prolongar el incumplimiento de pagos en el que se encuentra el gobierno argentino”, dijeron. Al final, reiteraron su intención de buscar un arreglo: “Los acreedores continúan dispuestos a participar de forma constructiva con el gobierno argentino para alcanzar un acuerdo mutuo que cuente con el apoyo unánime de los tenedores de bonos”.

Fuentes cercanas a Guzmán señalaron que el proceso de negociación “va a llevar tiempo” y dijeron que no hay una “nueva propuesta formal”, más allá de “garabateos” con financistas y abogados, y admitieron la necesidad política de llegar a buen puerto con la reestructuración de la deuda.

“Queda mucho por trabajar”, indicó una fuente oficial, que sin embargo admitió la intención de “rodearles la manzana” a los bonistas más duros, un reclamo de algunos analistas que pedían trabajar para intentar dividir a los acreedores. Los tres comités de bonistas mantienen líneas abierta y han dicho que coordinan sus posiciones entre ellos.