Por Federico Mayol - “¿Cómo pusiste mi firma?”, preguntó Horacio Rodríguez Larreta sin perder la compostura, como acostumbra, pero visiblemente molesto. Del otro lado del teléfono, Patricia Bullrich escuchaba asombrada: “Pero si estuviste en la reunión y dijiste que sí al documento, ¿cuál es el problema de la firma?”, respondió, igual de enfadada. La comunicación se puso algo más tensa. Y cortaron. Hasta ayer, no habían vuelto a hablar.
La discusión telefónica, reconstruida por este medio, tuvo lugar el lunes, horas después del duro comunicado sobre la reforma judicial que impulsa el Gobierno -el segundo en una semana desde que se presentó el proyecto-, consensuado en la reunión virtual de media mañana en la que participaron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, incluido Mauricio Macri, que se conectó desde una habitación en Francia, donde pasa sus días de cuarentena.
Habían quedado, según dicen haber acordado, en que en la declaración pública, titulada “Una reedición de la propuesta de los ’90″, no aparecerían nombres propios. Si no solo “Juntos por el Cambio”. Ya habían tenido chispazos por anteriores comunicados que algunos firmaron con pocas ganas. Desde el texto por el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner -que forzó la creación de una mesa ejecutiva en el PRO para compartir las decisiones-, al de la ampliación de la moratoria aprobada hace algunos días por el Congreso.
“El documento estaba arreglado. Pero bueno, en las reuniones de Cambiemos se decide una cosa y después en el PRO algunos quieren decidir otra cosa. Es infantil. Deben estar negociando cosas”, reflexionaba ayer por la tarde un miembro de Juntos por el Cambio que participó de la reunión virtual del lunes.
Martín Lousteau, según las fuentes, también puso el grito en el cielo. Primero habló con Alfredo Cornejo. Y después le escribió a Bullrich, el blanco predilecto del “sector moderado” de la coalición opositora, vía WhatsApp. La ex ministra de Seguridad, que ya había discutido con el jefe de Gobierno, le dijo al senador que se arreglara con la UCR.
La oposición se aglutinó detrás del rechazo a la reforma judicial, pero el proyecto de la Casa Rosada volvió a exponer las diferencias internas, agudizadas por la falta de un liderazgo claro y las diversas posiciones por el destino del espacio y el vínculo con el oficialismo.
En la administración porteña no creen que las recientes críticas del kirchnerismo duro y de la Casa Rosada, incluidas las de Alberto Fernández, tengan relación directa con el comunicado del lunes que contó con la firma del jefe de Gobierno junto a las de Macri, Cornejo, Bullrich, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Luis Naidenoff, Lousteau, Humberto Schiavoni, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, y Miguel Ángel Pichetto.
Pero Rodríguez Larreta, que se quejó porque fue el único de los mandatarios opositores que estampó la firma- y sus colaboradores sí están seguros de que no contribuyen, más allá de que el jefe de la Ciudad participó del encuentro del lunes y avaló, en líneas generales, el comunicado.
Es que el jefe de Gobierno atraviesa por estos días momentos delicados en su vínculo con el Frente de Todos. Mientras rechaza la reforma públicamente, negocia el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad: de qué manera y con qué fondos. Para la creación del consejo consultivo que revisará, entre otras cuestiones, el funcionamiento de la Corte Suprema, Rodríguez Larreta intermedió entre el Presidente e Inés Weinberg de Roca. En el medio, en la Ciudad vuelve a aparecer el fantasma del recorte de la coparticipación. La semana próxima, en tanto, deberán definir el modelo de continuidad de la cuarentena: si sigue o no adelante con la reapertura de actividades. Y cómo congenia eso con el Gobierno y la administración bonaerense.
En el inicio de la pandemia existía un ámbito de discusión de los jefes de bloque del PRO, la UCR y la CC de ambas cámaras, y un puñado de legisladores de relevancia, que con el correr de los meses dejó de tener actividad. Fue reemplazado después por los encuentros partidarios de los lunes.
En el anterior debate parlamentario por la polémica ley de Teletrabajo, cuestionada por los empresarios, en el propio seno de Cambiemos reconocen que la actuación del espacio fue llamativa: mientras en la Cámara alta fue rechazada de forma unánime, en Diputados fue apoyada casi por la mayoría, con algunas abstenciones. “No hay coordinación para los grandes temas”, se sinceran.
En el caso del proyecto de reforma de la Justicia, la posición del interbloque opositor en el Senado es unívoca: el rechazo, a pesar de que hay legisladores que apoyarían algunos artículos en particular, más allá de la hegemonía numérica de Cristina Kirchner. La vicepresidenta pretende darle media sanción a la iniciativa en el corto plazo.
En Diputados, el tratamiento es una incógnita. Sergio Massa, que a diferencia de la ex presidente en el Senado sí mantiene un fluido diálogo con la oposición -orquestado también a través de Máximo Kirchner-, busca alternativas ante la negativa de Cambiemos de dar el visto bueno a la continuidad de las sesiones remotas.
En la llamada “ala dura” del PRO, por ejemplo, hay sospechas del vínculo entre el presidente de la Cámara baja y el “sector moderado”. El fondo de $5.000 millones que Ritondo, el jefe del bloque, consiguió en la sesión del martes para obras para municipios bonaerenses dentro de la ampliación presupuestaria alimentó, por ejemplo, esas sospechas.
María Eugenia Vidal, jefa política del diputado, no participó este lunes de la reunión de la mesa nacional opositora. Su ausencia generó suspicacias. Pero la explicación es mucho menos conspirativa de lo que parece: a la misma hora, ya tenía agendada una charla virtual con empresarios.
En la oposición resaltan sin embargo que, más allá de las diferencias, la unidad de Juntos por el Cambio todavía prevalece. A pesar de las tensiones.
En la anterior reunión, hace dos lunes, antes de su viaje por la Costa Azul francesa, Macri pidió una reivindicación a su programa económico que no obtuvo el visto bueno del resto de los participantes. También dijo que había que ejercer una defensa pública a los ex funcionarios del gobierno investigados por la Justicia, como el caso de Guillermo Dietrich.
Cornejo dijo que no le pasaban información para hacerlo, y que en todo caso primero debían ser los propios investigados los que debían poner la cara públicamente. Lo mismo subrayó Pichetto, que con su estilo se permitió una reflexión: “Hay que decir que también hay algunos que creen que en vez de a un gobierno pertenecieron a una ONG sueca”. Duros y moderados, por igual, lanzaron una carcajada.
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