Sábado 8 - Por Liliana Franco - Los últimos datos de actividad superaron las expectativas del Ministerio de Economía. Resulta que hubo un rebote en la producción industrial de 14% en junio con relación a mayo y la construcción subió 38%, comparando similares meses.

Si bien los valores se encuentran por debajo del año pasado, en el Gobierno mantienen la expectativa de una recuperación en “V”, es decir a una rápida salida de la crisis desatada por el coronavirus (que no debe confundirse con crecimiento). En tal sentido se entusiasman con datos como el Índice Construya que arrojó una suba del 27% en el mes pasado comparado junio.

En este contexto, el Gobierno ha comenzado a hacer anuncios correspondientes a su agenda pospandemia. Ya se lanzaron esta semana el programa de viviendas Procrear y un plan de inversiones públicas para el interior del país.

Por su parte, Cecilia Todesca, vicejefa del Gabinete de Ministros adelantó que el Gobierno trabaja en medidas para “promover a aquellos sectores que generen mayor cantidad de trabajo y que traccionen menor cantidad de importaciones porque necesitamos recomponer nuestro nivel de reservas”.

El gran interrogante que se formulan los economistas que no están en el Gobierno es con qué recursos se realizará esta promoción en momentos en que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, anticipó que, este año, el déficit primario llegará a 8% del PBI –por encima de las peores previsiones privadas– y el financiero alcanzará a 11%.

Hasta el momento, el déficit fiscal se estuvo financiando mediante la asistencia del Banco Central, ya sea a través de la transferencia de (supuestas) utilidades y adelantos monetarios.

Este esquema es posible en momentos en que la suba de los depósitos de los particulares permite, indirectamente, financiar al Tesoro. Más allá de que este aumento es transitorio, porque el mayor ahorro se explica en el contexto del coronavirus, las estimaciones privadas arrojan que el sistema financiero puede llegar a solventar el desequilibrio del sector público, pero no quedan recursos para el sector privado.

En paralelo, es altamente probable que la mayoría de los bonistas acepten el canje de la deuda, confían en el Gobierno. Pero, lejos de caer en exitismo, saben que esta es sólo una parte de la historia. Queda por resolver la refinanciación de los u$s 44.000 millones que el país adeuda al Fondo Monetario Internacional cuyos vencimientos se concentran en los próximos tres años, dólares que la Argentina obviamente no dispone.

En los últimos días el ministro Guzmán reveló algo que no era público: que el acuerdo con el FMI suscripto por la administración de Mauricio Macri se había caído.

En consecuencia, las autoridades argentinas deberán comenzar a renegociar sus deudas con el Fondo. Todavía no se han hecho contactos en ese sentido, según señalaron fuentes de organismo multilateral a Ámbito. Pero aclararon que para lograr un nuevo acuerdo, el Directorio del organismo demandará al país “un plan con supuestos de crecimiento, de financiamiento, entre otras precisiones”.

Más allá de las distintas expresiones de apoyo del Fondo a la conducción argentina, todo indica que no serán nada fáciles las negociaciones con este acreedor. El representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos señaló que “el FMI no giró 180 grados; no es un organismo de desarrollo ni de ayuda al crecimiento”, anticipando el tono de las negociaciones.

Respecto a la posible aceptación mayoritaria de los acreedores privados, la expectativa se basa en que ya se contaba con alrededor de 40%. Por su parte, los tres grupos de acreedores declararon poseer el 60% de los bonos emitidos en el canje 2005/2010 y más del 50% de los títulos lanzados entre 2016 y 2018, de donde se deberían alcanzar las mayorías necesarias para que el canje sea completo.

El arreglo con los bonistas implica que la Argentina alcanzaría un alivio en los pagos de capital e intereses de unos 35.000 millones de dólares en la deuda emitida bajo legislación extranjera. Si se incorpora el canje de títulos emitidos bajo ley local la diferencia en los pagos llegaría a 52.000 millones, de acuerdo con el cálculo de la consultora PXQ. El cupón promedio que pagará la deuda argentina en moneda extranjera será de 3,2% (vs el 6,6% actual).

De esta forma, la carga de vencimientos anuales de títulos públicos en moneda extranjera (ley local ley extranjera) no superaría el 1% del PBI hasta 2024, lo cual genera un alivio para las necesidades financieras externas.

Un gasto difícil de eliminar

La crisis desatada por el coronavirus demandó un fuerte aumento en los recursos del Estado destinados a atender la pandemia que será difícil desmantelar y que agregan una mayor dificultad al gasto público que ya de por sí es muy rígido. Al respecto, cerca de 66% del gasto primario corresponde a jubilaciones y asignaciones sociales.

Los datos aportados por la Jefatura de Gabinete al Congreso, permiten cuantificar la magnitud de la red de protección que el Gobierno desplegó para contener a los sectores más vulnerables y que, en conjunto, suman unos 5 puntos del PBI.

Una de las medidas con mayor impacto en términos de beneficiarios es el Ingreso Familiar de Emergencia –IFE-. Con datos a principios del mes pasado, se efectuaron dos pagos de 10.000 pesos. Lo recibieron 8.839.000 personas, de los cuales casi dos de cada tres corresponden a trabajadores informales, desocupados o inactivos.

Por su parte a través de la tarjeta Alimentar, desde que comenzó el gobierno y hasta fines de junio pasado se alcanzó a más de 2,8 millones de destinatarios (niños y niñas, embarazadas y discapacitados con Asignación Universal por Hijo) con una inversión mensual de más de 7.700 millones de pesos.

Asimismo, se incrementaron las partidas a los comedores, como dijo el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, “antes del coronavirus teníamos 8.000.000 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, 3.500.000 de ellos son chicos en las escuelas, el resto son personas grandes en comedores o merenderos. Ahora hemos pasado a más de 11.000.000”.

De acuerdo a un trabajo de Marcelo Capello de IERAL “el sistema previsional, tiene un gasto anual de 11% del PIB”.

Un dato a tener en cuenta que destaca el informe de Capello es que la situación en materia de empleo no cambia en 2020, ya que en el primer cuatrimestre el empleo público sube 1,4%, cuando el empleo privado formal cae un 3,6%, el gasto en personal del estado, en “Argentina es del 12,7% del PIB (tres niveles de gobierno)” muy alto con relación a los países vecinos como Chile, Perú, Uruguay y México se ubica entre 6% y 7% del PIB.

Las joyas de la abuela

Afortunadamente para los argentinos, siguen estando las “joyas de la abuela”. Y no se trata sólo de casos renombrados como los yacimientos energéticos no convencionales de Vaca Muerta. Menos conocido, pero también importante es la minería ya que el país se ubica entre los seis con mayores recursos mineros, de los cuales resta explorar más del 75%, según datos oficiales.

En la actualidad existen unos 330 proyectos y sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado podría suponer inversiones por hasta 30.000 millones de dólares, la creación de más de 100.000 puestos de trabajos (directos e indirectos) y exportaciones por 11.000 millones de dólares al año, de acuerdo con los números de la Secretaría de Minería.

Una forma de visualizar la subexplotación de la minería en el territorio nacional es comparar las exportaciones de la Argentina con Chile: el país vecino vende al exterior unas once veces más y no hay razones para pensar que Dios puso todos los minerales de un solo lado de la cordillera.