Por Maia Jastreblansky - El Gobierno retomó ayer la iniciativa económica con una serie de anuncios para el sector productivo destinados a enfrentar las consecuencias de la crisis y la caída de la actividad.

En esa línea, el Ejecutivo envió a Diputados un proyecto de moratoria impositiva de amplio alcance, que abarcará a grandes emp re sas, pymes, monotributistas y autónomos.

Por la mañana, a su vez, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de obras públicas en 19 municipios de seis provincias del sur. El Gobierno, a su vez, presentará un plan para reactivar el turismo después de la pandemia con la compensación del 50% de los paquetes que se compren antes del 31 de diciembre.

Ante un auditorio de empresarios, Fernández propuso “revisar el capitalismo” y destacó que Es tados europeos se quedaron con una porción de las empresas que auxiliaron. En el cierre del encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), también se mostró a favor de un desarrollo “armónico” entre el sector agropecuario y la industria.

Kulfas reconoció “un notorio deterioro de la actividad económica”

La agenda económica no puede seguir esperando a que finalice la cuarentena por el coronavirus. Esa es la premisa que ganó terreno en los últimos días en la Casa Rosada, donde pretenden retomar la iniciativa con una serie de anuncios para el sector productivo, en crisis y endeudado por las extendidas medidas de confinamiento.

En esa línea, el Gobierno envió ayer a Diputados un proyecto de ley de moratoria de amplio alcance, como había adelantado la nacion, que abarcará a grandes empresas, pymes, monotributistas y autónomos, de modo de aliviar sus deudas y evitar que se sigan quedando en el camino durante la pandemia. El espíritu de la nueva iniciativa, bautizada internamente “moratoria universal”, es que “incluya a todos”. Es decir, a todas las personas humanas y jurídicas sin importar su tamaño, aunque impone condicionamientos para las grandes empresas.

Durante 24 meses las empresas de mayor tamaño no podrán distribuir dividendos, ni “realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria”, así como tampoco acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas en el exterior.

El Gobierno reconoció que “es la primera vez que en una moratoria se incluyen estos compromisos concretos”, con el objetivo de que las grandes empresas reinviertan sus utilidades. El proyecto incorpora también a fundaciones, clubes deportivos y consorcios, y abarca todo tipo de impuestos, desde Ganancias hasta IVA.

De esa forma, el proyecto amplía el universo de contribuyentes previsto en el plan de Moratoria 2020 actual, que alcanzaba solo a pymes, monotributistas y autónomos con la condición de que tuvieran su Certificado Mipyme. Según informaron fuentes oficiales, los beneficios de la moratoria estarán segmentados. Dependiendo del tamaño de las empresas que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 cuotas (para las grandes empresas) o 120 cuotas (para personas humanas y pymes) para las obligaciones tributarias y aduaneras; y tener hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones de la seguridad social. Prevé, además, una “condonación parcial de intereses y total de multas”.

“Los problemas dejaron de ser financieros y pasaron a ser problemas de solvencia serios con la irrupción del Covid-19”, reconoció la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un anuncio grabado en la Casa Rosada.

Respecto de la financiación, el proyecto prevé que hasta enero de 2021 se pague con una tasa de interés inicial fija de 2% y que a partir de ese momento comience a regir una tasa variable.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció

“un notorio deterioro de la actividad económica, que ha implicado un aumento de las deudas impositivas y un daño que llega a amplias capas del tejido productivo “.

“La idea es que las empresas puedan salir de la crisis con una menor carga para que, cuando termine esta pandemia y salgamos adelante con nuevos planes para el crecimiento económico y social, estén reestructuradas sus deudas impositivas y previsionales”, agregó.

La fecha de corte será para deudas vencidas a 30 de junio. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de octubre y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién el 16 de noviembre.

El Gobierno está decidido a “blanquear” a todos los contribuyentes, así implique un notable golpe a la recaudación. El presidente Alberto Fernández entiende que es imperioso tomar una serie de medidas para auxiliar al sector productivo, cuando se registró la caída de la actividad más importante en la historia, con un desplome interanual en abril de un 26,4%.

En el primer semestre, la AFIP informó que se recaudaron $2,8 billones, lo que equivale a un crecimiento nominal de 26,7%, pero una caída real del 15%. Actualmente, la deuda exigible no regularizada y regularizada asciende a más de 500.000 millones de pesos.

El Gobierno acelera así un nuevo marco de alivio tributario cuando, en Diputados, Máximo Kirchner y Carlos Heller pretendían darle impulso a su proyecto de ley para gravar las grandes fortunas. Tal como publicó la nacion, los diputados oficialistas esperaban primero contar con luz verde del ministro de Hacienda, Martín Guzmán .

En la Casa Rosada confiaban en conseguir los consensos legislativos para poder avanzar con la moratoria. Argumentaban que la oposición en distintos proyectos de ley introdujo artículos relativos a moratorias para distintos sectores productivos.