Por Estefanía Pozzo - Desde que el Ministerio de Economía oficializó ante la SEC la nueva oferta a los bonistas extranjeros, el mensaje que repitieron todos los funcionarios, incluido el presidente Alberto Fernández, fue el mismo: el período de negociaciones había terminado y quedaba en los bonistas aceptar o rechazar la propuesta argentina porque la pelota estaba en su lado de la cancha. Pero esta semana, tres grupos de acreedores (Ad Hoc, Exchange y una parte de ACC) presentaron al ministro Martín Guzmán una oferta conjunta con una estructura similar a la presentada por la Argentina y desde el Gobierno abrieron una posibilidad de diálogo sobre uno de los aspectos, pero volvieron a cerrar filas sobre otro. Desde el Palacio de Hacienda le dijeron a Ámbito que es posible revisar algún detalle de las cláusulas legales que permanezca “equidistante”, pero que los términos económicos de la propuesta argentina no se tocan.

Si bien la mayor parte de la atención se concentra en los grandes grupos de acreedores, que según ellos mismos reúnen un tercio de los títulos en disputa, desde Economía aseguran que la estrategia oficial no mira únicamente a esos bonistas “cartelizados”. “Los bancos apuntan a maximizar la participación de todo el universo de la base inversor”, remarcó un funcionario al tanto de las últimas novedades. Sin embargo, el equipo de Guzmán es muy cuidadoso a la hora revelar detalles sobre los contactos (existentes o no) con representantes de los grupos más hostiles con el país.

A pesar de abrir un canal de diálogo, la posibilidad de acercar posiciones sobre las cláusulas legales tiene un límite: debe contar con apoyo de la comunidad internacional. Dicen en Economía que “si hay cláusulas legales que disipen inquietudes y cuenten con apoyo de la comunidad internacional, eso puede ser parte de un diálogo, pero sobre la base de los términos económicos planteados en la oferta definitiva”.

El análisis que hace el mercado es que la propuesta de los tres grupos de bonistas arroja un VPN de u$s56,1; tres dólares por encima de lo que valúan a la propuesta oficial. Esa diferencia, indica un análisis realizado por la consultora 1816, se explica por el “bono PDI” (por el cual los acreedores piden cupón anual fijo de 4,9% versus el 1% que ofreció el Gobierno) y también por el flujo de los bonos. Sobre esto último, desde la consultora estimaron que los comités piden “u$s1.000 millones más de flujos en el actual mandato presidencial y, en total, u$s1.600 millones durante la vida total de los bonos”.

Sobre los términos legales, la nueva propuesta de los acreedores pide modificaciones al Indeture 2016, que regula las cláusulas de acción colectiva. Estas cláusulas le permiten al país deudor reagrupar distintas series de bonos con diferentes vencimientos para modificar los cálculos de las mayorías necesarias para cerrar el proceso de negociación. Esta normativa fue aprobada e incorporada en 2014 por la Asociación de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y se volvieron un estándar en la colación de la deuda soberana. Pero aún no queda claro en la propuesta de los acreedores cómo debería ser la nueva redacción del marco legal.

Este pedido sobre las cláusulas de acción colectiva es menos exigente que la presentación inicial de los bonistas. La intención inicial era que los nuevos bonos que se emitan en este canje respeten los estándares legales de la deuda emitida en 2005 y 2010, a lo que la Argentina se negaba porque permitieron el ingreso de los holdouts y abrieron un litigio millonario contra el país en el juzgado de Thomas Griesa. “No vamos a volver atrás”, repitió una y otra vez Guzmán en cada instancia pública en la que se refirió a las diferencias con los acreedores. También dejaron de lado el reclamo de la obligatoriedad de que la Argentina cumpla con el artículo IV del FMI.

En el calendario quedan todavía 13 días por recorrer. Pero en el Ministerio de Economía aseguran que el 4 de agosto sigue siendo la última fecha.