Por Carlos Burgueño - Argentina entrará pasado mañana en default total. El jueves 30 el país no cumplirá con el pago del Discount, e ingresará en terreno rojo en todo el mosaico de deuda externa en dólares en manos de tenedores privados y organismos financieros internacionales. Y, en el caso de ese bono en manos de acreedores que aceptaron la oferta del 2005, podrían iniciar acciones legales en los tribunales de Nueva York; ya que no cuenta con las restricciones de las “cláusulas antibuitre” aplicadas desde 2016 en adelante.
Sin embargo, el Ministerio de Economía logró un pacto de caballeros: mientras las partes estén en la mesa de negociaciones, no habrá instancias legales de parte de los tenedores de los Discount. Desde el Exchange Bondholders, el grupo que aglutina a la mayor parte de los fondos de inversión con este tipo de deuda, se le aclaró a Buenos Aires que no habrá avances judiciales; hasta que el proceso esté terminado. Luego, obviamente, dependerá del éxito o fracaso de los cruces actuales. En la aclaración sobre la pax judicial, desde Nueva York, se remarcó que se tendrá en cuenta también una eventual extensión del plazo que vence el próximo 4 de agosto.
Con el default del jueves Argentina terminará de cerrar el mix de deuda impaga, llegando a la totalidad de la deuda emitida por el país. Desde agosto del año pasado, aún durante el gobierno de Mauricio Macri, se decretó el reperfilamiento de los primeros vencimientos en dólares con legislación emitida bajo legislación nacional; iniciando el proceso que terminará mañana. En el medio el país dejó de pagar el 22 de mayo los Global 21, 26 y 46 por unos u$s503 millones; iniciando el período de la deuda emitida bajo legislación internacional. El país también está en default con los organismos financieros internacionales, al no haber cumplido con la liquidación de los u$s2.100 millones adeudados al Club de París el 9 de junio pasado.
La novedad del próximo jueves es que se vence el plazo de gracia para estar al día con la deuda también emitida bajo esas reglas legales de Wall Street; pero para el caso de títulos públicos emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En otras palabras, pasado mañana se dejarán de pagar bonos emitidos durante el kirchnerismo; y durante una gestión del mismo signo. Incorporará estos bonos (junto a los Par) a la reestructuración de deuda, fue una decisión personal que Alberto Fernández tomó en marzo pasado y que consultó con Cristina Fernández de Kirchner, recibiendo el visto bueno de parte de la actual vicepresidenta.
Pensar en defaultear bonos emitidos durante la propia gestión no era una posición fácil de aceptar; con lo que ameritaban consultas a la exjefa de Estado. Aun con los peligros legales que este default implica y que no alcanzan a la deuda emitida desde 2016 en adelante, y que incluyen cláusulas antibuitre que dificultan y traban la posibilidad de avanzar en juicios contra el país, aun en default, sin contar con mayorías superiores al 35% y sin espera al final del diseño de la vida útil de esos bonos. Además, la acción colectiva debe tutelarse bajo la representación del Trustee/Bondholder Rerpresentative (Comisario de la emisión). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, solo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal del segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Loretta Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde el 2016 en adelante, algo frenado mientras las partes estén negociando.
No es el caso de los Discount, y de toda la deuda lanzada durante el gobierno de Néstor Kirchner luego del default de 2001. Como la Argentina comprobó durante el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, no hay cláusula o salvaguarda en la emisión de toda esta deuda que proteja al país de los juicios inmediatos en los tribunales del segundo Distrito Sur de Nueva York. Más teniendo en cuenta que el fallo de Thomas Griesa en contra del país dejó una jurisprudencia contraria para toda la deuda emitida durante el kirchnerismo, con lo que cualquier simple presentación ante un default argentino derivaría en una aceleración de las causas ante Preska, no sólo correspondientes a los pagos del Discount, sino del bono Par, también emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner. En total, la deuda que podría reclamarse llegaría a los u$s20.000 millones. La denominación real del Discount es Títulos Discount en Dólares Estadounidenses Regidos por la Ley de Nueva York con Vencimiento en Diciembre de 2033, y su nombre de batalla en el mercado de capitales es el DICYD y paga intereses por 8,28%. Se liquida cada 30 de junio y 30 de diciembre. La propuesta original de Guzmán para canjearlo es la emisión de un título con vencimiento en 2039, que comenzaría a pagar intereses del 0,6% en el último trimestre de 2023, ascendiendo a un 1,75% entre 2024 y 2025; 4% entre 2026 y 2027 y 4,5% desde 2028.
La promesa de no avanzar en juicios contra la Argentina a partir del viernes, luego de confirmarse el default total, le fue comunicada por los voceros del grupo Exchange Bondholders, a los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Fue un mensaje del profesional que Dennis Hraritzky le envió al estudio contratado por el país; asegurándole, que en lo que a él respecta, no tiene pensado patear la mesa de negociaciones mientras las partes estén sentadas discutiendo de buena fe.
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