Sábado 31 - Por Sofía Terrile - El despliegue para cuidar las reservas del Banco Central llegó más rápido de lo que se esperaba a las importaciones. En los últimos 15 días, a los viejos conocidos manejos sutiles en períodos de escasez de dólares, se sumó una comunicación del BCRA que limita el acceso a divisas a quienes tengan autorización expresa por parte del Ministerio de Producción. Así comenzó a cerrarse el grifo de las divisas que salen del país vía comercio exterior.

En las últimas semanas, los importadores comenzaron a detectar retrasos. La Cámara de Importadores (CIRA) elevó más de 600 reclamos por licencias no automáticas (LNA) no otorgadas desde el 1º de agosto a la fecha y asegura que los bienes más afectados son los neumáticos y los artículos de bazar. Los estudios de abogados preparan medidas cautelares para que los importadores puedan recibir mercadería en las que impugnan el “obrar arbitrario” del Ministerio de Producción, que otorga las licencias.

Las LNA son un mecanismo de organización del comercio exterior que se suele utilizar en distintos formatos en otros países del mundo. Son autorizaciones que requieren ciertos productos porque hace falta revisarlos antes de que ingresen al país, por ejemplo, por temas fitosanitarios, o por razones de protección a industrias sensibles. En la Argentina, el problema no son las licencias en sí, sino cómo se utilizan. Antes de realizar su encargo, cada importador que lidia con productos que tienen LNA debe conseguir un estado de “salida” (o aprobación) a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Hay otras dos alternativas posibles a la hora de pedir este permiso: que se lo rechacen o que lo pongan en observación.

A esta última vía se está acudiendo hoy, dice Marcelo Elizondo, director de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y especialista en negocios internacionales. El problema se intensifica cuando la razón de la observación es “otros motivos”, lo que hace que no haya una forma simple o rápida de destrabar el trámite, simplemente porque no se conocen las causas del freno.

No es personal: no es un tema de proteccionismo o de defensa de la industria nacional, sino una restricción cambiaria, describe Elizondo. “El SIMI se puede desviar para restringir las importaciones por factores cambiarios: no está blanqueado que sea para reducir la demanda de dólares, pero en la práctica, esa es la razón”, añade.

La respuesta oficial a la fricción generada con los importadores llega de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo del SIMI en conjunto con la AFIP. Voceros de la cartera señalan que desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 26 de este mes se aprobaron más de 592.000 SIMI y que el 30% de ellas corresponde a licencias no automáticas. Sin embargo, los especialistas aclaran que este dato global no permite visualizar el fenómeno.

“Alrededor del 92% de las solicitudes de importación se autorizan en menos de 48/72 horas hábiles desde su presentación. Únicamente un saldo del 6% aproximadamente de las SIMI queda pendiente al contar con errores de carga, inconsistencias y faltantes de información solicitada o por no superar los controles específicos que existen para garantizar esa previsibilidad y seguridad en el mercado”, añaden en el ministerio. Alegan que en este momento “no se están realizando exigencias o imponiendo criterios adicionales a los importadores”.

Sin respuesta

Sin embargo, los estudios de abogados preparan medidas cautelares porque afirman que en las últimas semanas los retrasos se intensificaron y las respuestas dejaron de aparecer. Así lo explica Luciano Cativa, socio de FB Tax Legal: “Esto ya lo vivimos: en el pasado se llamaron DJAI [declaraciones juradas anticipadas de importación, una herramienta que se utilizó para administrar el comercio y terminó en disputas en la organización Mundial de Comercio] y hoy se llaman LNA: es cambiarle el nombre a la restricción y el número a la comunicación”.

Ese “número” al que se refiere Cativa son las comunicaciones A7030 y A7138 que el Banco Central emitió en mayo y octubre, respectivamente. Ambas apuntan a tener más control sobre el uso de divisas para importar: piden más autorizaciones, licencias y limitan los pagos anticipados. Cabe aclarar que, en momentos de tipo de cambio oficial “pisado” y de una gran brecha con los dólares paralelos, importar y sobrefacturar importaciones se vuelve atractivo. El problema, dice el abogado, es que se trabaron operaciones sin motivo. Entre las cautelares que prepara hay por pedidos frenados de maquillaje, juguetes e insumos para pintura.

En el mismo sentido, los abogados Francisco Molina Portela y Gastón Miani, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, detectaron mayores restricciones desde junio, especialmente en textiles y ferretería. Aseguran que las LNA están actuando a modo de “grifo” de dólares que se abre y se cierra. “Los importadores comenzaron a presentar cautelares contra la comunicación A7030 en las que se le ordena a Aduana que libere la mercadería sin tener en cuenta al SIMI, y al Banco Central que autorice el giro de divisas. La mayoría está saliendo de manera favorable”, señalan.

“Es un tema que se va a judicializar más porque ya llegó a su punto límite: está afectando la actividad económica incluso con productos que ni siquiera representan una amenaza para la industria nacional”, suma Cativa.

Las trabas para importar no son una novedad en la Argentina. El país estuvo siempre en el top 10 de las naciones del mundo con un menor ratio importaciones/pbi, explica Elizondo. “En el mundo, las importaciones equivalen al 30% del producto, mientras que acá equivalen al 14%: importamos poco, tenemos aranceles muy altos y también trabas paraarancelarias”, apunta.

“Por la pandemia, el comercio internacional está cayendo un 10% en los primeros siete meses del año en relación con el año pasado. En la Argentina, cayó un 24% en ese mismo período”, agrega.

Hay al menos cuatro niveles de “requisitos” que una empresa tiene que cumplir hoy para poder pagar una importación con dólar oficial, señala Jimena Vega olmos. En primer lugar, no debe tener fondos disponibles afuera, es decir, en cuentas en el exterior (por la A7030). Tampoco debe haber realizado operaciones de compra de dólar MEP o contado con liquidación en los 90 días anteriores.

Por el punto 2 de la A7030 (modificada por varias normas), salvo algunas excepciones, la empresa importadora solo va a tener acceso por un monto igual a la diferencia positiva entre el valor de los bienes ingresados en 2020 y el valor de los pagos de importaciones y deudas por importaciones efectuados en 2020. Si el monto de pagos es mayor al de bienes ingresados, necesita autorización del Central. “Los requisitos y las restricciones de este punto se prorrogaron hasta fines de año”, añade la abogada.

Si el importador logró pasar las barreras anteriores, para poder pagar con dólar oficial deberá cumplir los requisitos “generales” aplicables al pago de importaciones.