Por Natalia Donato - Tras el acuerdo alcanzado esta madrugada para resolver la reestructuración de una deuda que asciende a USD 64.800 millones, los tres grupos de bonistas afirmaron que “el acuerdo es un buen resultado para todos los participantes y ofrece una oferta que todos los acreedores deberían aceptar”.

“Nos complace haber llegado a principio de acuerdo con la Argentina para una propuesta que proporcionará al país el alivio económico necesario y el camino sostenible que necesita a raíz del Covid-19, así como un acceso renovado a los mercados de capitales internacionales con el objetivo de ayudar a alentar futuras inversiones a largo plazo en el país”, dice el parte de prensa firmado por los grupos Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores (ACC).

Los fondos se refieren a un acuerdo preliminar porque todavía resta que conozcan el prospecto y comprueben que efectivamente contiene todas las modificaciones acordadas. De hecho, en el comunicado de prensa que dio a conocer anoche el Ministerio de Economía dice expresamente que “el acuerdo de los acreedores que brindan respaldo con respecto a los términos de reestructuración detallados está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina incluyan estos ajustes propuestos”.

La nueva propuesta consensuada contempla una mejora de 1 punto en el valor presente neto, básicamente lograda a partir del adelantamiento de plazos de pago. Con los cambios, el VPN promedio de la oferta, a una tasa de descuento del 10%, alcanza los USD 54,8, frente a los USD 53,5 de la que fue presentada el 6 de julio y que vencía hoy, 4 de agosto.

Además, el Gobierno avanzará con los cambios legales prometidos, que limitarán el uso de la cláusula de reasignación de los bonos y la estrategia Pacman, pensada para eliminar holdouts en futuras ofertas levemente mejoradas. Según fuentes involucradas en la negociación, los abogados de la Argentina están trabajando en un esquema similar al que adoptó Ecuador en su reestructuración, que permitió que el proceso sea más transparente para los inversores.

Con este acuerdo, el Gobierno espera lograr un alto nivel de adhesión, ya que los fondos involucrados en los tres comités, más otros que apoyan, reúnen el 60% de los títulos globales y el 50% de los K (2005 y 2010), según aseguraron días atrás en un comunicado, en el que instaban al Gobierno a seguir negociando para llegar a un acuerdo. De ser ciertos estos números, la adhesión de todos estos inversores ya habilitarían a que el canje sea válido. Y con esto, el resto debería ser arrastrado a entrar, aseguran en Economía.

La nueva oferta será formalizada en los próximos días ante la Securities & Exchange Commission (SEC) y estará abierta hasta el 24 de agosto, según los nuevos tiempos anunciados anoche. Los resultados se anunciarán el 28 y la fecha de liquidación de los nuevos bonos se mantuvo en el 4 de septiembre.

La negociación comenzó a destrabarse el fin de semana, cuando los asesores legales de uno de los comités intercedieron y, bajo el consentimiento de algunos fondos -la mesa chica-, hicieron una nueva contraoferta al Gobierno como última jugada para lograr el acuerdo. En simultáneo, el ministro Martín Guzmán ya estaba avanzando con gestiones con el fondo Blackrock, el más duro durante toda la etapa de diálogo, que arrancó durante el verano.

La propuesta tuvo su devolución por parte del Gobierno y finalmente los tres dólares de diferencia que habían planteado semanas atrás se convirtieron en un dólar más los cambios contractuales. Finalmente, USD 55 por cada USD 100 nominales era el número al que los acreedores querían llegar y en torno al cual el mercado creía que podía haber arreglo.