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La Cámara del Crimen afirmó que la reforma judicial es inconstitucional
ABC Mercado de Cambios S.C. comunica sobre la fuente de la siguiente nota:
Texto informativo: 06/08 - 08:50 La Nación
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Por Hernán Cappiello - Los jueces de la Cámara del Crimen, que forman el fuero penal ordinario, cuestionaron ayer por unanimidad la reforma judicial que impulsa el Gobierno. Dijeron, en una acordada, que es inconstitucional y que el sistema propuesto para designar magistrados “favorece la corrupción y la impunidad”.

Los camaristas formularon una propuesta alternativa a la iniciativa oficial y advirtieron que el Gobierno no tuvo en cuenta antecedentes ni la situación de la Justicia nacional, al tiempo que vincularon la propuesta con la reforma promovida durante el período menemista.

En la primera crítica institucional al proyecto oficial presentado el jueves pasado por Alberto Fernández, los camaristas señalan que la reforma “supone el completo desguace de nuestro fuero [penal ordinario], con la consecuente dilapidación de recursos”. Añadieron que el proyecto “viola la Constitución porque el único motivo para que un juez cese es por su renuncia o juicio político”.

El pronunciamiento, el primero que parte desde los propios tribunales, sería imitado en los próximos días por organismos judiciales de otros fueros.

Los jueces de la Cámara del Crimen afirmaron por unanimidad que es inconstitucional la reforma judicial que impulsa el Gobierno en el fuero federal. En un serio pronunciamiento, criticaron el proyecto enviado al Congreso, aseguraron que el sistema de jueces suplentes previsto favorece la corrupción y la impunidad y realizaron una propuesta alternativa a la iniciativa oficial.

La acordada está firmada por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

Los jueces dijeron que no se tuvieron en cuenta antecedentes ni la situación de la Justicia nacional y mencionaron objeciones constitucionales y de violación de las leyes y los derechos humanos que implica la reforma.

El proyecto del Gobierno prevé la creación de 23 juzgados federales, cuyos titulares surgirán de los actuales jueces de instrucción, que dependen de la propia Cámara del Crimen. En el proyecto se prevé que este fuero penal ordinario desaparezca y, en parte, sus competencias pasen a la Justicia de la ciudad y algunos jueces, a la Justicia Federal. No se dice qué ocurrirá con los otros magistrados y los tribunales orales.

Los jueces penales ordinarios son los que investigan y juzgan los delitos que sufre la gente común: robos, violaciones, homicidios y estafas, entre otros. La Cámara del Crimen revisa esas investigaciones, los procesamientos y las elevaciones a juicio y los tribunales orales juzgan a los detenidos. Con el proyecto oficial todos estos actores desaparecen y, en parte, pasan a la ciudad.

La reforma “supone el completo desguace de nuestro fuero (penal, ordinario), con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano”, se advierte.

“El proyecto omite toda referencia a la suerte que han de correr las magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve, verificadas las transferencias de las competencias”, señalaron los jueces.

Afirmaron que el proyecto viola la Constitución porque el único motivo para que un juez cese es por su renuncia o juicio político. “Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijeron.

Y señalaron que el traspaso podría generar reclamos de inconstitucionalidad “en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”. Lo mismo cabe para la idea de “privar al fuero penal ordinario de toda competencia”.

Indicaron también que en el proyecto no se prevé qué sucederá con sus funciones ni hay una asignación progresiva de asuntos federales. Propusieron que eso sí ocurra y se les asigne una competencia federal. “Ello supone la afectación de las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial –reaseguros de su imparcialidad– y un trato desigual hacia los jueces afectados”, enfatizaron.

Criticaron, además, la subrogancia de los 23 nuevos jueces por designar en juzgados no habilitados, lo que consideran contrario a la ley de subrogancias, y puntualizaron que la elección a dedo pasa por alto la regla del sorteo, que es como habitualmente se deciden las suplencias.

Esta regla obedece a “las exigencias constitucionales y convencionales de transparencia, objetividad e imparcialidad” de los jueces. También dijeron que viola la Constitución que los jueces elegidos solo entiendan en las causas nuevas por un año. Los camaristas dijeron que ello favorece la impunidad y, a través de la corrupción, genera riesgos a la independencia judicial.

Plan alternativo

Así propusieron que en lugar de hacer desaparecer el fuero ordinario, se empleen sus recursos como insumo “único e irrepetible” para cualquier reforma de la Justicia Federal y se los aproveche en la administración de justicia en el conurbano bonaerense, donde ocurren la mayoría de los homicidios del país y actúan organizaciones criminales.

Dijeron que los tribunales, juzgados, defensorías y fiscalías pueden actuar en los delitos comunes más graves y propusieron reformular la Justicia Federal Penal en la Ciudad, con la experiencia que tiene el fuero ordinario desde hace más de 100 años, donde “jamás se ha dicho que se vean involucrados los intereses políticos o partidarios”.

Atendiendo a sus ideas, los camaristas creen que se “podría contribuir a recuperar la confianza y consideración de la ciudadanía con su sistema de justicia” y no hacer gastos excesivos, en contraste con el presupuesto gigantesco que demanda la reforma propuesta.

En lugar de “desguazar, desperdigar y someter a una larga agonía funcional” al fuero ordinario y copiar lo que se hizo en la reforma menemista de 1992, se podrían utilizar estos recursos, dijeron los jueces.

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