Por Martín Kanenguiser - Las calificadoras de riesgo elogiaron el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los bonistas, pero afirmaron que debe implementar medidas que permitan que el país vuelva a crecer para mejorar su situación social y, además, garantizar el pago de la deuda en el mediano plazo.
Las principales calificadoras aclararon, además, que mejorarán la nota soberana del país, que está en default selectivo, una vez que el canje se complete en forma exitosa y se haga el intercambio por los nuevos bonos a principios de septiembre.
En diálogo con Infobae, ejecutivos de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch consideraron que el acuerdo alcanzado es positivo, pero aclararon que quedan por delante numerosos e importantes desafíos, como reducir la brecha cambiaria, levantar los controles de capital para atraer inversión directa, controlar la inflación y el déficit fiscal.
Lisa Schineller, directora de crédito soberano y economista para América latina de S&P dijo desde Nueva York que el acuerdo“le dará al país un gran alivio en la carga de su deuda” en los próximos años, ya que este Gobierno no deberá enfrentar casi vencimientos con los acreedores privados.
Sin embargo, aclaró que, para las calificadoras, “la historia clave es el crecimiento económico y eso no solo incluye la relación de deuda-PBI, sino también el desarrollo de los sectores con más potencial, como la energía y la industria del conocimiento, entre otros, y el aumento de la productividad”.
“Si uno mira los últimos 10 años, el país no creció, cuando antes el promedio no era alto, pero llegaba al 1,5% anual”, aclaró.
El regreso del crecimiento es vital para mejorar la situación social y, en el mediano plazo, para cumplir con el acuerdo que acaba de firmarse con los acreedores, acotó.
En este sentido, consideró que uno de los desafíos de corto plazo es controlar la inflación antes de que vuelva a crecer cuando la economía se reabra por completo y eso requiere, entre otras medidas, de que se controle la emisión monetaria de la primera mitad del año y que se consolide la situación fiscal, más allá de las urgencias por la pandemia.
“También es muy importante restaurar la confianza en el peso, para desalentar las expectativas de devaluación y, en particular, crear un sólido mercado local de deuda en pesos”, expresó.
Otro de los desafíos será el tiempo y la forma para ir desarmando el férreo sistema de control de capitales. “El Gobierno sabe que necesita inversión directa y que eso requiere de mayor flexibilidad en términos de movimiento del capital, pero no está claro ni los plazos ni la velocidad con la que se puede ir desarmando el cepo”, admitió.
La ejecutiva consideró que el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el país empezaría a discutir en septiembre, puede resultar más sencillo que el diálogo con los acreedores, ya que existe “un compromiso” de ambas partes reflejado en el buen diálogo que se mantiene tanto con el staff como con la directora gerente, Kristalina Georgieva.
Es posible, por lo tanto, que se puedan refinanciar los pagos de capital 2021-2023, pero no son tan claras las exigencias que colocará el organismo multilateral en el nuevo programa. Mientras tanto, aclaró, es imposible pensar que el Gobierno pueda volver al mercado voluntario internacional en el corto plazo, mientras casi todo el resto de la región aprovecha la alta liquidez internacional.
En tanto, su par Todd Martínez, jefe de analistas de Fitch para la región, dijo a Infobae que “este acuerdo es una buena noticia sin dudas. Pero depende en buena medida en posponer los pagos, más que perdonarlos”.
“Por eso, Argentina todavía tiene una tarea difícil para mejorar su economía y cuentas públicas para que esa deuda sea pagable en el futuro, y el plan en ese sentido todavía es poco claro”, expresó.
Sobre la nota, como ocurrirá con sus competidores, aclaró que “la subiremos cuando haya un canje exitoso con un alto grado de adhesión”.
Por su parte, Gabriel Torres, vicepresidente de Moody’s sostuvo que “el acuerdo anunciado por Argentina para reestructurar USD 65.000 millones de deuda bajo legislación extranjera, que permitirá al país evitar procesos judiciales extensos y costosos con los bonistas, establece un aplazamiento temporal de los pagos de deuda y reduce los pagos de intereses en adelante”.
“Será fundamental que el Gobierno argentino fije políticas fiscales y monetarias creíbles y sostenibles para dar apoyo a un eventual regreso a los mercados de capitales internacionales, lo que asegurará el pago total y oportuno de los nuevos bonos reestructurados y respaldará las perspectivas económicas de largo plazo del país”.
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