Por David Cayón - El ministro de Economía Martín Guzmán lo había adelantado cuando presentó el Presupuesto 2021 en el Congreso de la Nación y ahora lo están recibiendo de primera mano las empresas. A partir del año que viene, si la pandemia así lo permite, vuelven los aumentos de las tarifas de los servicios de gas y de luz que llevan casi dos años congelados.

El decreto que tiene congeladas las tarifas tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre pero, según dijo el secretario de Energía, Daniel Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

En este proceso es que se empezó a negociar con las empresas prestadoras de servicios bajo los parámetros que estableció Guzmán en la presentación del Presupuesto 2021: se ajustarán acompañando la inflación.

“El eje central es ese, mirando el 29% que está en el presupuesto y que estableció Guzmán”, explicó una fuente oficial a Infobae. “Las empresas están en conversaciones con Martínez para establecer ese nuevo cuadro tarifario”, agregaron.

Lo cierto es que el 29% que se aplicará tanto para la luz como para el gas es en realidad el promedio de los aumentos. Casi sin modificaciones en los montos asignados para los subsidios, el esquema en el que se está trabajando es que los sectores de mayor poder adquisitivo y mayor consumo tengan que hacer frente a un aumento mayor que el de la inflación con el fin de compensar a los sectores medios y medios bajos que dejarán de percibir los subsidios. “Hay que compensar”, señalaron desde una energética.

Con este esquema, los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016.

Todo esto, aseguran, está atado al estado de situación del país respecto de la pandemia en diciembre próximo. “Si en la Casa Rosada entienden que la situación no está controlada, no van a dudar en extender el congelamiento”.

Respecto a los subsidios, hoy el Gobierno cuenta con una herramienta única para lograr segmentar a los consumidores que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no sólo visibilizó a un grupo de personas que se movía en la economía informal, sino que los bancarizó. De los 9 millones que recibieron el IFE, 4,5 millones abrieron su primera cuenta bancaria.

 “Se está trabajando con la base de datos de Anses porque permite segmentar mucho mejor. Hoy se puede llegar a la persona, individualizar, ver sus consumos y saber si realmente necesita la ayuda. Ahí es donde se van a apuntar los subsidios”, explicaron.

La modificación del proceso tarifario se había conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco adepto a este tipo de subsidios en la reciente misión técnica del organismo que visitó Buenos Aires. Así fue que técnicos del FMI partieron de la Argentina no sólo con la promesa política respecto del incremento de los precios relativos, sino también con los números que demuestran que el Gobierno nacional no solo no tiene la intención de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos sino que no puede hacerlo y las aumentará.

El gasto proyectado para el año próximo en materia de subsidios a la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y representa el mismo nivel que el previsto para 2020. Así se desprende de un trabajo que realizó y publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y que ya se encuentra en los despachos de cada uno de los legisladores. Según el informe, el 77,4% de los fondos serán destinados a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6% se asignará al transporte.