Por Estefanía Pozzo - Desde que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció en septiembre las restricciones a las operaciones del Contado con Liquidación, la brecha entre el dólar oficial y el “cable” tuvo un salto de 43 puntos porcentuales. En solo un mes la cotización implícita de operaciones bursátiles para hacerse de dólares en el exterior pasó de $128,29 (con una brecha en torno del 70%) a $165,31 el viernes pasado, que ubicó la distancia con el dólar mayorista en el histórico 113%. Esa diferencia, sabe el Gobierno, tiene un impacto directo en las expectativas de devaluación a futuro, un aspecto que le pone mucha presión a la ya estresada economía argentina. Esto fue lo que motivó la marcha atrás con las estrictas restricciones al CCL y cambió la lógica de la regulación de ese mercado: a partir de ahora, la administración nacional buscará darle “profundidad” vía un aumento del volumen negociado, sobre todo a través de la incorporación de oferentes que habían quedado marginados.

operar en el Contado con Liquidación; reducirán el plazo de permanencia -o “parking”- en inversiones de valores negociables a tres días y realizarán una subasta de dólares por el equivalente a u$s750 millones, para darle salida a aquellos inversores que busquen dolarizar sus tenencias en pesos. Sobre la subasta, desde el Palacio de Hacienda comunicaron que se realizará el 9 y 10 de noviembre y permitirá que quienes posean títulos en pesos “pujen” para recibir títulos en dólares con las mismas características que los reestructurados. El secretario de Finanzas, Diego Bastourre, dijo a comienzos de agosto a diputados oficialistas que los títulos en dólares que entregarán a cambio tendrán vencimiento en 2030 y 2035. A pesar de los adelantos hechos por los funcionarios, lo cierto es que los detalles finales de cómo será la subasta se conocerán recién el 2 de noviembre.

La tesis del Gobierno es que las estrictas regulaciones al mercado financiero generaron un problema “de coordinación”. Fuentes oficiales le explicaron a Ámbito que las restricciones implementadas en septiembre, al reducir el tamaño del mercado y mostrar una dirección de más regulaciones, generaron más ansiedad para “salir” de las inversiones en pesos, lo que provocó la suba del “contado con liqui”, disparada que desencadenó a su vez más aumentos. “No funcionó”, admitieron desde un despacho oficial a este diario. Las expectativas, aseguran, no actuaron de forma positiva en el precio sino de manera directa en los volúmenes operados y, cuando un mercado se vuelve más chico, aumenta la volatilidad, explican. Con este nuevo esquema regulatorio, el Gobierno espera despejar de las expectativas el temor a nuevas restricciones y que, en ese proceso, se empiece a reducir la brecha cambiaria. En lo concreto, puede suceder que el valor del CCL se acerque a la cotización del MEP. Aseguran quienes conocen en detalle el diseño de las nuevas regulaciones que estas medidas no resuelven la expectativa de devaluación “per se”, sino que es un proceso que se recorre para que la brecha empiece a descomprimir, porque si bien los funcionarios aseguran que la mayor parte de las transacciones comerciales se rigen por el tipo de cambio oficial, saben que las empresas toman el valor del CCL para muchas operaciones. El horizonte es, como dijo el ministro Martín Guzmán en una entrevista con Ámbito, que “converjan” los tipos de cambio y que se puedan implementar otras regulaciones de la cuenta capital. Esto último, admiten desde la administración nacional, no será posible este año ni en 2021.

Más allá del diagnóstico oficial, en las últimas semanas el mercado siguió de cerca también las señales fiscales y monetarias. Distintos analistas le dijeron a Ámbito que el Gobierno debía dar precisiones sobre la política fiscal para el último trimestre del año. En este sentido, desde el Gobierno adelantaron que este año puede haber todavía gastos asociados a la pandemia pero están buscando abrir algunas opciones de financiamiento que relaje la asistencia del Banco Central al Tesoro en 2021. Según supo este diario, buscarán financiar parte de la inversión en obra pública del próximo año a través de algunas instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el BID u otros. De esta forma, se cambiaría el esquema de financiamiento del déficit planteado en el Presupuesto 2021 (40% deuda y 60% BCRA) por 55% deuda y 40 o 45% a través de la asistencia del Central.

La señal de prudencia fiscal también vendrá de la mano de un nuevo programa con el FMI, aseguran. Esto se debe a que el acuerdo con el organismo internacional de crédito deberá pasar por el Congreso nacional. El camino de la sostenibilidad fiscal, aseguran, pasará a ser una política de Estado.