El proyecto de ley de moratoria elaborado por el Poder Ejecutivo que comenzará a analizar hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados es uno de los reclamos insistentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) para morigerar el impacto económico y financiero de la pandemia de coronavirus.

De hecho fue una de las sugerencias que el Comité Ejecutivo de la UIA, encabezado por su presidente, Miguel Acevedo, le acercaron a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, durante una reunión que tuvo lugar el mes pasado.

La agenda del encuentro incluyó la situación de la actividad industrial, el impacto del contexto económico y financiero en el sector productivo, las medidas tributarias para afrontar la emergencia y las perspectivas en función de la postpandemia.

Durante la reunión de trabajo, las autoridades de la UIA acercaron a Marcó del Pont un informe con la actualidad de las regiones y los sectores productivos del país. En función de las dificultades que atraviesa la industria argentina, llevaron una serie de iniciativas entre la que figuraba “la ampliación de la moratoria vigente tanto a las pymes como al universo de las personas jurídicas no incluidas en la Ley 27.541”.

En esa oportunidad, la UIA también sugirió a continuidad del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo, y la Producción” y la implementación de la cuenta corriente fiscal que permitiera la utilización de saldos disponibles a favor en el pago de otros impuestos.

El proyecto

El plenario de la comisión -que conduce el diputado oficialista Carlos Heller- se reunirá para tratar la iniciativa que permite cancelar en cuotas las deudas impositivas, previsionales y aduaneras contraídas hasta el 30 de junio pasado.

El bloque de diputados del Frente de Todos aspira a sancionar este proyecto antes de fin de mes.

La iniciativa forma parte de un paquete de leyes impulsadas por el Gobierno, que contempla también la reestructuración de la deuda emitida a nivel local y la ampliación del Presupuesto de este año.

De todos modos, el primer objetivo del oficialismo es avanzar con el proyecto de moratoria para las deudas impositivas, previsionales y aduaneras, que contempla planes de pago acordes al tamaño de cada empresa y tipo de deuda.

El proyecto amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social que solo era para pymes, y fija que será para las deudas acumuladas al 30 de junio.

La iniciativa fija que habrá plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse y que la primera cuota vencerá el 16 de noviembre.

El proyecto establece que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, mientras las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.

La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, regirá una tasa variable en pesos.

Además determina que las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.