Por Candela Ini - El juicio contra Cristina Kirchner conocido como “causa Vialidad”, en la que se investiga si se favoreció al empresario Lázaro Báez, se reanudará hoy, tras 150 días de interrupción por la cuarentena.

Las audiencias se reanudan en un contexto de tensión creciente entre el kirchnerismo y la Justicia, como consecuencia de la reforma impulsada por el Gobierno, que busca diluir el poder de los juzgados federales de Comodoro Py e intenta modificar la Corte Suprema.

Ayer, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner en las causas de corrupción e integrante del consejo creado para proponer cambios en la Justicia, cuestionó a la Corte y dijo que si le preocupan las propuestas, “muy democrática no es”.

Después de 150 días de interrupción por la pandemia de coronavirus, hoy se reanudará el juicio por la causa conocida como “Vialidad”, en la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros

12 acusados por el presunto direccionamiento de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral, del empresario santacruceño Lázaro Báez.

La audiencia comenzará a las 9.30, a través de la plataforma Zoom. El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, y el fiscal del caso es Diego Luciani. El proceso se encuentra en la etapa de declaraciones de testigos.

La reanudación del juicio se produce en medio de la tensión creciente entre el kirchnerismo y la Justicia, por el avance de la reforma impulsada por el Gobierno. De todas formas, Cristina Kirchner no está obligada a participar de la audiencia.

Para hoy estaba programado el testimonio del exministro de Energía y extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel, denunciante en esta causa, pero a pedido de las defensas fue reprogramado para más adelante. Será el turno del testigo Marcelo Ramírez, propuesto por Nelson Periotti, exadministrador de Vialidad durante el kirchnerismo.

Después de dos intentos en los que se presentaron fallas técnicas, la semana pasada el TOF 2 abandonó el sistema Jitsi Meet y realizó otra prueba vía Zoom, desde los tribunales federales de Comodoro Py y conectado con las partes, el fiscal y los organismos querellantes, que resultó exitosa. Los organismos querellantes en esta causa son la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La última audiencia de este proceso, antes de que quedara interrumpido por la pandemia de coronavirus, quedó marcada por un cruce entre el fiscal Luciani y el abogado defensor de Cristina, Carlos

Beraldi. El episodio de tensión se dio cuando el fiscal interrogó a la abogada Silvina Martínez –denunciante de los Kirchner y citada como testigo– por las empresas Valle Mitre, Los Sauces y Hotesur, que para la Justicia están relacionadas con el delito investigado en la causa Vialidad, y Beraldi objetó que esas preguntas “salían del objeto procesal”.

Uno de los defensores, Mariano Fragueiro Frías, que representa en este juicio a Héctor Garro, objetó la implementación del sistema remoto y pidió estar presente en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, donde solo se permitirá la presencia de los jueces y de las personas que declaren como testigos. En un escrito, Fragueiro Frías planteó su “disconformidad con la metodología semipresencial dispuesta por este tribunal para reanudar el debate oral y público”.

El tribunal, con una disidencia del juez Jorge Gorini, resolvió por mayoría que la presencia del abogado está vedada por el protocolo sanitario y por lo resuelto el 23 de junio pasado, cuando se definió reanudar el juicio de manera remota y semipresencial. Sin embargo, el escrito de Fragueiro Frías y la resolución del TOF a su respecto dejaron la puerta abierta para un nuevo planteo de nulidad.

Beraldi también insistió ante el TOF para que el proceso oral fuera transmitido en vivo. El tribunal rechazó el pedido y garantizó que, en cuanto finalice la audiencia, el material grabado será enviado a las partes. En esta causa, Cristina Kirchner comparte el banquillo de los acusados con otros 12 imputados, ente ellos, el exministro de Planificación Julio De Vido, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. En el expediente se investigan irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obras viales en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015. Esta es una causa clave en el panorama judicial de Cristina Kirchner. Según la acusación de primera instancia, el direccionamiento de los contratos es el delito precedente de los hechos investigados en las causas Hotesur y Los Sauces.

La causa Vialidad, cuyo juicio oral se reanuda hoy, es determinante en el panorama judicial de Cristina Kirchner. De todos los casos por corrupción que involucran a la vicepresidenta, es el único cuyo juicio oral ya comenzó. El resto de los expedientes elevados a juicio todavía no tienen fecha de inicio y los pronósticos judiciales indican que no comenzarán hasta finales de 2021. Pero el caso Vialidad es determinante porque se ubica, para la Justicia, como el ilícito precedente al delito de lavado de dinero investigado en otros expedientes.

Los hechos investigados en el caso Vialidad fueron mencionados en todas las acusaciones formuladas por las querellas y el fiscal del caso en el juicio conocido como “La ruta del dinero K”, la principal causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero.

Aunque Cristina Kirchner no está sentada como acusada en ese juicio, y aunque en ese expediente a ella se le dictó la falta de mérito, los acusadores del caso consideran que el dinero que Lázaro Báez y una veintena de acusados pusieron en circulación mediante un esquema de sociedades y empresas tiene su origen en el caso Vialidad.

En el juicio por la causa de “La ruta del dinero”, el fiscal Abel Córdoba consideró que uno de los delitos precedentes al delito de lavado de dinero de aproximadamente 55 millones de dólares es el direccionamiento de contratos de obras públicas en favor de las empresas de Báez. El otro hecho ilícito, para Córdoba, es la evasión impositiva. Su exposición terminó la semana pasada. Tanto él como las querellas señalaron como el origen de los fondos ilícitos de Báez los contratos de obras viales que se estudian en el caso Vialidad.

Las querellas en el juicio por lavado de dinero –la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y, sobre todo, la AFIP– fueron más lejos respecto del presunto direccionamiento a favor de Báez. “Ha quedado sobradamente probado que la fortuna de Lázaro Báez y su grupo tiene sus inicios en la matriz de corrupción institucional que ha ocurrido entre los años 2003 y 2015”, indicó la querella de la AFIP a comienzos de este año en el juicio contra Báez.

El organismo que desde diciembre dirige Mercedes Marcó del Pont hizo hincapié en la relación de Báez con Néstor Kirchner y en la incursión del empresario santacruceño.