Por Gustavo Ybarra - El kirchnerismo impuso su mayoría en el Senado y aprobó pasada la medianoche la reforma judicial, pese a las críticas que el proyecto cosechó entre especialistas durante las audiencias previas. La votación terminó 40 a 26.

A última hora y sorpresivamente, el senador oficialista Oscar Parrilli retiró del proyecto la polémica cláusula que instruía a los jueces a denunciar presiones de “poderes mediáticos”.

El gobierno de Alberto Fernández pretende con esta reforma restarles poder a los jueces con asiento en Comodoro Py, responsables de llevar adelante las principales causas de corrupción.

El debate se convirtió en un duelo entre el oficialismo y sus aliados, que cerraron filas en defensa de la iniciativa, y la oposición, que definió el proyecto como parte de un plan más amplio destinado a garantizarles impunidad a dirigentes kirchneristas, y cuestionó el costo presupuestario por la multiplicación de cargos judiciales.

El oficialismo se expone ahora a un escenario incierto en Diputados, donde le faltan votos para convertir en ley la reforma.

El Frente de Todos se encaminaba anoche a imponer su amplia mayoría en el Senado para aprobar el proyecto que reforma la Justicia Federal, iniciativa con la que el gobierno de Alberto Fernández pretende restarles poder a los jueces con asiento en Comodoro Py, responsables de llevar adelante las principales causas de corrupción que afectan al kirchnerismo.

La mayor sorpresa ocurrió cerca de la medianoche, cuando el senador oficialista Oscar Parrilli retiró la polémica enmienda que instruía a los jueces a denunciar presiones “de los poderes mediáticos”. “Como armaron una gran batahola con este tema, diciendo que violamos la libertad de prensa, para sacar los fantasmas voy a proponer una nueva redacción en la que sacamos la palabra mediáticos que tanto susto les daba”, dijo el senador, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El debate se convirtió en un duelo entre el oficialismo y sus aliados, que cerraron filas en defensa de la iniciativa, y la oposición, liderada por Juntos por el Cambio, que ubicó al proyecto como parte de un plan más amplio destinado a garantizarles impunidad a dirigentes kirchneristas y cuestionó el costo presupuestario por la reproducción de cargos judiciales en el interior del país.

El corazón del proyecto es la multiplicación de juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires a partir de la fusión de los 12 tribunales del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico.

Esta cifra se verá duplicada con la creación de 23 nuevos tribunales, elevando así a 46 juzgados el fuero federal porteño.

Las causas que se inicien una vez sancionada esta reforma recaerán en los flamantes tribunales, que serán ocupados por jueces subrogantes por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, hasta que se realicen los concursos para elegir a sus titulares.

En línea con el discurso de Cristina Kirchner, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-santa Fe), defendió la iniciativa y consideró que durante el gobierno de Mauricio Macri existió una “mesa judicial” que se encargó de llevar adelante un “lawfare” (guerra judicial) contra dirigentes de la oposición. Anticipándose a las críticas opositoras sobre la supuesta búsqueda de impunidad del kirchnerismo, Sacnun se preocupó por destacar que “ninguna causa va a ser sacada de los jueces naturales”, tras lo cual pasó al ataque contra los senadores de Juntos por el Cambio.

“Que aquellos que han decidido el traslado de jueces sin acuerdo del Senado levanten la voz cuestionando las subrogancias es increíble”, sentenció la senadora oficialista.

Sin embargo, la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), aseguró que el proyecto “es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar sobre la Justicia Federal” con el objetivo de buscar “un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”. Rodríguez Machado también cuestionó lo que denominó “el festival de cargos” judiciales en el interior del país. Aseguró que de los 279 puestos nuevos previstos en el proyecto original se pasó a los más de 900 que quedaron plasmados en el dictamen por la creación de juzgados, cámaras y tribunales orales federales en el interior del país.

“Duplicamos los costos de tres mil millones a seis mil millones”, se quejó Esteban Bullrich (Pro-buenos Aires), quien acusó al oficialismo de llevar a cabo un “canje de votos por cargos en las provincias”. Y agregó: ”Es una irracional canallada en la realidad argentina que vivimos”.

Tras el pronunciamiento de Cristina Kirchner del último martes, fue notable cómo los senadores oficialistas adaptaron su discurso y evitaron hablar de reforma judicial y acusaron a Juntos por el Cambio de haber perseguido opositores cuando fueron gobierno.

“Esto no es una reforma judicial, sino que busca impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal para evitar el cajoneo de expedientes, que impida la construcción de falsas causas, la discrecionalidad judicial, la arbitrariedad con que se manejó en las detenciones durante el gobierno Macri”, afirmó la kirchnerista Ana Almirón (Corrientes).

Le respondió la neuquina Lucila Crexell, quien calificó el proyecto como “la no reforma judicial”.

La mayoría que tiene el oficialismo en el Senado le aseguró un paso tranquilo al proyecto del Gobierno. La prueba de fuego será cuando pase a la Cámara de Diputados. Allí, el Gobierno tendrá que poner toda su atención para conseguir los votos que, por el momento, no tiene.