Por Laura Serra y María Julieta Rumi - En tiempo récord, a tres días de haberse emitido, el oficialismo ratificó ayer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el decreto de necesidad y urgencia 690/2020, por el cual el Gobierno declaró “servicios esenciales” las llamadas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); esto incluye la telefonía celular, la prestación de conectividad por internet y la televisión paga. El DNU, además, congela las tarifas de esos servicios hasta fin de año.

El bloque del Frente de Todos, comandado por el diputado kirchnerista Marcos Cleri, impuso su mayoría en la comisión para ratificar el DNU. El apuro se explicaría porque la intención sería llevar el dictamen al recinto del Senado esta misma semana para aprobarlo y, así, bloquear un eventual intento de la oposición de rechazarlo en la Cámara baja y de las empresas involucradas de impugnarlo en la Justicia. La ley que regula el dictado de los DNU establece que un decreto queda derogado cuando el plenario de ambas cámaras vota su rechazo.

En tanto, en un aviso con espíritu de solicitada que se publica hoy en los medios, empresas y cámaras de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones rechazaron el decreto 690/2020 y pidieron que se reconsidere la medida.

“Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”, afirmaron.

Por su parte, los integrantes de Juntos por el Cambio no participaron de la reunión de comisión por considerar que su convocatoria ha sido irregular. En efecto, los legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la realización del plenario con el argumento de que la reunión no fue convocada con el plazo de 48 horas hábiles que exige el reglamento de la comisión. En una carta dirigida al diputado Cleri, recordaron además que la comisión no podría reunirse, ya que el protocolo que habilita el funcionamiento remoto de la Cámara de Diputados está vencido desde el 7 de este mes.

El expresidente Mauricio Macri se sumó a las críticas el DNU del Gobierno y consideró que va a “retrasar inversiones” en el sector de la telefonía e internet

El diputado Cleri rechazó los cuestionamientos de la oposición. “Nosotros consideramos que la convocatoria se atiene perfectamente a lo que establece el reglamento de la comisión; el reglamento establece que la reunión de comisión debe citarse con 48 horas de anticipación y que por usos y costumbres esas 48 horas son ‘de corrido’”, enfatizó Cleri en diálogo con la nacion. El legislador insistió, además, en que todas las reuniones que celebró esta comisión bicameral en lo que va de este año se hicieron con esta modalidad.

El legislador oficialista también refutó el argumento opositor de que la comisión bicameral no podría reunirse porque el protocolo de funcionamiento remoto está vencido. “Esta comisión es de carácter permanente y se guía por su propio reglamento. El 28 de abril el oficialismo y la oposición hemos convenido debatir y dictaminar de manera remota, decisión que adoptamos antes de que se pusiera en marcha el protocolo de funcionamiento virtual en el Congreso”, afirmó.

La oposición ratificó su postura.

“Es un atropello”, enfatizó Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio. “Si hemos mantenido reuniones antes de que se pusiera en marcha el sistema remoto de funcionamiento del Congreso fue porque así lo habíamos acordado el oficialismo y la oposición. En este caso no ocurre lo mismo”, insistió.

El decreto 690 declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que ordena suspender “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre, una decisión que fue justificada por la emergencia causada por la pandemia.

Con este decreto, el Gobierno propone restablecer plenamente la vigencia de la ley 27.078 aprobada en 2014 (durante la gestión de Cristina Kirchner), por la cual se declaró “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. Un año después, el gobierno de Mauricio Macri dictó el decreto de necesidad y urgencia 267/15 por el cual se neutralizó la ley 27.068.

“Con aquel decreto 267/15, bajo el argumento clásico de la supuesta falta de inversiones y de la violación de la seguridad jurídica, se eliminó la posibilidad del Estado de regular en esta materia. Es decreto lo que hizo fue profundizar el control de los monopolios sobre la telefonía móvil, el servicio de internet y de cable”, enfatizó el diputado kirchnerista Pablo González.

En su aviso, las compañías afirman: “Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso de todos los argentinos. El servicio público en cambio es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a internet, TV paga y la telefonía celular no garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia”, esgrimieron.

El expresidente Mauricio Macri dijo que el DNU “va a retrasar inversiones”