Por Natalia Donato - Mientras preparan la enmienda a la oferta vigente de acuerdo a lo negociado con los acreedores, los funcionarios del equipo económico trabajan también en la redacción de un decreto que extienda las mejoras a la propuesta de reestructuración de la deuda emitida bajo ley local, aprobada ayer por el Congreso. El Gobierno debe reestructurar poco más de USD 41.000 millones en bonos ley argentina, de los cuales USD 17.600 millones están en manos de privados.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que ya tenía media sanción del Senado y lo convirtió en ley, apenas unas horas después de que el Gobierno anunciara que había llegado a un acuerdo con los bonistas para reestructurar USD 64.800 millones emitidos bajo ley extranjera. Pero el consenso llegó en torno no sólo a modificaciones legales que venían reclamando los inversores –para limitar la reasignación y el Pacman–, sino también a partir de una mejora en el valor presente neto de la oferta, que de USD 53,5 se elevó a USD 54,8 producto del adelantamiento de los plazos de pago.

Como prometió trato igualitario, cuando el Ejecutivo envió el proyecto de ley al Parlamento, transmitió que era una forma de demostrar que la oferta presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) el 6 de julio era la última y no había forma de que la Argentina pague un centavo más. Pero el pragmatismo ganó y la Argentina accedió a los cambios para evitar un escenario prolongado de default. Entonces, ahora debe modificar la ley aprobada ayer. ¿Cómo lo hará?

Amparándose en la cláusula RUFO de la norma aprobada ayer, que establece que si hubiera mejoras a la propuesta debe alcanzar al resto, en el Ministerio de Economía aseguraron que no es necesario enviar otro proyecto de ley y que puede resolverse con un decreto o una resolución. Lo más probable es que el Ejecutivo saque un DNU, dijo una alta fuente oficial.

Según resumió en un informe enviado a sus clientes la consultora EcoGo, “el grueso de la mejora en la última propuesta llegó por el lado del cambio en las fechas de pago (enero y julio versus marzo y septiembre); el adelantamiento de las amortizaciones en el caso del 2030 y el 2038 (DICY) y por la mejora en el fixing en el caso de los bonos en euros (de 1,08 euros por dólar a 1,17)”.

Una vez que se ajuste la ley a las mejoras propuestas en el canje ley extranjera y sea reglamentada, Economía determinará el procedimiento de la operación, que también apuntará a que termine cerca del 24 de agosto, en línea con el otro proceso. En este caso, el Gobierno no tiene dudas de que tendrá una “masiva adhesión”, como lo anticipó Guzmán en recientes declaraciones, ya que los acreedores son pequeños y medianos ahorristas e inversores institucionales como la Anses y las compañías de seguros, que ya demostraron apoyar al Tesoro en cada una de las licitaciones para reprogramar la deuda en pesos.

El Congreso avanzaba en el tratamiento de la ley mientras Guzmán daba la conferencia de prensa en la que explicó los alcances del acuerdo consensuado con los acreedores. En ese contexto, el ministro afirmó que la iniciativa permitirá canjear la deuda en dólares bajo ley local y habrá una posibilidad de que los tenedores de esa deuda elijan pesificar sus tenencias.

“El Congreso nos está dando la posibilidad de resolver parte del problema de la especulación financiera que se había generado, que es que habían entrado desde 2016 capitales especulativos a instrumentos en pesos como fueron las Lebacs, que daba un interés alto en un contexto de estabilidad cambiaria; entonces, había un retorno alto de corto plazo y luego quedaron atrapados en la Argentina y hoy les están generando un problema a otros inversores locales que sí quieren un mercado de deuda pública estabilizado”, dijo Guzmán ante los periodistas.