El Valor Presente Neto ofrecido por Argentina en su propuesta del 3 de julio pasado, llegó a los u$s53,4 por cada lámina de 100; y, según ratificó Alberto Fernández el viernes y el propio Guzmán en un comunicado publicado el sábado por el Palacio de Hacienda, es inamovible. Por su parte, los acreedores reclamaron formalmente un VPN de u$s 56,5; con lo que la diferencia es la más exigua que existió en toda la negociación. En total, Argentina reclama una quita de u$s33.400 millones, contra una aceptación eventual de u$s31.500 millones de parte de los bonistas. Ese dinero se distribuiría en unos u$s200 millones por año entre el 2020 y el 2030 y 60 millones más por año a liquidar alternativamente entre el 2020 y el 2040, según lo que piden los tres grupos de acreedores.

El principal conflicto se concentra en el diseño del principal “anabólico” ofrecido por Argentina: el cupón 2030 para los que acepten la oferta argentina antes del fin del proceso que culmina el 4 de agosto. El premio de liquidar los intereses no devengados hasta septiembre de este año terminó siendo avalado por los tres grupos de bonistas; que, sin embargo, pidieron que sea liquidado con una tasa de interés de 4,9% en lugar del 1% propuesto por Guzmán. Según los privados, esa es la tasa que le cobra al país el FMI. Para Argentina, siendo un bono a modo de premio, pagar el 1% ya es demasiado.

En términos legales, las partes estarían más cerca que en el capítulo financiero. La concesión más importante que está dispuesta a dar Argentina a los fondos de inversión es el reconocimiento de que se trata de “acreedores privilegiados” y, en consecuencia, no serían pasibles de aplicación de las “cláusulas de reasignación”. Estas quedarían relegadas a los inversores particulares o pequeños fondos (medido según la cantidad de deuda que detenten y según una fórmula hasta hoy indeterminada). Si Argentina llegara a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Managment, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus, entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda, serán acreedores privilegiados. Argentina supone que con esta aceptación, se flexibilizaría el cierre del aval de los acreedores a las cláusulas de reasignación, y así avanzar en la formación de mayorías imprescindibles en los principales bonos presentados en la oferta de Guzmán.

Donde más diferencias existen, es la manera en que el país podría aplicar las “cláusulas antibuitre”.