Un tribunal de Nueva York debe decidir el pedido de un grupo de acreedores de Vicentin spara que la empresa presente documentos que incluyen transferencias bancarias electrónicas, en el marco del concurso de acreedores por el que atraviesa la compañía.

Esos acreedores, entre los que se encuentran los bancos Rabobank, Credit Agricole, ING y el Banco Mundial, buscan conocer detalles de las transferencias que se realizaron entre Vicentin y varias de sus filiales.

También solicitaron información sobre las transacciones de los ejecutivos de la cerealera santafecina.

Tal como anticipó BAE Negocios la semana pasada, los acreedores internacionales a los que la firma agropecuaria argentina les adeuda cerca de 500 millones de dólares, buscan investigar un supuesto "vaciamiento".

“El Consorcio necesita saber cómo desaparecieron cientos de millones de dólares -y posiblemente más de 1.000 millones de dólares- de activos", afirman en su presentación de Discovery, que también incluye a las compañías Coöperatieve Rabobank U.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., la Corporación Financiera Internacional, Natixis y Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V..

Los abogados que representan a esos bancos indicaron que la documentación que se solicita será para utilizar en un procedimiento que está pendiente ante tribunales de la Argentina, según publicó la agencia internacional Bloomberg.

Se trata de documentos con datos de principios de 2017 a la actualidad, y se vinculan con los negocios de Vicentin y sus filiales, entre ellas la de Paraguay.

Los bancos también pretenden información sobre los gerentes y miembros de las familias fundadoras de la compañía, como Sergio, Pedro y Roberto Vicentin.

Vicentin debe 1.350 millones de dólares a sus acreedores, principalmente, cooperativas agrícolas; otro gran acreedor de la cerealera es el Banco Nación.

El Gobierno anunció la expropiación de la empresa, pero hasta el momento, ese mecanismo no fue abordado por el Congreso.

Cruce en Santa Fe

En este escenario, la batalla legal iniciada en torno a Vicentin sumó el miércoles otro capítulo, con un cruce entre los dueños de la empresa y la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que ofreció más pruebas para que se los investigue por haber ocultado sociedades y bienes en el marco de la convocatoria de acreedores.

Para los dueños de la compañía, el escrito de la titular de la IGJ de Santa Fe, María Victoria Stratta, forma parte de una actitud "temeraria y calumniosa" destinada a lograr la intervención de la firma a partir de un plan impulsado por el gobernador Omar Perotti.

Stratta, mediante un extenso documento, pidió al juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, adoptar diversas medidas para determinar: "a-) las vinculaciones societarias ocultadas al pedir el concurso preventivo y, b-) la conducta de los directores respecto de sus bienes".

"No obstante, a ellas cabe agregar hoy otros hechos vinculados a la administración que no hacen sino corroborar la necesidad de intervención de la administración", agregó la funcionaria.