Por Diego Cabot y María Julieta Rumi - Las empresas de telecomunicaciones no parecen dispuestas a quedarse quietas. Desde el viernes, cuando se conoció el decreto que declara servicios públicos a la televisión paga, a internet y a la telefonía móvil, los equipos legales estudian los caminos para rechazar los efectos de la norma. Todas las empresas consultadas analizan judicializar la medida. Los caminos son varios. Por un lado, podrían pedir la inconstitucionalidad del decreto. Otras firmas no descartan recurrir al tribunal del Banco Mundial (Ciadi).

Se podría decir que las empresas de telecomunicaciones pasaron sus últimas horas en medio de lecturas y estudio. Desde el viernes, todas han movilizado a sus equipos legales para establecer cuál será la estrategia de defensa. Y según lo que comentaron por lo bajo, todas analizan judicializar la medida que convirtió en servicio público esencial las prestaciones de internet, telefonía celular y televisión paga.

Los caminos son varios. Por un lado, la inconstitucionalidad del decreto. Esa vía, reconocen en una de las empresas, podría ser una alternativa. El punto es que el decreto de necesidad y urgencia tiene algunos problemas de legalidad, ya que de esta manera se legisla cuando el Congreso no está en sesiones ordinarias. Por estas horas, la Cámara de Diputados y el Senado funcionan. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández, dicen en una de las compañías, “usó la lapicera cuando debruta bería haber recurrido al Congreso”.

En el otro extremo hay otras alternativas. Las empresas extranjeras empezaron a mirar hacia el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) como la puerta a tocar para reclamar. La cuenta que hacen en las compañías tiene que ver con el abrupto cambio regulatorio. Cambiar las reglas de juego, opinan, de un mercado tan intervenido como las telecomunicaciones podría ser expropiatorio. No descartan que alguna presente una denuncia allá.

Pero claro, no hay apuro, sostienen. Lo que pase con la comisión bicameral hoy y la reglamentación del decreto, que no tiene fecha, serán lo que entregue todas las herramientas. A unos y a otros.

Perjuicios económicos

Consultada por la nacion, Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), habló de los perjuicios económicos que ya trajo tan solo el anuncio para las empresas.

“El hecho del anuncio ya genera inestabilidad e inseguridad jurídica. Sube el riesgo de las inversiones y, al subir el riesgo, aumenta el costo del financiamiento y dificulta el acceso a créditos”, afirmó, y agregó que la cantidad de recursos que hay que invertir para el desarrollo de redes es muy grande porque las nuevas generaciones implican despliegues masivos de fibra e infraestructura más allá de lo que ya se tiene.

“Vemos el decreto con una enorme preocupación porque pone en riesgo estas inversiones, mientras en países vecinos como Chile y Colombia se busca facilitar estos despliegues”, continuó.

Por último, consideró que hay instrumentos para lograr la conectividad de las poblaciones vulnerables –como el Fondo del Servicio Universal, que recibe el 1% de la facturación de los operadores o US$60 millones anuales– que no pasan por frenar el mercado e imponer una regulación ya superada.

En tanto, la GSMA, la asociación que agrupa a operadores de telefonía móvil de todo el mundo, opinó en igual sentido y dijo que “las medidas que modifican las estructuras de precios en mercados en competencia con una proporción de insumos dolarizados resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías”. “Lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios y la ampliación de la conectividad, y pueden aumentar la brecha digital”, aseguraron.

“La resiliencia con que las redes soportan el aumento sin precedente en los volúmenes de tráfico y los cambios en los patrones de consumo es resultado de años de inversiones sostenidas en despliegues de infraestructura, espectro y capital humano. Las medidas dispuestas en el decreto de necesidad y urgencia van en detrimento de la sostenibilidad de esas inversiones, justamente cuando el escenario pospandemia nos desafía a construir sociedades más resilientes a través de más y mejor conectividad”, agregaron.

Por último, el exvicepresidente y subgerente general de Arsat Henoch Aguiar dijo que el problema no es si se trata de servicios públicos o no, sino de si las reglas maximizan la actualización de tecnología y permiten hacer un uso inteligente del capital. “Cuando hay un único sistema de precios suele haber un achatamiento porque no hay un incentivo para invertir en tecnología. No lo digo yo, lo dice el Partido Comunista en China, que hace cinco años permitió que hubiera precios libres para que mejorara la calidad del servicio de los tres prestadores de telefonía móvil que son estatales”, cerró el especialista.