Por Carlos Burgueño  - El Gobierno intentará llegar al 100% del canje de deuda. Para esto, iniciará un proceso de contacto con el 1% que aún quedó fuera del llamado a reestructurar, y buscar la manera de poder incorporarlo; en las mismas condiciones que el 99% restante. No se podría actuar de otra manera. Para los fondos de inversión y particulares que ingresaron en el proceso, rige ya la cláusula Right Upon Future Offers (RUFO), por la cual, y durante cinco años contando desde el 4 de septiembre, cualquier mejora en las condiciones de pago para los “holdouts”, deben ser aplicadas para todos los que ingresaron. Con lo cual, la oferta al 1% que quedó fuera, no debe superar el 54,8% de Valor Presente Neto (VPN), que recibieron los bonistas que sí ingresaron al llamado. En total se trata de unos u$s653 millones; distribuidos casi en partes iguales entre bonos Par en euros y dólares, provenientes del canje del 2010 organizado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Amado Boudou como ministro de Economía. Y, por la manera en que se organizó ese llamado, se concentró en los bonistas europeos (muchos de ellos jubilados y pensionados o sus herederos), los que, enojados con el país en el 2005, eligieron rechazar el primer llamado del kirchnerismo a reestructurar la deuda en default del 2001 y esperar nuevas oportunidades legales. Finalmente eligieron entrar en el segundo llamado.

El Bank of America y el HSBC trajeron ayer tranquilidad al Gobierno; al confirmar que esos tenedores que no ingresaron hasta el viernes pasado, son inversores que no reestructuraron sus bonos por cuestiones instrumentales, y no por la negativa a aceptar los términos del proceso de canje. Esos inversores no habrían tenido tiempo de aceptar la oferta en tiempo y forma, a causa de la velocidad del cierre. Se trata, según la información de los dos bancos colocadores, de personas con nombre y apellido que venían sosteniendo estos títulos Par desde el canje del 2010, y dentro de un mix de deuda de países emergentes. Y, evidentemente, sin ningún interés particular sobre los complicados devenires de la economía local en el tiempo. También habría en el listado algunos fondos de inversión europeos pequeños y medianos, con problemas de llegada financiera a la Security and Exchange Commission (SEC) que debía aceptar las ofertas. Según las dos entidades que actuaron como colocadores de la deuda, hubo desde ayer llamados de varias de sus sucursales europeas para solicitar el ingreso al llamado pese al cierre. Ante el problema, desde el ministerio de Economía se intentará solucionar la dificultad; y hacer ingresar a los hoy “holdouts” en el canje. En el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&h), creen además que no habrá problemas en aceptarlo. La visión de los abogados es que se podría reclamar a la SEC que existieron problemas técnicos y temporales para que este dinero pueda ser reestructurado, con lo que se requeriría un permiso especial. Luego, si la SEC pone reparos, la propuesta de CGS&H es la de presentar un escrito ante la SEC donde se aclare que el canje permanecerá abierto en el tiempo para todos los holdouts que quieran ingresar. Esta decisión es privativa del ministerio de Economía de Martín Guzmán.

La opción que queda rechazada es la de continuar liquidando en tiempo y forma el bono Par para los tenedores de los u$s653 millones; sugerencia que ayer le llegó al gobierno desde el mercado. Se afirmaba que el costo de reconocer sólo esta deuda como la vigente sería pequeño (menos de 50 millones contra el nuevo Global 2041 con el que se reestructuró el Par con el que no se llegó a la mayoría del 66%); con lo que lo mejor sería cerrar el canje con el 99%, y liquidarle a este 1% el título según las cláusulas del 2010. CGS&H desaconseja esta alternativa, ante la vigencia de la RUFO, y la posibilidad que el resto de los acreedores con deuda emitida en 2010 reclamen las mismas condiciones. Aunque los nuevos contratos permitirían la operación, hay un gris legal en la materia; ya que las reasignaciones no tienen jurisprudencia legal en los tribunales de Nueva York. Si un bonista reclamara ante el tribunal de Loretta Preska, la jueza del segundo distrito sur de Nueva York no tendría jurisprudencia sobre la que basar un fallo; con lo que debería tomar una decisión inédita. Por esto, la recomendación de los abogados que representan al país, es la de ubicar a los tenedores del Par, y convencerlos de ingresar. Según Cleary, la SEC lo permitiría.

Por ahora hay tiempos legales e institucionales para resolver el problema. Sólo habrá que extender los plazos de contratos del Bank of América y el HSBC y dejarlos actuar unas jornadas más para contactar a los inversores europeos del Par y hacerles una propuesta de ingreso avalada por la autoridad de Wall Street. Para que la historia tenga un final feliz (y definitivo) sólo hay un peligro, que por ahora no se vislumbra: la aparición de algún fondo buitre que agrupe a los bonistas del 1%, o directamente les compre sus papeles, para iniciar una disputa legal por lo que consiga de los u$s653 millones. Si bien por ahora no hay células buitre activas en este canje, hay dos candidatos en la mira: Aurelius y Burford Capital. El primero mantiene un litigio con el país por las liquidaciones del Cupón PBI. El segundo es el principal contendiente en la causa por la manera en que Argentina reestatizó YPF. El dato sobre el potencial vuelo de Burford, Aurelius o similar lo tendrán los dos bancos colocadores; ya que las eventuales ventas quedarían registradas en los bancos internacionales con sede en Europa donde los acreedores tienen sus cuentas.