en el portal estadounidense Project Syndicate, los economistas dijeron que "si Argentina accediera a las demandas de un grupo de acreedores atrasados -en referencia a las pretensiones del denominado Grupo Ad Hoc-, crearía un precedente desastroso que retrasaría en más de una década el desarrollo de la arquitectura legal internacional para la deuda soberana".

"En las negociaciones de deuda en curso, Argentina está utilizando la cláusula hábilmente y un grupo de acreedores ha propuesto retroceder y está presionando a Argentina para que la elimine", subrayaron.

En la mirada de los economistas, ante la falta de un marco global para reestructuraciones de deuda, la Cláusula de Acción Colectiva (CAC) es "una medida prometedora que permite que avance una reestructuración donde sea aprobada por una gran mayoría del conjunto de acreedores".

Los especialistas internacionales aludieron de esta forma a la pretensión del denominado Grupo Ad Hoc de que todos los bonos nuevos que la Argentina emita para el canje estén regidos por las CAC de 2005 y 2010, dejando de lado las cláusulas que comenzaron a correr a partir de 2014 más beneficiosas para los soberanos.

Para los especialistas, el progreso que significaron las cláusulas que comenzaron a regir en 2014 fue producto de "la reacción comprensible al litigio de los ´fondos buitre´ contra Argentina en Nueva York, que amenazó una reestructuración ya viable apoyada por la mayoría de los acreedores de la nación".

Destacaron que el nuevo estándar de las CAC fue desarrollado a través de un grupo de trabajo del Tesoro de los Estados Unidos y evaluado favorablemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2014.

"Se ha convertido en la mejor práctica de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y ha sido respaldado por el G20 como un elemento indispensable de la arquitectura financiera internacional para la deuda soberana", enfatizaron.

En otro tramo del escrito, detallaron que "la propuesta de los acreedores es reemplazar las CAC con arreglos más antiguos, que podrían conducir nuevamente a la depredación de fondos buitres que un número creciente de países ha enfrentado en las últimas dos décadas".

"Creemos firmemente que la comunidad internacional debe presionar a estos acreedores para que retiren la demanda y apoyen a Argentina para rechazarla", concluye el escrito.

Entre los más de 70 firmantes se destacan Joseph Stiglitz y Thomas Piketty; el jurista Robert Howse; el exsubsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales John B. Taylor; la politóloga Anne-Marie Slaughter; y el execonomista jefe del Banco Mundial, François Bourguignon.