El 30 de este mes vencerá el congelamiento de alquileres que estableció el decreto 320/2020 por seis meses y, si todo continúa igual, aquellos inquilinos que se acogieron a esa posibilidad deberían empezar a pagar en octubre las cuotas de los aumentos que adeudan o de los meses que no abonaron. También se levantaría la suspensión de los desalojos.

Y, si bien desde el Gobierno informan que no está definida una prórroga, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) manifestó su “absoluto rechazo” a esa posibilidad, al igual que la Cámara de Propietarios de la República Argentina (Capra), y alertaron que una medida así podría terminar “perjudicando a los inquilinos, ya que la oferta inmobiliaria en alquiler se reduciría a la mínima expresión”.

Del otro lado, la Asociación en Defensa de Inquilinos dijo que deberían continuar la suspensión de desalojos y el congelamiento hasta que la situación se normalice.

El presidente Alberto Fernández dio un indicio anteanoche: “Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres”, dijo en declaraciones en el canal TN, y expresó que “lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos”.

En tanto, el Cofeci advirtió por los efectos de una eventual extensión del congelamiento, sumado a la sanción de la ley de alquileres. “Si no fuera por los miles de argentinos que apostaron a su país comprando o construyendo inmuebles para luego volcarlos al mercado de alquileres, hoy los argentinos que están imposibilitados de acceder a su vivienda propia por las desacertadas políticas habitacionales y económicas de los gobiernos no tendrían inmuebles que alquilar”, alertaron. Y añadieron: “A la ya gravísima situación del mercado locativo por la bajísima rentabilidad que hoy tiene un inmueble, agregarle una extensión del DNU implicaría un colapso total de la oferta de alquileres”.

En igual sentido se expresó Enrique Abatti, presidente de la Capra. “Es como tirar nafta al fuego, porque el que se haría cargo de eso es el locador con la magra renta que recibe y los impuestos que tiene que pagar. El Estado debería hacerse cargo. Por lo menos con incentivos fiscales”.