Por Sergio Serrichio - El gasto público, el peso que los tres niveles del Estado -Nación, Provincias y Municipios- representan sobre el PBI de la Argentina, aumentó de un 27,7% del PBI en el período 1998-2008 al 40% en el decenio transcurrido entre 2009 y 2019.

“Ha sido una suba muy fuerte”, dice Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ese aumento está detrás de los recurrentes problemas de financiamiento y déficit, que a su vez llevan al círculo vicioso de deuda, defaults y renegociaciones, explica Argañaraz, que en un reciente informe precisa a qué se destinó en los últimos diez años esa mayor masa de gasto público.

Casi un tercio, un 31% en promedio en el período 2009-2019, se destinó al gasto en personal, es decir al pago de salarios y remuneraciones de las personas empleadas en los tres niveles y todos los estamentos del Estado: empleados, funcionarios, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, ediles, militares y todas las personas empleadas directamente en todos los niveles y áreas del Estado.

Un cuarto, exactamente el 25%, se destinó al sistema previsional; esto es, al pago de jubilaciones y pensiones, a pesar de que la población argentina es todavía relativamente joven respecto de sociedades como, por ejemplo, las europeas, y disfruta de un “bonus demográfico” que es neutralizado por el alto grado de informalidad de la economía.

Otro 16 % se destinó a distintos tipos de transferencias y subsidios, sea a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (durante la pandemia de coronavirus, cuya incidencia no entra en el cálculo del período 2009-2019, se agregaron los dos principales programas de sostén del gobierno: el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y los fondos de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP, en sueldos al personal de empresas afectadas por la pandemia y préstamos a empresas). Otra parte son las transferencias del Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos, para mantener relativamente bajas y subsidiadas las tarifas de los servicios de electricidad, transporte, gas y agua, y a empresas deficitarias del Estado, como Aerolíneas Argentinas.

A su vez, 8 % del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público: combustibles, bienes de uso y de consumo y contratos de diferentes tipos de servicios.

Un 7% en promedio, a lo largo del decenio concluido en 2019, se destinó al pago de intereses de la deuda pública, y un 4% a otros gastos.

Quedó así un puchito, un magro 9% destinado a inversiones. Esto es, menos de uno de cada diez pesos de gasto estatal se destinó a la construcción o reparación de escuelas, hospitales, rutas, puentes, formaciones ferroviarias, gasoductos, redes de electricidad, de gas, de cloacas y agua potable, vías ferroviarias, equipos para las fuerzas de seguridad y policiales, equipamiento científico, etcétera.

Esas proporciones, sin embargo, no expresan el real impacto de un gasto público alto y, además, desequilibrado.

Medido en relación al PBI -esto es al valor del conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el país a lo largo de un año- el gasto en personal fue del 12%, y el gasto en jubilaciones y pensiones dio un promedio del 10% del PBI, siempre para el período 2009-2019.

Las transferencias al sector privado, en tanto, representaron en promedio el 6%, las compras de bienes y servicios el 3,2% del PBI y el pago de los intereses de la deuda de los tres niveles del Estado fue del 2,6%.

En definitiva, los fondos destinados a inversión pública terminaron representando algo menos del 4% del PBI anual, dice el estudio.

Según Argañaraz, el Estado debería destinar al menos el 20% de su gasto a inversiones, lo que redundaría (de mantenerse la participación del gasto público en 40% del PBI) en una inversión pública equivalente en cerca del 8% del PBI. Diversos economistas estiman que para crecer de modo sostenido, la inversión total (pública y privada) sobre el PBI debería ser igual o mayor al 20% del PBI.

En el presupuesto recientemente presentado al Congreso el ministerio de Economía proyectó un aumento de la Inversión pública en “Infraestructura” del 1,1% al 2,2% del PBI, en tanto el gasto en “Innovación y Desarrollo” pasaría del 0,2 al 0,5%, en “Salud Pública” del 0,3 al 0,5% y en “Educación y Conectividad” de 1,1 a 1,3% del PBI. Sumando algunas fracciones de los últimos ítems, el gasto en Infraestructura, lo más asimilable a inversión u obra pública arañaría el 2,5% del PBI aunque -aclara Argañaraz- esos datos se limitan a la Administración Pública Nacional.

“Cuando la presencia del Estado es elevada, debiera quedar claro que para sostenerla es necesario un financiamiento también elevado, que se originará de los propios ciudadanos a través de las distintas alternativas de fondeo público: impuestos, emisión monetaria (impuesto inflacionario) o endeudamiento público (mayor carga tributaria futura)", dice el informe.

En 2020, por el coronavirus, el gobierno terminará destinando cerca del 3,8% del PBI a programas asociados a la pandemia, que financiará principalmente con emisión monetaria “lo que nos deja en una situación débil para salir”, dice Argañaraz. E insiste en la pregunta: “¿los argentinos somos conscientes de en qué gastamos el 40% del PBI?”. Sería deseable que fuera en más inversión. Eso, concluye, dependerá fundamentalmente de cómo cambie el resto del gasto.