Por Martín Kanenguiser -El canje de la deuda bajo ley extranjera logró puertas adentro del país una aceptación del 92% hasta ayer, un importante avance respecto del 70% que se había sumado en la primera fase, que cerró el 8 de mayo.
Una fuente de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), principal accionista de Caja de Valores, indicó a Infobae que la aceptación fue del 92%, equivalente a unos USD 5.400 millones, sobre una deuda de USD 64.800 millones que el Gobierno pretende reestructurar. Se trata básicamente de inversores minoristas, con escaso margen y un alto costo para sumarse a una potencial demanda judicial en el exterior.
La Caja de Valores custodia cerca del 9% de la deuda bajo legislación extranjera.
Mientras tanto, según expresó ayer el ministro Martín Guzmán, el Gobierno estudia una nueva postergación del plazo de cierre del canje hasta fin de mes, a la espera de que se revierta el estancamiento que existe con los tres comités de acreedores, que concentran más de la mitad de la deuda que será renegociada.
El lunes, estos tres comités confirmaron que no aceptarán la actual oferta oficial, que tiene un valor de USD 53,4 en promedio y que esperan una mejora tanto en términos financieros como legales. Más aún, advirtieron que tienen posibilidades de bloquear la oferta oficial para que no llegue a su umbral mínimo de aceptación.
La última propuesta de los grupos ACC, Ad Hoc y Exchange -que, lejos de separarse como pretendía el Gobierno, se unieron y sumaron a otros fondos que no estaban con ellos- tiene un valor promedio de 56,5 dólares cada 100 pero los bonistas dieron a entender que están dispuestos a encontrar un punto de equilibrio, mientras que el Gobierno expresó que está dispuesto a estudiar concesiones en materia legal, pero no del valor nominal de la oferta. Como se pensaba desde hace varios meses, el punto de equilibrio parece estar en torno de los USD 55.
Sin embargo, estas concesiones en materia jurídica -que tienen que ver con el mecanismo de reasignación de bonos y el conteo de los votos en las asambleas, entre otras cuestiones- solo se avalarán si los comités manifiestan su aval a la oferta en forma explícita, explicaron fuentes oficiales que participan de la negociación. Es decir, sin acuerdo, no habrá cambios de ninguna naturaleza.
De todos modos, si se confirmara la prórroga del plazo del canje, reflejaría una señal de que el Gobierno, aunque haya dicho que no está dispuesto a seguir negociando el valor de la oferta, en los hechos seguirá conversando, porque no está en condiciones de alcanzar las mayorías y, por lo tanto, seguiría en default, sujeto a la aceleración de la deuda o a demandas judiciales.
Al respecto, un informe de Torino Economics señaló que, mientras el Gobierno “ha anunciado recientemente que su última oferta, desde el punto de vista económico, será inamovible, el rechazo del grupo mayoritario de los bonistas sumó más incertidumbre a la negociación, crucial para el futuro económico del país”.
“Pese a esas posturas, el Ejecutivo argentino dejó la puerta abierta para que el modelo de contrato o indenture pueda ser objeto de modificaciones legales que signifiquen el alcance de un acuerdo definitivo en los próximos días. En particular, el equipo de Martín Guzmán ofrecería restringir la estrategia “Pac Man” que implica la reasignación de títulos de aquellos tenedores que no acepten la oferta argentina, los cuales quedarían fuera del acuerdo que se alcance con una mayoría de bonistas que permita alcanzar el mínimo necesario, establecido en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC)”, se explicó.
Aunque la diferencia entre la oferta del gobierno argentino y la contrapropuesta ofrecida por los bonistas se ubicaría en aproximadamente USD 6.000 millones, la administración Fernández “se negaría a aportar dicho diferencial para alcanzar un acuerdo; este monto sería equivalente a un mes de venta de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina, tomando como referencia el precio del dólar solidario”, indicaron.
“Uno de los aspectos que podrían estar generando trabas en las negociaciones y que han dilatado más de lo esperado el desenlace de estas es la ausencia de un plan macroeconómico integral que establezca metas claras en los ámbitos fiscal y monetario. En el ámbito fiscal, un plan que fije la ruta de la normalización del gasto post-pandemia y, en al ámbito monetario, controlar el sostenido crecimiento de la oferta monetaria, que ha triplicado en magnitud a la base monetaria del sistema”, se aclaró.
Al respecto, se sabe que el Banco Central observa con preocupación la falta de un final feliz en la cuestión de la deuda, por la mayor presión que genera esta incertidumbre sobre el nivel de reservas de la entidad que preside Miguel Pesce.
En paralelo al análisis económico, corren las versiones en torno de la política: si el presidente Alberto Fernández seguirá apoyando a su ministro de Economía en caso de que la negociación se prolongue demasiado y si la vicepresidenta Cristina Kirchner apoya una mayor flexibilidad para dejar atrás este problema.
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