Por Carlos Burgueño - La posición argentina en la negociación con los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional encontró desde esta semana aliados fundamentales. El Bank of America y el HSBC, los dos bancos colocadores de los nuevos títulos públicos elegidos por el Ministerio de Economía -de manera silenciosa y hasta indirecta-, están trabajando a favor de la aceptación de la propuesta. No lo hacen ante los fondos de inversión más importantes, comenzando por el poderoso BlackRock, Fidelity, Ashmore y Authority, sino ante fondos importantes pero que manejan menos cantidad de dinero a nivel internacional. Y que en general operan a través de sus plataformas financieras mundiales. También están enviando mensajes hacia clientes particulares con posesiones de deuda argentina en negociación, tanto dentro de los dos bancos como en otras entidades de fuerte presencia en Wall Street.
Si bien no es la tarea para lo cual el Bank of America y el HSBC fueron contratados, ambas entidades le dieron un guiño al país para ir un poco más allá en sus tareas y trabajar a favor de un acuerdo. Considerando además que desde la presentación de la oferta del 3 de julio, la Argentina ahora sí está en condiciones de llegar a una fumata final con los representantes de los acreedores. En la misma línea editorial consideran que la posición de los acreedores más duros está hoy algo radicalizada y creen que algunos de los reclamos son extemporáneos a la propuesta. Por lo bajo dicen algo mucho más duro. Consideran que algunas posiciones de BlackRock buscan en la renegociación con la Argentina modificar nuevas normas financieras internacionales de los procesos de colocación de deuda soberana voluntaria en los mercados internacionales. Incluso consideran que esta posición dura del fondo de inversión de Larry Fink (compartida por sus pares del grupo AdHoc), podría perjudicar el gran negocio de colocación de títulos púbicos en Wall Street. Y, acto seguido, se perjudicarían ambos bancos en su rol de especialistas en el mercado de lanzamiento de deuda de países soberanos.
El punto fundamental donde los dos bancos no coinciden con el gran fondo de inversión de Fink, es en el reclamo del indenture de los bonos lanzados para los canjes de 2005 y 2010 para la deuda emitida luego de 2016. Se trata del reclamo para que la posibilidad de ejecutar juicios sumarios ante el segundo Distrito Sur de Nueva York, en el caso de que la Argentina vuelva a caer en default, sin necesidad de aplicar las cláusulas “antibuitre”. Estas implican que para avanzar en una presentación judicial se debe esperar, entre otras cuestiones, a que termine la vida útil del bono emitido y una mayoría de casi el 35% de los tenedores de deuda. Estas restricciones, que no figuran en la última propuesta de Guzmán para los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 son rechazadas por BlackRock y compañía, que exigen los mismos derechos que sus primeros del grupo Exchange Bondholderes comandados por Monarchy representados por el abogado Dennis Hranitzky. Mencionan que la eliminación de esta cláusula de la oferta es necesaria ante la sospecha de que el país volverá a entrar en default en unos años, y que se trata de un “deudor recalcitrante”, según el mensaje que recibió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de parte de sus interlocutores del fondo de inversión, mientras intentaba cumplir la misión imposible pedida por Alberto Fernández de convencer a Fink de reducir su posición irreductible.
Para el Bank of America y el HSCB, y en general para todos los operadores importantes de Wall Street este reclamo de BlackRock y el resto del grupo AdHoc es indefendible. Se considera que las “cláusulas antibuitre” se aplican desde 2014 en el sistema financiero internacional (antes del comienzo de la megaemisión de deuda argentina del 2016 a 2018), y que son un mecanismos ya cerrado y aceptado por los mercados internacionales como protección para juicios de los fondos buitre. Se menciona que esta cláusula se respetó en las negociaciones de duda de Ucrania y Ecuador, y que eliminar el derecho en la renegociación con la Argentina provocaría una jurisprudencia negativa hacia el futuro. No sólo para futuras negociaciones por deudas impagas (algo imposible de detener en un mundo en pandemia) sino para la voluntad de colocación de activos financieros futuros de países en desarrollo o emergentes. Se supone que el mercado futuro de este tipo de operaciones será de alta demanda en la era pospandemia, y que el negocio se complicaría si BlackRock insiste en no aplicar las protecciones legales contra los fondos buitre vigentes desde 2014. El fondo se defiende asegurando que las cláusulas sólo quieren ser suspendidas para el caso argentino por su pésimo pasado, y que cuando vuelvan a negociar con países con mejores conductas las restricciones colectivas serían reactivadas.
Bank of America y HSBC buscan también que el canje presentado por Guzmán avance por otra cuestión, en este caso vinculado al marketing. Ninguna de las dos entidades quiere estar “pegada” a un proceso fallido, y que derive en un megajuicio en los tribunales de Loretta Preska, donde inevitablemente los abogados de los dos bancos tendrían que circular para declarar. Así, los dos nombres de las entidades financieras quedarían indirectamente involucradas en la que sería el juicio más grande entre fondos de inversión de elite y un país soberano de bastante importancia. Se reconoce que se los señalaría como parte de una causa más que desagradable, y que una situación de este tipo sería negativa para el negocio.
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