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A pesar de que el mercado no recibió de mal manera esta primera propuesta, los principales grupos de acreedores rechazaron rápidamente la oferta y se quejaron por la falta de diálogo por parte de los funcionarios locales. Luego de la primera postergación del plazo, el 10 de mayo, los grupos Ad Hoc, liderado por el poderoso fondo de inversión Black Rock, y Exchange, elevaron una contrapropuesta que situaba el VPN en los u$s61,2. Según los bonistas, Argentina lograría así un alivio de u$s23.800 en los próximos cuatro años y pagaría una tasa que solo se les permitía a aquellos países propicios para desarrollar inversiones importantes.

El 22 de mayo Argentina postergó nuevamente el plazo de las negociaciones y entró técnicamente en default cuando tomó la decisión de no afrontar un pago de u$s500 millones por vencimientos de tres bonos globales. En ese entonces, el Gobierno aclaraba que la fecha era “anecdótica” y que el país “ya estaba en default desde diciembre”, mientras afirmaba que seguía escuchando las opiniones y sugerencias de los inversores.

El 30 de mayo, Ad Hoc dio a conocer una leve modificación en su contraoferta, que bajaba el VPN a u$s60,5, según los cálculos de Invertir En Bolsa (IEB). Por su parte, el Gobierno analizaba incorporar un “endulzante” en función de la evolución de las exportaciones y llevar el VPN cerca de los u$s50. Adicionalmente, parecía adoptar una estrategia que buscaba dividir a los acreedores de la deuda ya que había algunos grupos que estaban dispuestos a ceder más con el fin de llegar a un acuerdo compatible con un sendero de crecimiento para el país.

Tras el vencimiento de los acuerdos de confidencialidad, el 17 de junio, el equipo económico conducido por Martín Guzmán hizo pública información de las conversaciones privadas, que confirmaba la incorporación del mencionado cupón atado a las exportaciones. Mientras el grupo ACC se acercaba a lo buscado por Argentina, Ad Hoc seguía plantado en un VPN en torno a los u$s60, expresaba que las negociaciones estaban caídas y amenazaba con iniciar tratativas legales. Los bonistas más duros expresaban su “decepción” con la rígida postura oficial aunque aclaraban que seguían dispuestos a negociar dado lo cerca que estaban las partes.

Las diferencias parecieron destrabarse el 6 de julio, cuando Argentina oficializó una nueva enmienda de su oferta, con un VPN de u$s53,5 a partir de una reducción en la quita de capital, un cupón promedio del 3,5% y plazos más cortos. Asimismo, se establecía un reconocimiento de los intereses corridos, desde el 22 de abril, para aquellos tenedores de bonos que ingresen al canje.

Más allá del optimismo inicial que generó en los mercados la mejora realizada por el Ministerio de Economía, Ad Hoc expresó un nuevo rechazo, por lo cual la situación volvía a ponerse más crítica. El 20 de julio, los tres grupos de acreedores firmaron un acuerdo de cooperación, manifestaron públicamente su oposición y enviaron su contrapropuesta valuada en u$s56,5. Según la mayoría de los analistas, la diferencia entre las partes parecía ser muy corta como para ir al default.

En la última semana, los acreedores enviaron un comunicado en el que afirmaban haber sumado adeptos a su grupo y alcanzado tenencias por un 52% del total de la deuda, obteniendo así capacidad de bloqueo sobre el canje de deuda. Paralelamente, el pesimismo se intensificó después de conocerse que la adhesión a la oferta argentina fue de apenas el 40%.

Sin embargo, el fin de semana hubo avances importantes y en las últimas horas trascendió que el Gobierno y los bonistas llegaron a un principio de acuerdo, fundamentalmente en la parte económica del "deal", que contemplaría un VPN de aproximadamente u$s54. Todavía quedaban resolver algunas cuestiones legales.